De forma inesperada, se están discutiendo asuntos clave para la protección de los bosques nativos en la Cámara de Diputados. No es una cuestión que alimenta los titulares de prensa, pero es de enorme importancia. Los montes nativos, esos que albergan a talas, coronillas, espinillos y otras especies, son, junto a los bañados, los ecológicamente más ricos y diversos, y también los que enfrentan mayores amenazas y riesgos.
Los representantes están considerando un proyecto de ley que ataca un problema que se arrastra desde hace más de 20 años: la gestión ecológica de los bosques nativos no se encuentra dentro del ministerio encargado de temas ambientales, sino que permanece en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
Esa situación es heredera de una deforme arquitectura institucional ambiental que en su esencia es dual: muchas competencias ambientales están divididas entre el MGAP y un ministerio ambiental. Desde 1990, las responsabilidades ministeriales ambientales estaban en manos del «viejo» Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). Se asumía que las distintas unidades que antes se encargaban de asuntos ambientales en los ministerios serían transferidas al nuevo MVOTMA. Se logró, por ejemplo, traspasar algunas competencias sobre aguas ubicadas en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sin embargo, el MGAP siempre se resistió.
Esa cartera, además de gestionar la agropecuaria, forestación y pesca, contaba con responsabilidades claramente ambientales, como el manejo de la fauna nativa, bosques autóctonos y recursos pesqueros, regulaciones ambientales sobre suelos y aguas, impactos ambientales de agroquímicos y transgénicos, y hasta conformó su propia oficina sobre cambio climático. Todas ellas deberían ser traspasadas a un ministerio ambiental, pero a lo largo de los últimos años solo se logró hacerlo con las áreas enfocadas en la fauna autóctona.
Del mismo modo, las competencias sobre bosques nativos que están dentro de la Dirección General Forestal del MGAP deberían ser asignadas a lo que, tras la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, pasó a ser el Ministerio de Ambiente (MA). Existen múltiples argumentaciones para justificar esa medida, que en su esencia responden a separar las unidades ministeriales que se encargan de la gestión productiva, industrial o comercial de aquellas enfocadas en la protección ambiental.
En efecto, la conservación de los bosques nativos es una tarea muy distinta a la gestión de plantaciones de árboles para la producción. La distinción debe comenzar por tener en claro que una plantación no es lo mismo que un bosque. Las hileras de pinos o eucaliptos de un monocultivo forestal no son lo mismo que un bosque natural, donde coexisten distintas especies de árboles, y estos a su vez, crecen asociados a arbustos, helechos, pastizales, enredaderas y otras plantas, todo lo cual es hábitat de innumerables especies de fauna, desde coendúes a gallinetas, desde culebras arborícolas a escarabajos, y así sucesivamente.
La gestión del monocultivo forestal está enfocada, por ejemplo, en el ritmo de crecimiento de los árboles, cuándo cortarlos o en el volumen de troncos encaminados hacia las plantas de celulosa. El manejo del monte nativo, por el contrario, busca evitar la tala de los árboles, debe asegurar su sobrevivencia y la de los ecosistemas que lo integran. Dicho de otro modo, las políticas públicas que regulan un sector productivo agropecuario son muy distintas a la conservación del patrimonio natural del país.
Mantener dentro de una misma repartición esos dos tipos de gestión es un error. Es como si la dirección de salud del Ministerio de Salud Pública (MSP) estuviera ubicada en el Ministerio de Industria, y eso se justificara por la importancia de la industria farmacéutica en la producción nacional. Asegurar la salud pública es una competencia del MSP, y eso es independiente del desempeño empresarial de las farmacéuticas. Del mismo modo, la calidad del ambiente y la protección del patrimonio natural es la responsabilidad del MA, y esa tarea no depende de la rentabilidad de las plantaciones forestales. El MGAP debe regular, evaluar y monitorear los procesos productivos, como, por ejemplo, los del ganado y los monocultivos tales como los de soja o eucalipto.
El anterior ministro de Ambiente de la coalición multicolor de alguna manera había prometido que se transferirían las unidades y competencias ambientales que siguen dentro del MGAP al nuevo MA, pero eso fue otra promesa que no concretó. El proyecto de ley que ahora estudian los diputados busca resolver esa situación. Es una iniciativa destacable porque está apoyada por representantes tanto de la coalición como de la oposición. Podría ser la medida legislativa ambiental concreta más importante de la presente legislatura. Pero, una vez más, el MGAP se opone.
La explicación brindada por el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, y su equipo para resistirse, en realidad, actúa en sentido contrario. No brinda ninguna fundamentación sobre cuáles son las ventajas para las políticas públicas que la dirección forestal que gestiona la actividad de plantar y cortar árboles sea la misma que deba velar por la protección del monte nativo. Con toda sinceridad, el ministro dice que se opone porque no quiere perder personas o recursos. Ese MGAP carga, además, con el antecedente de que el actual director de su área forestal, en su desempeño anterior en el sector empresarial forestal, había actuado judicialmente contra un área protegida. Asimismo, cuando ese ministerio explicó a los diputados la situación de los bosques nativos, quedaron en evidencia ausencias e imprecisiones desde el punto de vista ecológico, lo que es otra señal de que ese no es el mejor lugar para su conservación. Parecería que se olvidó de que, además de los montes en galería de los arroyos y ríos, el país cuenta con bosques serranos, propios de cuchillas y escarpas, y otros que crecen en los arenales costeros del sur. Son bosques muy diferentes, los impactos que sufren son distintos y las medidas para conservarlos se deben ajustar a cada circunstancia.
De este modo, una medida postergada por décadas y tan simple como ordenar la gestión estatal necesita de una ley para asegurar que talas y coronillas dejen de estar atrapados en los laberintos estatales y puedan ser efectivamente protegidos.
