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Intendencia de Maldonado cede a privados terrenos de alto valor ambiental

Tanto remar

Al cabo de cinco años de actuaciones, la justicia civil habilitó a la Intendencia de Maldonado a conceder a privados ocho hectáreas de costa en el balneario El Chorro. El desenlace del proceso judicial abre la puerta al Ministerio de Economía y Finanzas para que, en representación del Estado, reclame los terrenos que considera de propiedad fiscal. En los padrones, valuados en 5 millones de dólares, se proyecta el residencial La Orilla-Punta del Este, que ya tramita los estudios ambientales previos a la construcción. Expertos en ordenamiento y gestión costera advierten sobre los riesgos ambientales y sociales de este tipo de iniciativas.

Vista de la Península de Punta del Este Adhoc, Nicolás Celaya

La disputa comenzó en 2012 por vía administrativa, cuando un grupo de particulares exigió a la Intendencia de Maldonado (IDM), entonces comandada por el frenteamplista Óscar de los Santos, que le expidiera las planillas de contribución inmobiliaria y le reconociera, de esa forma, la propiedad de dos padrones costeros ubicados al sur de la ruta 10, entre los balnearios El Chorro y Buenos Aires. El intendente rechazó el reclamo, en consonancia con la postura de su gobierno frente a otros casos similares en la playa maldonadense. En 2016, la familia Segredo, que pretendía vender los terrenos, y las firmas panameñas Kalin Assets SA y Arwen Inc., que pretendían comprarlos, decidieron poner punto final a los recursos administrativos y plantearon ante la Justicia una «acción de jactancia» que forzó a la IDM, ya encabezada por el nacionalista Enrique Antía, a presentar una demanda declarativa de propiedad contra los reclamantes.

En la demanda, por la cual se abrió el expediente 290-334-2016, la IDM fundamentó ampliamente que los predios reclamados son de naturaleza pública, aunque, sorpresivamente, poco después Antía cambió de estrategia.

El intendente alejó del caso al equipo de abogados de carrera que hasta el momento había trabajado con éxito en defensa de padrones costeros, y designó como representantes a la directora general de Asuntos Legales, Adriana Graziuso, y a la mano derecha de esta, Daniela Trota, con el propósito de llegar a una transacción extrajudicial, por vía administrativa, y desactivar el litigio antes de que la Justicia se expidiera sobre el fondo del asunto. Mientras duraron las negociaciones, bajo estricta reserva, las partes se presentaron sistemáticamente ante la sede civil de sexto turno para solicitar la interrupción del proceso.

En noviembre de 2018, con votos de los ediles oficialistas y colorados, la Junta Departamental autorizó el acuerdo, que implicó reconocer los padrones 10.108 y 10.109 (de casi cuatro hectáreas cada uno, valuados en 5 millones de dólares) a los principales accionistas de las sociedades panameñas, Pablo Reynal y Álvaro Cayol, también accionistas de Lenore SA, otra panameña propietaria de cientos de terrenos del balneario Buenos Aires, ubicados al norte de la ruta 10. Como contrapartida, la IDM recibía 150 de esos padrones de Lenore SA para «regularizar construcciones en esa zona y fortalecer sus planes de acceso a la vivienda». Los particulares también se comprometieron a reconocer el dominio público de la faja costera de 150 metros (como exige el Código Nacional de Aguas) y a abrir siete calles de acceso a la playa. Además, cedieron en favor de la IDM la propiedad de un baldío sin empadronar, ubicado entre Punta Piedras (Manantiales) y la calle 30 del balneario Buenos Aires. Sobre esta base, la IDM se comprometió a desistir de la demanda declarativa de propiedad y planteó a la Justicia la homologación del decreto de la transacción administrativa. Pero archivar el asunto no sería tan fácil, aunque a esa altura hacía meses que Cayol y Reynal impulsaban el proyecto residencial La Orilla-Punta del Este en el sitio de la empresa Central Desarrollos, que ellos mismos fundaron.

EL BATALLAR

La bancada de ediles del Frente Amplio (FA), que no votó la transacción, dejó constancia de sus motivos en un informe en minoría: «Hay una desproporcionalidad absoluta entre las concesiones hechas por los particulares y el reconocimiento de la propiedad privada de tierras fiscales sobre la playa por parte de la intendencia departamental. Con el pretexto de evitar daños que no existen, Antía entrega un súper millonario lote de tierras fiscales a un grupo de privados con fuerte lobby dentro del propio gobierno departamental», marcó el informe firmado por el edil Joaquín Garlo, del Movimiento de Participación Popular. La bancada sostuvo que, además de resignar tierras fiscales disputables por vía judicial, los terrenos ofrecidos por los particulares a la IDM tenían un valor «muy inferior» al de los padrones 10.108 y 10.109. Luego, algunos ediles comunicaron lo ocurrido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su calidad de representante del Estado en la defensa de bienes fiscales. La movida significó otro dolor de cabeza para Antía, que venía de fracasar en su plan de ceder a privados la propiedad de otros terrenos cercanos, en la zona de Edén Rock (véase «A toda costa», Brecha, 1-IX-17).

La asesoría jurídica de la cartera dio por sentado que se trata de tierras fiscales, e invocó su derecho a participar en las actuaciones. Además, pidió una medida cautelar de no innovar hasta que la Justicia declarase la propiedad pública y fiscal de los padrones 10.108 y 10.109, para lo cual el juicio debía continuar. Por otra parte, los abogados del MEF acusaron a los jerarcas de la IDM de un «eventual delito de fraude procesal», ya que antes de negociar la salida extrajudicial había presentado sólidos informes para respaldar el dominio público de los bienes (véase «Morir en la orilla», Brecha, 15-II-19).

Sin embargo, por desinteligencias administrativas la jueza Claudia Valetti no contempló el escrito ministerial cuando, en diciembre de 2018, aceptó el desistimiento de la IDM al proceso judicial (decreto 4244/2018).

Los abogados ministeriales apelaron la decisión y dos meses después la nueva jueza del caso, Alejandra Sánchez Altieri, anuló el decreto de su antecesora y ordenó continuar con las actuaciones (decreto 26/2019). Entonces las huestes jurídicas de Antía volvieron a cargar contra el MEF, e interpusieron nuevos recursos para convencer a la magistrada de que la cartera no debía intervenir.

Entretanto, cual topadora sin frenos, la IDM avanzó en favor de los intereses privados y, en marzo de 2020, autorizó el plano definitivo y la mensura del fraccionamiento La Orilla-Punta del Este, que en la web de Central Desarrollos ya mostraba croquis sobre el diseño de las futuras residencias «amigables con el ambiente». La resolución habilitó a los empresarios a iniciar la apertura de las siete calles de acceso a la playa a la que se comprometieron y a iniciar los trámites para solicitar la autorización ambiental previa del proyecto.

Sin embargo, un mes después de la aprobación del plan de mensura, la magistrada Sánchez Altieri emitió el decreto 855/2020, por el cual ratificó «en todos sus términos» la habilitación al MEF para participar en el litigio, mantuvo las medidas cautelares y ordenó formar un nuevo expediente (290-204-2020) con todas las actuaciones, para que un tribunal de alzada se expidiera en segunda instancia.

En diciembre, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil (TAC) de Quinto Turno ratificó la opinión de Sánchez Altieri. «La presencia de una nueva parte (el MEF) impide que las anteriores puedan disponer del proceso sin su voluntad», indica un tramo de la sentencia 209/2020 del TAC, a la que Brecha accedió al consultar el expediente 290-204/2020, que fue archivado el 27 de agosto pasado. «Diferente hubiera podido ser la situación, quizás, si se hubiera desistido de la pretensión (y no del proceso) por parte de la IDM, puesto que, en tal caso, alcanza con la voluntad unilateral del desistente», marcaron en otro tramo los ministros Analía García Obregón y Luis María Obregón.

Esa frase resultó clave para que, como se leerá, la IDM haya logrado la clausura del expediente del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares planteadas ante la Oficina del Registro de la Propiedad Inmueble, la semana pasada.

LA ENTREGA

Siguiendo el pique del Tribunal de Apelaciones, la IDM volvió a presentar un desistimiento, esta vez de su pretensión de obtener una declaratoria judicial sobre la naturaleza pública de los predios. «El presente proceso carece de objeto al haberse contemplado en la transacción todas las pretensiones de la actora (IDM), en especial el interés público, tal como surge de dicho acuerdo. Que la sede proceda sin más trámite a clausurar el proceso, levantando las cautelares oportunamente dispuestas y luego archivando las actuaciones», señala el escrito presentado por la doctora Graziuso.

El 1 de este mes una nueva jueza, Gabriela Tuberosa, aceptó el desistimiento de la pretensión y dispuso la clausura del proceso. El día 10 la magistrada ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble levantar la medida preventiva sobre los padrones en litigio, y esta semana la sede terminó de notificar a las partes sobre el inminente archivo del caso.

El abogado Mauricio Fioroni, patrocinante de los particulares, reconoció a Brecha que con esta acción, de acuerdo al Código General del Proceso, ningún gobierno departamental podrá reclamar a futuro la propiedad de los terrenos.

Sin embargo, el MEF podría intervenir si, una vez archivada la demanda de la IDM, entabla su propio juicio contra los particulares, reivindicando que se trata de terrenos de naturaleza fiscal y que, por lo tanto, pertenecen al gobierno nacional y no a la IDM. No obstante, Fioroni sostiene que los padrones en cuestión llegaron a salir del dominio público (tuvieron salida fiscal) cuando, de acuerdo a la Ley de Centros Poblados, el gobierno departamental autorizó su fraccionamiento. Aseguró que sus clientes «hicieron todo lo correcto» para sacar adelante su proyecto residencial y que tomarán «todas las previsiones ambientales» para cuando la propuesta llegue a consideración del Ministerio de Ambiente (MA). Por ahora, sostuvo, diseñan un plan de «recuperación costera», luego plantearán la propuesta edilicia al MA y harán los estudios para la autorización ambiental previa en función de los requisitos que disponga la cartera. En tanto, los padrones que Lenore cederá a la IDM como parte de la transacción están «listos para escriturar», adelantó.

En el MEF reina el hermetismo. La cartera podría oponerse a la clausura de las actuaciones, iniciar un juicio para reivindicar la propiedad estatal de los padrones o terminar su enfrentamiento con un gobierno departamental de su mismo signo político. Hagan sus apuestas.

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