El ataque a una estudiante en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) interpela a la institución como espacio de convivencia y formación ciudadana. Pero ¿qué ocurrió antes? ¿Qué conductas, relatos e incomodidades circularon? ¿Las instituciones las trataron como advertencias relevantes o como simples asuntos privados? Propongo aquí cinco claves para pensar la situación.
Siguiendo al investigador argentino Rafael Blanco, una primera clave de lectura supone admitir que la universidad no es un escenario neutral, sino un espacio cotidiano de socialización que regula de forma cotidiana relaciones, identidades y autonomía. Por ello, la violencia que allí irrumpe se inscribe en prácticas, silencios y códigos institucionales preexistentes; no inicia con la agresión física, sino que suele manifestarse previamente como vigilancia, insistencia o persecución, una secuencia de hostigamiento que requiere reconocimiento institucional.
Una segunda clave se vincula con la participación y la convivencia democrática. La prevención no puede organizarse solo desde la autoridad, la vigilancia o el control, pero tampoco consiste en que cada persona deba protegerse individualmente. Una comunidad universitaria segura necesita canales de participación en los que estudiantes, docentes y funcionarios puedan expresar preocupaciones, proponer y participar en la construcción de las reglas. Esto implica superar una falsa oposición entre libertad y autoridad, y requiere condiciones institucionales que lo hagan posible. Permite también identificar problemas que no siempre llegan a constituir una denuncia formal; funciona como alerta temprana, siempre que existan mecanismos claros para transformar la información en acciones de protección y no en nuevas conversaciones fragmentadas.
La tercera clave es la noción de pedagogías de la crueldad de Rita Segato, que permite analizar la violencia de género como una práctica que comunica y reproduce relaciones de apropiación, dominio y deshumanización. La insistencia frente al rechazo, la vigilancia y la persecución pueden ser comprendidas, entonces, como expresiones de una gramática a partir de la cual el «no» de una mujer deja de ser reconocido como una decisión autónoma. En este sentido, la violencia extrema puede constituir el punto culminante de una cadena de prácticas que fueron minimizadas, romantizadas o consideradas irrelevantes. De acuerdo con Segato, la violencia del agresor produce un efecto social: disciplina a la víctima y comunica a otras mujeres que sus cuerpos, movimientos y decisiones pueden ser vigilados o castigados cuando no responden a determinadas expectativas. La universidad debe construir otras pedagogías, enseñar que el rechazo no requiere justificación, que la disponibilidad afectiva no se presume y que ninguna persona tiene derecho a controlar la vida de otra.
La cuarta clave refiere a los protocolos, que son necesarios, pero que también tienen límites. Un protocolo no predice la conducta humana ni impide un ataque. Tampoco sustituye la formación, los recursos, la responsabilidad política ni la escucha cotidiana. Un protocolo adecuado puede cumplir funciones decisivas, establecer quién recibe una alerta, cómo se registra, qué medidas de protección se adoptan, cómo se evita la revictimización y qué responsabilidades corresponden. Puede impedir que una advertencia quede perdida entre oficinas, personas o niveles jerárquicos. Pero también un procedimiento que exija a la víctima demostrar previamente la gravedad de la situación puede convertirse en una nueva barrera. Del mismo modo, un sistema que archiva testimonios sin evaluar riesgos transforma la burocracia en una forma de inacción. Los protocolos deberían contemplar la orientación inicial, la evaluación de riesgo, las medidas de protección, el acompañamiento psicológico y jurídico, la coordinación entre servicios y el seguimiento. También deberían distinguir entre investigar responsabilidades y proteger a quien comunica una situación.
La quinta clave puede formularse desde la noción de pedagogía del cuidado, especialmente relevante frente al mundo digital. Porque las relaciones universitarias no se desarrollan solo en espacios físicos: continúan en redes sociales, grupos de mensajería, plataformas educativas, correos electrónicos y otros entornos digitales. La violencia digital puede incluir hostigamiento, intimidaciones, vigilancia, amenazas, difusión de información personal sin consentimiento, perfiles falsos, exposición pública o control de los vínculos virtuales. Estas prácticas no son separables de la violencia presencial; pueden anticiparla, prolongarla o intensificarla. La dimensión digital modifica la escala y la velocidad del daño. Una conducta de persecución puede continuar durante todo el día, alcanzar en simultáneo a múltiples personas y producir una exposición difícil de detener. La universidad debería ser capaz de formar a su comunidad para reconocer señales de violencia digital, preservar evidencias sin difundirlas, evitar la reproducción de contenidos dañinos y acompañar a quien pide ayuda. También debería establecer criterios sobre el uso de grupos académicos, redes institucionales y canales de comunicación, para evitar que estos espacios se conviertan en territorios sin responsabilidad.
Cuidar no significa vigilar a las estudiantes ni restringir su autonomía, sino limitar las conductas de quienes hostigan, persiguen o amenazan. Esta distinción es fundamental: la prevención no puede convertirse en una política de control sobre los cuerpos y los desplazamientos de las mujeres. La única arquitectura posible para la transformación es que la universidad ejerza la crítica de sus propias prácticas. Resulta central el trabajo conjunto entre el Rectorado y la Comisión Abierta de Equidad y Género, órgano asesor del Consejo Directivo Central creado en 2012 para incorporar la perspectiva de género en las políticas universitarias: ¿Cómo brindar respuestas rápidas en las facultades? ¿Cómo asegurar que la perspectiva de género atraviese la seguridad, la convivencia y el acompañamiento cotidiano?
La universidad no puede garantizar que nunca ocurrirá violencia. Pero puede decidir qué hace cuando una señal aparece, qué lugar concede a la palabra de quien advierte y qué mensaje transmite frente al hostigamiento. Allí se juega una parte decisiva de su responsabilidad.
El caso de Medicina enseña que la pregunta central no es solo cómo reaccionar ante la tragedia, sino qué señales podemos escuchar a tiempo, quién responde por ellas y cómo evitamos que la violencia sea la única forma de hacerse visible. Una universidad democrática y segura es aquella que transforma sus protocolos en herramientas vivas de cuidado y garantiza que nadie deba enfrentar el acoso en soledad.
