—¿En qué medida recogieron las demandas históricas de las organizaciones de derechos humanos en las líneas estratégicas que se fijaron para estos cuatro años?
—Es la primera vez que el Estado uruguayo elabora un plan de acción vertebrado, con objetivos y métodos, sobre temas centrales del pasado reciente. No es un plan hecho de la nada ni desde la distancia. Primero porque recogemos la enorme tarea que han realizado los familiares, las organizaciones sociales y varios sectores políticos para que se esclareciera, investigara y aplicara todo el rigor de la ley a las aberrantes violaciones a los derechos humanos. También porque recogemos la experiencia de estos meses de trabajo luego de recibir testimonios y relacionarnos con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y las organizaciones. De febrero a mayo de 2015 colaboramos en la confección del decreto que le otorgó un marco jurídico claro e inequívoco a los cometidos del grupo. Y luego trabajamos en estos seis lineamientos estratégicos: archivo, testimonios, investigación, memoria, reparación y sistema de justicia. Tenemos que desmontar el pacto mafioso de silencio de quienes niegan los crímenes repugnantes o intentan quitarles gravedad. Tenemos que desmontar la impunidad.
—¿Lanzarán una campaña pública para recabar de forma masiva testimonios que permitan ubicar a los desaparecidos?
—Sí, los testimonios son fundamentales, y los que se han recabado fueron en forma esporádica y aluvional. Ahora tenemos experiencia y capacidades tecnológicas para hacer algo más sistemático. La búsqueda de testimonios en forma masiva será fundamentalmente en aquellos sectores que nunca hablaron.
—¿Pero cómo piensan lograr eso?
—Se va a ir al Interior y se desarrollarán una serie de convenios con la Udelar para que sea lo más masivo posible y para que estos testimonios cumplan un triple propósito: sean parte de la memoria, la investigación y las acciones de la justicia.
—La falta de colaboración del Estado para acceder a los archivos ha sido una crítica constante por parte de las organizaciones. ¿Cómo avanzarán por ahí?
—Un gran esfuerzo es la digitalización y el acceso global para entrecruzar datos que están dispersos. La dispersión va contra la investigación y la verdad. Pero pensamos que la digitalización nos permitirá identificar claramente dónde están los elementos más sensibles y superar todo lo que conspire contra el acceso a los datos. Desde marzo de 2015 hubo una posición clara de aportar a las víctimas y a los familiares toda la colaboración para que puedan acceder a los expedientes y los archivos. Nuestro rol no es entrar en la polémica, sino solucionar los problemas.
—¿Una medida para mejorar el acceso a los archivos sería reglamentar la ley que creó el Archivo Nacional de la Memoria en 2008?
—Se puede reglamentar, pero si después no hay voluntad política o no se hace el seguimiento… pero sí, tal vez haya que protocolizar algunos aspectos.
—Es llamativo cómo hay memoriales a las víctimas del fascismo europeo en lugares céntricos de Montevideo y que no los haya a las víctimas de la dictadura uruguaya. Y cómo las iniciativas han venido de la sociedad civil en coordinación con la Intendencia, pero no del gobierno nacional. ¿Qué tienen previsto hacer en esta materia?
—Todo lo que tiene que ver con la memoria se ha ido construyendo a impulsos y de forma aluvional. Es, además, una incorporación reciente en la plataforma de la sociedad civil. Estamos abiertos a trabajar para poner al Estado, a través de nuestro asesoramiento, a generar las mejores condiciones para que haya una memoria activa.
—¿Pero tienen previstas medidas concretas? Crysol propone un memorial en la plaza Independencia o en Tres Cruces.
—No tenemos todavía medidas concretas. Eso será parte de un trabajo colectivo. Nosotros no venimos a decir qué y cómo se debe recordar.
—Entre las observaciones que hizo el relator especial de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff, señaló que el modelo vigente en Uruguay desdibuja la reparación económica y la confunde con los derechos pensionales. ¿Están de acuerdo?
—Sí, claramente. No es que en el origen no se comprendiera esa confusión, sino que fue parte de un proceso de discusión pública que en su momento tuvo el oficialismo cuando aprobó la ley reparatoria para ex presos políticos, en 2006. Este grupo tiene el convencimiento de que a diez años ya hay experiencia como para superar ese marco y que haya claridad en separar lo reparatorio y la seguridad social.
—De Greiff también sostenía que la legislación es restrictiva al dejar afuera a grandes grupos de víctimas de detención y tortura.
—Sí, claramente comparto. Tampoco vamos a poder reparar a todas las víctimas. Tenemos que identificar cuáles son los colectivos más golpeados que han quedado rezagados.
—El Pit-Cnt planteó sin éxito que se otorgaran recursos específicos para políticas en derechos humanos en el presupuesto.
—Los recursos económicos y los objetivos del grupo son dos cosas distintas. Para lo que estamos planificando se nos ha asegurado que los recursos están. No es que antes no hubiera recursos, pero ahora una parte importante es que el convenio con la Udelar se está ampliando.
—La tarea de investigar las violaciones sigue recayendo en la sociedad civil y falta reforzar el asesoramiento legal y psicológico a las víctimas. ¿Cómo avanzarán en eso?
—El decreto nos impone generar las condiciones para una interpretación armónica de las normas jurídicas nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Es una línea estratégica. Los victimarios primero apuestan a negar los hechos, luego a minimizarlos, luego a generar estrategias para que no se investigue, y cuando se investiga, a que no se los responsabilice penalmente. No sólo el papel de las víctimas del terrorismo de Estado está minimizado, el papel de la víctima en general no es parte central en nuestro sistema penal. Ese es un elemento cultural no menor. La tarea del grupo es poner a la víctima en un lugar más importante.
—La denuncia colectiva sobre abusos sexuales que presentaron en 2011 ex presas políticas fue una irrupción de la memoria en términos de género. ¿Qué puede hacer el grupo para mover esta denuncia que sigue estancada?
—La investigación es una de las líneas estratégicas. Esta denuncia concreta, que por obvias razones demoró tanto en salir a la luz, demuestra que hay mucho por hacer… A nivel del Ministerio Público se creó una unidad de apoyo a los fiscales, y la unidad de apoyo a la justicia en el Ministerio del Interior también es un paso importante. Habrá que profundizar todo eso. No sólo conspira el tiempo sino la complejidad de contextualizar situaciones que un fiscal en forma individual no puede hacer bien.
—Que el Estado asuma su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos a través de una ceremonia oficial y pública de alto nivel y con representantes de los tres poderes es una propuesta del Pit-Cnt y de Crysol. ¿La comparten?
—El Estado debe reconocer su responsabilidad, pero también ha habido reconocimientos como las leyes reparatorias, el cumplimiento de la sentencia de Gelman y las presentaciones de Uruguay en las Naciones Unidas. Coincido plenamente. Ahora, hay que pensar de qué manera y cómo se traslada a las nuevas generaciones que esto no puede volver a pasar y que hay acciones que no tienen justificación en ninguna circunstancia.
[notice]La salida de Isabel Wschebor
“Acá no importan tanto las personas”
—La renuncia de Wschebor a la Secretaría de Derechos Humanos, ¿respondió a diferencias en el manejo de documentos, a distintos ritmos o a superposiciones con el Grupo de Trabajo?
—Tengo un enorme respeto por la licenciada Wschebor: siente cabalmente la causa de los derechos humanos y ha desarrollado una tarea muy intensa. Pero hay etapas. Una etapa es asumir la transición de lo que era la secretaría durante el gobierno de Mujica hasta que el grupo se constituyó. El decreto es muy claro en cuanto adónde ubica a la secretaría. Ahora estamos en una etapa diferente. Acá no importan tanto las personas, sino cumplir las obligaciones del grupo. Estamos trabajando para cubrir la vacante.
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