El procesamiento no implica una condena definitiva, sino que existen elementos suficientes para iniciarles un proceso penal.
En el caso de “Popeye”, autor de la golpiza, el pedido de procesamiento fue con prisión. En cuanto a Jessica Barrios y Alejandro Araújo, ambos integrantes de la dirección del Hogar Ser en ese momento, el pedido de procesamiento fue con prisión domiciliaria por 90 días. Para los otros cinco “educadores y coordinadores” el procesamiento fue con medidas sustitutivas durante el mismo plazo.
La magistrada dejó estampado en el auto de procesamiento que “dichos actos eran llevados a cabo en forma reiterada dentro del Hogar Ser con la participación y el conocimiento de los coindagados. A su vez, los hechos relatados eran de conocimiento de la indagada (Barrios) quien se desempeñaba en ese entonces como directora en el Hogar Ser”.
El detalle es que a pesar de los procesamientos, todos, salvo “Popeye”, deben cumplir lo establecido “fuera del horario de trabajo”.
Brecha se comunicó con Mónica Rodríguez, asesora letrada del Sirpa, para que aclarara la situación laboral actual de los procesados y las consecuencias que el dictamen judicial tiene sobre sus carreras como funcionarios públicos.
“Por el hecho del procesamiento en sí no hay consecuencias. La directora Jessica Barrios no está separada del cargo, sólo tenía un traslado preventivo y la jueza decretó la autorización de trabajar –respondió–. Hay figuras que constituyen delito pero no necesariamente la falta administrativa es de tal gravedad que pueda implicar la destitución. El procesado con prisión ya estaba separado del cargo y no recuerdo de memoria si los otros cinco lo fueron. El sumario administrativo (del Sirpa) no terminó en ninguno de los casos. El expediente está en etapa de ampliación sumarial, donde ellos están presentando sus pruebas.”
Rodríguez no aportó las fechas de las supuestas separaciones del cargo de los funcionarios cómplices. Tampoco logró demostrar con claridad que el episodio que aún está en investigación administrativa sea el mismo por el que fueron procesados en la justicia penal. Se refirió a la existencia de una “investigación madre” que reuniría todas las denuncias, pero no dio mayores detalles.
Los siete funcionarios son denunciados en al menos otras tres causas que están abiertas en la sede de Pando. La posibilidad de que en el resto de los casos se les dictamine prisión es inminente, ya que este primer procesamiento oficiaría como antecedente.