La proliferación de urbanizaciones cerradas, que separan explícitamente el adentro del afuera, restringen el libre acceso de personas y fomentan la autosegregación de sus propietarios, es un fenómeno cada vez más extendido en el país. Aun así, hasta hace algunos años, su desarrollo se limitaba a algunos departamentos centrales. Canelones, por su cercanía con la capital del país, y Maldonado, por su atractivo turístico, eran los predilectos para estas modalidades; entre barrios privados y countries, contabilizaban 44 de los 61 registrados en 2013.1 Una década más tarde, el número sigue en aumento. En los últimos diez años se sumaron otros 23 proyectos2 y todo parece indicar que esta evolución no se detiene. A este aluvión también se suman los departamentos ubicados al norte del país.
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