Un reciente documento publicado por la Unidad Estadística del Trabajo y la Seguridad Social, titulado “Evolución del trabajo decente en Uruguay en la última década”, muestra cómo se han comportado los indicadores del mercado de trabajo en los últimos diez años, y en particular lo que refiere a la “calidad” o “decencia” del empleo. En este aspecto se observa claramente que ha sido una década ganada.
Para la Oit el trabajo decente consiste en generar “oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana” (Oit, 2008). Este concepto engloba seis aspectos claves: oportunidades de empleo, trabajo productivo, libertad, equidad, seguridad y dignidad.
En lo que refiere a las oportunidades de empleo y basándonos en los indicadores tradicionales del mercado de trabajo, la tasa de empleo se incrementó 5 puntos porcentuales entre 2006 y 2015. Este incremento se explica fundamentalmente por el crecimiento en el empleo de las mujeres, cuya tasa pasó de 43,7 por ciento en 2006 a 50,5 en 2015.
Asimismo, el desempleo se redujo de 10,8 por ciento a 7,5 entre 2006 y 2015. Esta caída también se explica por la disminución en el desempleo de las mujeres, que en los últimos diez años bajó 5,4 puntos porcentuales. Si bien el desempleo en las mujeres sigue siendo superior, la brecha en el año 2015 es la menor de todo el período.
Por otra parte, y ya centrándonos en los indicadores que reflejan la decencia en el trabajo, se destaca que los puestos cotizantes en el Bps pasaron desde poco más de 1 millón en 2006 a casi 1 millón y medio en 2015: lo que representa un aumento de 38 por ciento en los puestos cotizantes.
En lo referido al trabajo productivo y los ingresos que se derivan de éste, tanto la productividad laboral aparente (medida como el cociente entre la producción y el personal ocupado) como el índice de salario real han tenido un crecimiento continuo en los últimos años, evolucionando de forma muy similar. Esto da la pauta de que los salarios reales se vienen ajustando a los incrementos de productividad, e incluso por encima de ello. Esto podría escandalizar al sector empresarial, que ha argumentado que una de las dificultades que enfrenta es precisamente la remuneración de los trabajadores por encima de la productividad. Sin embargo, en 2015 (año de desaceleración económica y cuando más se escuchó este tipo de quejas) la productividad aparente del trabajo creció 2,7 por ciento mientras que el salario real aumentó apenas 0,4.
En materia de la equidad en los ingresos laborales, el índice de Gini pasó de 0,4959 en 2006 a 0,3996 en 2015, siendo el menor registro en el período, y el ratio de ingresos laborales entre el décimo decil y el primero pasó de 33,9 a 20,8. Además, el salario mínimo nacional (Smn) medido en términos reales se incrementó casi un 100 por ciento en los últimos diez años.
Por otra parte, en lo que tiene que ver con la estabilidad y la seguridad laboral, se redujo la proporción de trabajadores que realizan horas excesivas. En 2006 el 27 por ciento de los ocupados trabajaban más de 48 horas semanales, en 2015 el porcentaje fue inferior al 20. Es un logro destacable, dado que el trabajo excesivo generalmente se asocia a la necesidad de realizar más horas para complementar los ingresos, lo que también afecta y perjudica la salud del trabajador. Sin embargo, medios de comunicación asociados a la derecha política levantaron este dato como algo negativo, titulando “los uruguayos trabajan cada vez menos”. No sorprende la reacción de la derecha porque en ese marco se les dificulta la extracción de plusvalía por el método extensivo.
El crecimiento económico ha contribuido significativamente a la buena evolución de estos indicadores, pero no todo ha sido viento de cola en los últimos diez años. Las políticas económicas impulsadas por el gobierno (negociación colectiva, aumento sostenido del Smn, modificación del seguro de desempleo, asignaciones familiares-plan de equidad, reforma del sistema nacional integrado de salud, reforma tributaria, entre otras) han tenido impacto positivo tanto a nivel económico, en general, como en el mercado laboral, en particular. No obstante, los resultados no han sido homogéneos para el conjunto de la población. Ciertos grupos, como los jóvenes, la población afro, las mujeres y las personas que habitan en determinados departamentos (en especial los limítrofes con Brasil) siguen en desventaja. Ahora que las condiciones económicas han cambiado, se vuelve aún más necesario eliminar este tipo de brechas y permitir igualdad de condiciones en el mercado de trabajo para lograr un crecimiento inclusivo (el único que un gobierno de izquierda debería promover).
En el último año y medio, el gobierno no ha sido claro en sus anuncios económicos y ha provocado, en general, más incertidumbre que certezas. El cambio en los lineamientos de la negociación colectiva en la nueva administración de Vázquez, pasando a ajustes nominales del salario, implica que el combate de la inflación recaiga sobre los trabajadores. Se confió en que la desaceleración económica y un enlentecimiento en el ritmo de crecimiento de los salarios harían que la inflación bajara y se ubicara en el rango meta. Si Argentina y Brasil estaban “estanflacionados” desde 2014, había razones suficientes para pensar que Uruguay podría ir por el mismo camino y que el supuesto de que la desaceleración económica haría bajar la inflación podría no cumplirse. Hoy, la realidad parecería estar mostrando esto mismo y, por tanto, que los salarios no son la causa del elevado nivel de inflación de nuestra economía. De hecho, existe evidencia de que la mayoría de las empresas uruguayas fijan sus precios añadiendo a sus costos un margen de beneficios, lo que implica un cierto poder de mercado. Está claro que ésta no es una práctica nueva por parte del empresariado. Adam Smith en 1776 escribía “las personas del mismo gremio raramente se reú-nen…, pero cuando lo hacen, la conversación siempre termina en una conspiración en contra de la gente, o en algún acuerdo para subir los precios”. Por lo tanto, de no mediar un cambio en el control de la inflación (especialmente en lo que tiene que ver con los comportamientos abusivos) así como en los lineamientos propuestos por el Poder Ejecutivo en la negociación colectiva, el estancamiento o la pérdida de salario real es prácticamente inevitable, especialmente para aquellos trabajadores que se desempeñan en los sectores menos dinámicos.
El presidente en los últimos dos meses parece haber cambiado de postura, en julio anunciaba que para 2016 los lineamientos de la negociación colectiva se mantenían tal cual lo planificado, dándole el apoyo al ministro de Economía, Danilo Astori, y a su equipo. Pero en agosto, tras varios diálogos con los representantes de los trabajadores, anunció que se mantenían los aumentos establecidos para 2015, lo que implica que los ajustes anuales firmados este año sean entre 1 y 1,5 por ciento superiores a lo previsto, lo que permitiría a algunos trabajadores igualar el nivel de inflación y así mantener el poder de compra de sus salarios. De esta manera, la postura del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, parece haber sido la vencedora.
Claramente, esto no es suficiente y los reclamos del Pit-Cnt parecen ser más que acertados. De todas maneras, el cambio en la postura del presidente, escuchando a los representantes de los trabajadores y dejando atrás las posiciones conservadoras del ministro de Economía, son una importante señal que habrá que consolidar en los próximos años.
Llegar a los más vulnerables, a los jóvenes, a las mujeres, a las personas afrodescendientes, a las personas con discapacidad, a través del ofrecimiento de oportunidades de educación y trabajo, es el camino a seguir. Los recursos son escasos y probablemente lo serán en los próximos años, más de lo que fueron hasta ahora. El manejo que el gobierno haga de estos será clave para determinar si los logros se consolidan y se profundiza la equidad, o se apunta a un manejo equilibrado de las cuentas fiscales y a mantener un crecimiento moderado dejando la equidad y la inclusión en un segundo plano. Las dos cosas no tienen por qué ser incompatibles y los cambios anunciados en la política tributaria (especialmente los realizados por los legisladores del Frente Amplio, dejando una vez más en minoría la posición del ministro de Economía) parecen apuntar hacia ambos objetivos. El gobierno cuenta con herramientas para navegar en aguas un poco más turbulentas, porque las ha generado. Desaprovechar todo lo que se ha logrado hasta ahora no puede ser una posibilidad, menos para un gobierno de izquierda que debería promover que el “trabajo acumulado sea un medio para ampliar, enriquecer y hacer más fácil la vida de los trabajadores”.
* Economista