La Ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) aprobada en 2012 fue un faro en América Latina. Se podría afirmar que entonces todas las mujeres y las personas gestantes1 comenzaron a acceder de manera gratuita a interrumpir su embarazo, si así lo desearan, hasta la semana 12 y con una ventana de seis días. Sin embargo, la mera existencia de la ley no parece significar una garantía.
Desde su sanción, y a pesar de haber marcado un hito en la gestión de la salud pública en Uruguay, la ley sobre la IVE –sancionada a partir de un proyecto presentado por el entonces diputado Iván Posada, del Partido Independiente– acumula algunas críticas que, al menos durante la última administración, no han tenido eco en las autoridades. El procedimiento previo al que se somete a quienes deciden hacer...
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