El acuerdo exprés entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para un gobierno de coalición tomó de sorpresa al sistema político español, que avizoraba un futuro incierto en materia de alianzas. El posicionamiento de Vox como tercera fuerza aglutinó al bloque de izquierdas, que aún necesitará otros apoyos para investir al presidente.
A dos días de celebradas las elecciones españolas, el presidente socialista Pedro Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, sellaron este martes, con un abrazo en la sede del Congreso, el pacto de coalición entre las fuerzas de izquierda. Atrás quedaron meses de tensión y desacuerdos, que llevaron a que la población tuviera que concurrir por segunda vez a las urnas en un año y extendieron la parálisis institucional que desde 2015 tiene sumido al Estado español (véase “La marcha de la bronca”, Brecha, 2‑VIII‑19).
El Partido Socialista Obrero Español (Psoe) confiaba que en una segunda instancia electoral mejoraría su respaldo en votos respecto de la elección del pasado 28 de abril y alcanzaría un gobierno en solitario, sin necesidad de acordar con otro partido la conformación de gobierno. Pero los resultados del domingo 10 de noviembre dejaron a Sánchez con menos margen de acción al perder tres escaños. Además, el bloque de derecha salió fortalecido: el Partido Popular (PP) recuperó 22 escaños, y el partido de ultraderecha Vox duplicó su representación en el Congreso y se ubicó como la tercera fuerza en el país. Este respaldo fue la contrapartida de la caída estrepitosa de Ciudadanos, que pasó de 57 escaños a diez, lo que llevó a la dimisión de su líder, Albert Rivera.
“Uno de los errores del Partido Socialista fue dilatar la convocatoria de las elecciones. Si lo hubiera hecho inmediatamente después de la investidura fallida, es muy probable que se hubieran evitado varios efectos negativos, como la sentencia del procés y sus consecuencias en el orden público de Cataluña, especialmente de Barcelona, que aún colean (véase “Primero la ley y después el diálogo”, Brecha, 11‑X‑19, y “Efecto tsunami”, 18‑X‑19). Pero también se hubiera evitado el crecimiento exponencial de Vox, debido a estos mismos asuntos”, dijo a este semanario Juan Luis Paniagua Soto, politólogo de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en sistemas políticos.
Hasta el momento es difícil establecer el perfil del votante de Vox, debido a su heterogeneidad; sin embargo, muchos analistas concuerdan en que el éxito estuvo en haber capitalizado en el discurso la tensión que genera la crisis territorial del Estado español. “Es verdad que la extrema derecha está en contra de la migración y el feminismo, pero, sobre todo, está en contra del ‘enemigo interno’ independentista. Y, ahora, contra el independentismo catalán. Por lo tanto, los últimos acontecimientos influyen en su crecimiento”, explicó a Brecha Iker Iraola, profesor de sociología de la Universidad del País Vasco.
En las elecciones del domingo, Vox no sólo alcanzó el tercer puesto a nivel general, sino que terminó como primera fuerza en la región de Murcia y en la ciudad de Ceuta, y rompió por primera vez con el bipartidismo, algo que no habían logrado ni Ciudadanos ni Unidas Podemos. “Vox ha sacado sus mejores resultados en la España española, en la España en que no hay otra lengua, como Murcia, Castilla‑La Mancha y Madrid, donde se ha acercado mucho al PP. Por lo tanto, parece ser que allí donde hay menos plurinacionalidad en el contexto español es donde más fuerte es”, señaló Iraola, quien también entiende que la naturalización de Vox en el sistema político y los medios de comunicación ayudó a legitimar los planteos xenófobos y homófobos de la ultraderecha.
AHORA SÍ. La noche electoral, luego de conocidos los resultados, el presidente Pedro Sánchez salió a festejar con sus votantes, cercado por el ascenso de la extrema derecha, y les aseguró: “Esta vez sí o sí habría un gobierno progresista”. El clima era menos festivo que en abril, cuando el Psoe alcanzó 123 escaños y contaba con un panorama más prometedor para formar gobierno. Ese día, los militantes establecieron un límite claro: “Con Rivera, no”, en referencia a la posibilidad de que Sánchez optara por una coalición con Ciudadanos.
Pero el pasado domingo las consignas cambiaron. “¡Con Casado, no!”, “¡Con Iglesias, sí!”, se escuchaba en la calle y se veía escrito en pancartas del electorado socialista, en referencia a los líderes del PP y Unidas Podemos. Minutos antes, desde la sede de la formación morada, Iglesias le había enviado un mensaje claro a Sánchez: “Creo que se duerme peor con más de cincuenta diputados de extrema derecha en el Congreso que con ministras de Unidas Podemos en el gobierno”.
La frase dio paso a una nueva instancia de diálogo, que se materializó al día siguiente de las elecciones y que en 24 horas tuvo como resultado la firma de un preacuerdo que establece la conformación de un gobierno progresista de coalición. El pacto tomó por sorpresa a los españoles. Nadie esperaba que se lograra un acuerdo de manera tan rápida. Incluso se especulaba con una tercera elección, lo que hubiera sido trágico para la estabilidad del sistema político español.
En esta instancia, el término “preacuerdo” es muy importante, ya que el documento marca una intención de entendimiento. Los detalles más relevantes serán dados a conocer después de que se produzca la investidura de Sánchez. El anuncio de coalición busca facilitar este proceso para, luego de obtener el gobierno, concretar con mayor precisión el programa y la formación de equipos. Por el momento, lo que se especula es que Unidas Podemos se quedaría con una vicepresidencia (que ocuparía Pablo Iglesias) y tres ministerios. En negociaciones previas el partido morado había pedido las carteras de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Sanidad y Consumo; y Vivienda y Economía Social.
En la presentación del texto, el presidente Sánchez asumió la decepción que la falta de acuerdo generó en los votantes progresistas y dijo que el país no podía permitirse ir por tercera vez en un año a elecciones. Además, señaló que el proyecto es “tan ilusionante que supera cualquier desencuentro” y que será “la mejor vacuna contra la extrema derecha”. Mientras tanto, Iglesias señaló que el Ejecutivo progresista “combinará la experiencia del Psoe con la valentía de Unidas Podemos”.
El documento señala el compromiso de los partidos por que la coalición progresista “sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa”. En el texto se establecen algunos de los ejes prioritarios: la creación de empleo; la promoción de políticas feministas; la protección de servicios públicos, como educación, sanidad, pensiones y vivienda; el cuidado de la justicia fiscal; el equilibrio presupuestario; revertir la despoblación, y garantizar la convivencia en Cataluña dentro de los límites de la Constitución.
HAY QUE SUMAR. Si se concreta el acuerdo, es el primer gobierno de coalición de izquierda en España luego de la Segunda República. Pero ahora toca otra etapa difícil: alcanzar los apoyos que faltan para lograr la investidura. Luego de conformarse las Cortes y empezar las rondas de negociaciones, el calendario español establece el 17 de diciembre para la primera sesión de investidura, en la que Sánchez necesitaría una mayoría absoluta de 176 escaños o, en su defecto, una mayoría simple en una segunda instancia (19 de diciembre).
Hasta el momento, el Psoe y Unidas Podemos cuentan con 155 votos. Es seguro que sumarán los tres del reciente partido Más País, liderado por Íñigo Errejón, y el posible respaldo del Partido Nacionalista Vasco, que tiene siete diputados y ha señalado que será constructivo de cara a la investidura y la gobernabilidad. Luego, otras opciones son sumar otras formaciones regionales que se han mostrado abiertas a dar su apoyo, como el Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe, ambas con un escaño.
Sin embargo, incluso con esos apoyos sería insuficiente y la coalición de izquierdas necesitaría los votos de Ciudadanos o los de Esquerra Republicana de Catalunya. “A mí me parece muy difícil poner en un mismo ‘sí’ al Partido Nacionalista Vasco y a Ciudadanos. Hasta ahora era imposible. Pero creo que también es difícil lograr el apoyo de los 13 escaños de Esquerra. El Psoe no quiere tener el apoyo de los independentistas catalanes, y sin él sólo tiene una opción, que es Ciudadanos”, analizó Iraola.
El domingo de noche los programas españoles que trasmitían en vivo el resultado de las elecciones contaban con “pactómetros”, una especie de calculadora electoral en la que iban sumando los escaños, para ver cuáles serían las opciones que le quedarían a Pedro Sánchez para formar gobierno. Las alianzas han sido el principal problema de estos meses, en un sistema electoral acostumbrado al bipartidismo, que ahora se encuentra obligado a lidiar con un escenario más fragmentado, en un complejo acertijo de sumas y restas que vuelve casi imposible la concertación.
Para Paniagua Soto, “es evidente que España hoy tiene una gobernabilidad más difícil que hace unos meses. Y mucho más que hace unos años. El bipartidismo imperfecto, o el multipartidismo moderado de hace unos años, dotaba al país de mayor estabilidad y gobernabilidad. La corrupción y las malas prácticas del Psoe y el PP abrieron el camino a la situación actual de fragmentación y multipartidismo extremo, y a la volatilidad del electorado, al haber roto los anclajes y la confianza de la ciudadanía”.
Hasta el momento, la postura de Ciudadanos ha sido calificar de nefasto el acuerdo entre Sánchez e Iglesias y pedir al Partido Socialista que “rectifique” y haga un acuerdo con ellos y el PP. Por su parte, Esquerra Republicana ha planteado una posible abstención en una segunda instancia de investidura (lo que beneficiaría a Sánchez), pero para eso exige establecer una mesa de diálogo con el presidente en la que se reconozca la existencia de un conflicto político entre Cataluña y España. Mientras tanto, la portavoz del partido independentista, Marta Vilalta, señaló que los suyos por ahora votarían “no” a la investidura. Si bien los republicanos catalanes mostraron en abril cierta disposición a investir a Sánchez, el escenario cambió luego de la sentencia del procés del mes pasado, que impuso largas penas de cárcel a los líderes del independentismo. Vilalta recordó que en esta última campaña electoral el presidente español propuso incorporar al código penal el castigo a la celebración de referéndums ilegales y que amenazó con aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución, que intervino la autonomía catalana.
A FUTURO. En caso de que la investidura sea finalmente exitosa, la coalición de izquierda deberá establecer un programa que permita enfrentar la amenaza de una posible recesión económica. Pablo Iglesias señaló en campaña que el nuevo gobierno debería decidir si cortar “por abajo o por arriba”. Habrá que esperar, entonces, a conocer las medidas que tome la coalición progresista, con un Psoe presionado por las elites económicas. Tampoco se sabe si los apoyos de otras formaciones para la sesión de investidura se mantendrán para aprobar leyes importantes, como los presupuestos generales, que continúan bloqueados desde el último gobierno del PP. En este panorama incierto, la posición de Vox, con 52 escaños en el Congreso, no sólo refuerza el bloque de la derecha, sino que le otorga una herramienta nada despreciable: recurrir leyes frente al Tribunal Constitucional español. Una prerrogativa, otorgada a los partidos que obtienen más de 50 diputados, que en su momento utilizó el PP para tumbar los artículos más importantes del Estatuto de Cataluña y alimentar el auge del independentismo catalán. Según el sociólogo Iker Iraola, “ahora VOX va a poder usar esa capacidad contra leyes de igualdad de género o leyes contra la homofobia, las que podrá llevar a la vía judicial. Sin ser mayoría parlamentaria, va a poder jugar con la basa del sistema judicial”.
