La libertad anticipada es un beneficio que puede otorgarse cuando las personas cumplen la mitad de la pena. No se trata de un mecanismo automático: la decisión final depende del Poder Judicial. Para otorgarlo, los jueces deben valorar la conducta carcelaria de la persona, su personalidad, su forma y condiciones de vida, y que exista un pronóstico favorable de reinserción social. Desde 2018, y tras varias reformas legislativas, el beneficio quedó restringido casi exclusivamente para personas primarias condenadas por delitos leves. El proyecto de reforma del Código del Proceso Penal (CPP) enviado semanas atrás por el Poder Ejecutivo al Parlamento plantea cambios en esta política. La iniciativa, elaborada por el Grupo Asesor Técnico (GAT) integrado por representantes de varios organismos, mod...
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