La empresa fúnebre del diputado nacionalista Ruben Bacigalupe y su hermana Lourdes debe más de 2 millones de pesos a la Intendencia de San José por no pagar una tasa por el uso de los cementerios públicos. Las funerarias son agentes de retención del tributo que pagan los familiares de los difuntos, que las empresas del legislador no volcaron a la Intendencia. La familia Bacigalupe firmó tres convenios de pago de la deuda, el primero de ellos en 2014, por 523 mil pesos, cuando el diputado era director de Deportes; el segundo fue en 2016, por 1.597.596, pesos, y el último, en 2017, por 2.761.030 pesos.
La información surge de la comisión investigadora creada hace un año y medio, a partir de un pedido de informes que el edil frenteamplista Pablo García (711) hizo a la Intendencia. El lunes, los 11 ediles frenteamplistas y los seis de Alianza Nacional –que mantienen desde hace más de tres años una puja con el intendente José Luis Falero, perteneciente al herrerismo– decidieron enviar estos antecedentes a la fiscalía departamental y a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).
El informe aprobado por la junta afirma que “existió un trato preferencial” por parte de la Intendencia al constatarse que “la empresa de la familia Bacigalupe firma una mayor cantidad de convenios que la empresa Etchemendy (de Libertad)”, que, en cambio, sí va pagando la deuda. Apunta, además, que se “evidencia la prevalencia del interés privado sobre el público y la posible influencia que pudo tener el señor Ruben Bacigalupe, en su calidad de director de la Intendencia, sobre quienes debían otorgar el convenio” de 2014.
La decisión de la junta llega al mismo tiempo que el anuncio de un posible regreso de Juan Chiruchi a las huestes herreristas, luego de respaldar a Jorge Larrañaga en 2014. El ex intendente y ex senador fue convocado por Luis Alberto Heber, lo que causó malestar en el falerismo, cuyos caudillos locales compiten por encabezar la lista a Diputados. El posible regreso llevó a que todos los precandidatos de Sumate (expresión maragata de Todos) se reunieran con Luis Lacalle Pou y amenazaran con “bajarse” de la competencia en caso de que él aceptara el regreso de Chiruchi.
Mientras, Alianza por San José, liderada por el senador Carlos Camy –y que aún seguiría integrando Chiruchi–, arrastra desde 2015 el enfrentamiento con Falero. Ese año el aliancismo local no respaldó al ejecutivo departamental en su decisión de asumir un fideicomiso para una serie de obras. Como consecuencia, el intendente removió a todos los directores de ese sector y, desde entonces, las acusaciones de “mala gestión” hacia Falero desde las huestes aliancistas han sido la tónica de la política departamental, lo que dio lugar a una alianza de hecho con el Frente Amplio en muchos temas, a lo largo de todo este período. El envío de los antecedentes a la justicia por el caso Bacigalupe es una muestra más de cómo se ha movido el tablero josefino en este segundo período de Falero.
