El fallo se produjo en el estado de Georgia y es el noveno en el que la transnacional alemana es condenada a indemnizar a un trabajador agrícola que contrajo cáncer por haber estado en contacto con uno de los herbicidas más vendidos en todo el mundo, el Roundup, elaborado a base de glifosato. La suma que deberá pagar es una de las más altas estipuladas hasta ahora por la Justicia de Estados Unidos: un total de 2.065 millones de dólares, entre daños compensatorios (65 millones) y daños punitivos (2.000 millones). Pero a Bayer le espera además una enorme cola de otros juicios por casos similares: más de 60 mil personas la han demandado por los daños a la salud que les ha causado el Roundup y también por la política de ocultamiento que la empresa ha seguido sobre los perjuicios potenciales que su uso puede acarrear a las personas, además de al medioambiente. Bayer sostiene, como todas las transnacionales del sector, que los pesticidas y los herbicidas que comercializa, en especial el Roundup, son inocuos y niega que el glifosato sea cancerígeno, a pesar de la cada vez mayor cantidad de estudios científicos independientes que así lo afirman. La corporación produce sus propios análisis o contrata a laboratorios para que los hagan y los presenta como probatorios de la inocuidad de sus productos, a menudo con la complicidad de organismos supuestamente regulatorios, pero sus triquiñuelas (des)informativas, y las de sus pares del sector, están siendo ventiladas por denuncias de algunos de sus propios ejecutivos o exejecutivos y fundamentalmente por investigaciones periodísticas.
***
Desde que el grupo alemán compró a la estadounidense Monsanto, fabricante del glifosato, en 2018, por unos 63.000 millones de dólares (su mayor operación en sus 150 y pico de años de historia), el Roundup se le ha convertido en un dolor de cabeza. Hasta ahora Bayer ha debido pagar unos 10.000 millones de dólares en indemnizaciones solo en Estados Unidos. Tiene, además, provisionados alrededor de 6.000 millones de dólares para hacer frente a las decenas de miles de casos pendientes de juicio: bastante poco para la magnitud de las demandas, a pesar de que en las apelaciones el grupo ha logrado reducir el monto de las indemnizaciones. En 2024 Bayer cerró sus balances con una pérdida superior a los 2.760 millones de dólares. El rojo de 2023 había sido algo superior (unos 3.180 millones de dólares), pero en ambos casos las pérdidas fueron atribuidas a su división Crop Science, de la que dependen sus herbicidas, según destacó esta semana el diario español El País (22-III-25). Ya en 2023 su facturación había caído en más de 6 por ciento respecto al año anterior. Y el valor de sus acciones se ha desplomado desde la compra de Monsanto, principalmente por los riesgos legales asociados a los juicios en trámite en Estados Unidos. Este lunes, apenas se conoció el fallo del tribunal de Georgia, los títulos del grupo cayeron casi 7 por ciento en Wall Street.
***
Como señalara Brecha en una nota de 2018 («Monsanto, Bayer, el glifosato y el imperio de los sentidos», 13-VII-18), los testimonios de personas fumigadas con productos a base de glifosato sobre los perjuicios que han experimentado se han ido incrementado desde los años noventa. El año 2018 fue clave en relación con este tema, no solo por la compra de Monsanto por Bayer, sino porque a fines de junio tuvo lugar en San Francisco un juicio histórico, iniciado por Dewayne Lee Johnson, un estadounidense que durante tres años fumigó Roundup y Ranger Pro, otro herbicida de Monsanto, en los jardines de un predio escolar y terminó contrayendo linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer a la sangre. Fue el primer proceso exitoso, y el primer proceso a secas, contra la transnacional en Estados Unidos. Johnson, que por entonces tenía 46 años y estaba en fase avanzada de la enfermedad, logró que Bayer lo indemnizara y que un tribunal hallara a Monsanto responsable de haber ocultado deliberadamente información sobre los potenciales daños del herbicida. Ganó también en la apelación, en 2020. «Monsanto sabe desde hace unos 40 años que los componentes de base del Roundup, sobre todo el glifosato, pueden provocar tumores en animales de laboratorio. Lo sabe y lo ha ocultado. Peor aún, ha proclamado la inocuidad de este producto y ha pagado estudios para que demostraran esta inocuidad», dijo por aquellos días Brent Wisner, uno de los abogados de Johnson. «No es por un problema genético o por una de esas casualidades de este mundo que Johnson padece un linfoma incurable», agregó.
La legislación del estado de California obliga a las empresas que estén al tanto de la peligrosidad probada o presunta de cualquier producto que fabriquen a hacerlo constar en el envase y Monsanto no lo hizo en el Roundup. Tres años antes, en 2015, el Centro Internacional de Investigación del Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, había calificado al glifosato como potencialmente cancerígeno en humanos. Monsanto alegó que esos estudios carecían de fiabilidad y presentó los suyos. Los poderosísimos bufetes que la defendían alegaron no solo que «por supuesto» la empresa nada sabía acerca de la peligrosidad de su producto, sino que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, una instancia federal, había «demostrado» que nada «hay que temer del glifosato». Uno de los abogados de Johnson hizo notar que esta agencia supuestamente encargada de velar por la seguridad ambiental es la misma que en aquel entonces negaba la realidad del cambio climático y que promueve el uso de combustibles fósiles. «Su credibilidad como organismo encargado de velar por los intereses de las personas está más que en cuestión», dijo.
***
En Estados Unidos la legislación habilita a quienes presentaron juicios contra una empresa a seguir con sus demandas penales aunque la compañía desaparezca. Bayer está respondiendo ahora por Monsanto. En países como Francia puede haber demandas civiles contra los responsables de empresas desaparecidas, pero las penales se extinguen, como si se tratara de una persona fallecida. Fue así que, en aquel mismo año 2018, en Francia, los padres de Théo Grataloup demandaron por la vía civil a Monsanto y a la empresa Novajardin por las deformaciones que, desde su nacimiento, 11 años antes, presentaba su hijo en la tráquea y el esófago, por las que debió ser operado 54 veces. Uno de los cirujanos que operaron a Théo dijo que no vio «nada parecido» durante su vida profesional. Con tres meses de vida, el bebé debió ser sometido a una traqueotomía, y recién a los 6 años Théo pudo dejar de alimentarse por sonda. Los Grataloup explotaban un campo en el departamento de Isère que fumigaron durante años, incluso durante el embarazo de la madre de Théo, con un producto llamado Glyper, fabricado por Novajardin a base del glifosato patentado por Monsanto. Novajardin describía el Glyper como «el primer herbicida biodegradable concebido en el mundo». «Ecologistas convencidos, pero también un poco ignorantes» –como el propio padre de Théo se definió–, los Grataloup se creyeron esa propaganda, como tantísimos otros. Los abogados de la familia presentaron durante el juicio un informe basado en 15 investigaciones médicas publicadas entre 2002 y 2017, según las cuales «la implicancia del glifosato en la aparición del síndrome polimalformativo que Théo tenía al nacer [era] altamente probable». Desde que decidieron ir contra Monsanto en los tribunales, a los Grataloup les hicieron la vida imposible: «desconocidos» los amenazaron y recibieron constantes mensajes insultantes por redes sociales. Así fue durante años. A tal punto llegaron las presiones que recién en setiembre de 2023 la familia Grataloup decidió divulgar una decisión tomada un año antes por el Fondo de Indemnización de las Víctimas de Pesticidas (FIVP) de compensarlos parcialmente por los perjuicios sufridos por Théo. El FIVP había reconocido «la posibilidad de un vínculo de causalidad entre la patología de Théo y su exposición prenatal al glifosato» y otorgado a los Grataloup unos 40 mil euros. La familia resolvió dar a conocer la resolución del FIVP unas pocas semanas antes de que la Unión Europea decidiera si prorrogaba o no hasta 2030 la autorización del uso del glifosato en los campos agrícolas de la región. La Comisión Europea se había pronunciado a favor, con la misma línea argumentativa que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. El permiso para el glifosato fue finalmente prorrogado. Una multitud de organizaciones sociales denunciaron las enormes presiones recibidas por los organismos de contralor europeos de parte del lobby de las grandes empresas biotecnológicas.
***
En 2016 Sabine Grataloup, la madre de Théo, había estado entre las decenas de personas provenientes de todo el mundo en declarar en La Haya, Países Bajos, ante el llamado tribunal Monsanto, una «instancia ciudadana» integrada por cinco jueces profesionales, pero cuyas resoluciones no tenían, obviamente, alcance jurídico alguno. La relevancia fundamental del tribunal era colocar en el debate público los tejemanejes de empresas como Monsanto y Bayer, darles voz a las víctimas de esas y otras transnacionales del sector y relacionarlas con científicos independientes y resistentes a las presiones de, por ejemplo, las compañías del agronegocio. Sabine Grataloup coincidió allí, entre otros, con María Liz Robledo, una argentina cuya hija nació con malformaciones congénitas en el esófago análogas a las de Théo. Daba la casualidad de que la casa de Robledo, en la provincia de Buenos Aires, estaba rodeada de bidones de pesticidas producidos entonces por Monsanto (hoy por Bayer) y utilizados para tratar la soja y el maíz transgénicos concebidos con semillas de Monsanto, hoy de Bayer. Uno de los científicos que trabajaron para presentar pruebas ante el tribunal informal de La Haya fue el neonatólogo y pediatra argentino Medardo Ávila, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud que conoció «bien de cerca los desastres que causa el glifosato» cuando se desempeñó como secretario de Salud de la provincia de Córdoba, a mediados de la década pasada. Ávila estableció entonces que, desde que se comenzó a fumigar con productos a base de glifosato, en las zonas agrícolas argentinas «hay tres veces más casos de cáncer que en las ciudades, y de cada 100 nacimientos tres son de niños con malformaciones, frente a una media de 2 por ciento en otras zonas». El año pasado sostuvo en una entrevista: «La propaganda y el marketing nos hicieron creer que podíamos producir alimentos con veneno. […] ¿Cómo fue que se naturalizó eso?» (Sala de Prensa Ambiental, 22-V-24). Y respecto a la ignorancia de sus pares sobre el tema y, peor aún, sus complicidades con las empresas, fundamentalmente en los pequeños pueblos rurales o semirrurales de Argentina y de toda América Latina donde el empleo escasea y el uso de agroquímicos abunda, afirmó: «Decían del glifosato –el agrotóxico más usado en el mundo– que si tocaba el suelo se desactivaba. Todavía algunos ingenieros agrónomos dicen que es biodegradable, pero no lo es, permanece activo durante dos meses en la tierra y cuando llueve se concentra en los arroyos y los ríos. Hay quienes llegan a asegurar que se puede tomar un vaso de Roundup sin consecuencias para la salud; he oído a agrónomos decir esa barbaridad cuando asistimos a conferencias en los pueblos».
Nestlé en la picota
Entre 2017 y 2018 el diario francés Le Monde estuvo entre los medios de prensa que divulgaron los llamados Papeles de Monsanto, cientos de documentos internos de la transnacional publicados en 2017 en el marco de un recurso de habeas data presentado en Estados Unidos. Le Monde «trabajó» esos informes, correos electrónicos y memorandos secretos y puso al descubierto la metodología utilizada por la transnacional para manipular a científicos y organizaciones, desprestigiar a investigadores críticos y manipular y ocultar informaciones.
El año pasado y este Le Monde fue uno de los medios franceses (otros fueron el portal Mediapart y la estatal Radio France) que ventilaron cómo otra gran transnacional, Nestlé, ha operado para tapar un escándalo sanitario y ambiental mayúsculo relacionado con las condiciones de producción de varias de sus aguas minerales vendidas como «naturales», entre ellas la famosa Perrier. Y cómo para ello contó con complicidades políticas.
Durante nada menos que 27 años, entre 1992 y 2019, Nestlé Waters, la división de aguas de la multinacional basada en Suiza, hizo perforaciones ilegales de pozos, contaminando aguas superficiales y subterráneas, y dejando sin el líquido a varias localidades de la región de Vosgos, en el noreste de Francia. Además, para «limpiar» sus productos recurrió a métodos de descontaminación prohibidos en el país. Investigaciones periodísticas y de algunos organismos estatales probaron todo y la propia empresa reconoció sus horrores. Pero en setiembre pasado Nestlé terminó llegando a un acuerdo judicial por el que pagó una indemnización de apenas 2 millones de euros. Organizaciones sociales que habían denunciado a la transnacional pusieron el grito en el cielo. «Fue el mayor caso de fraude ambiental de la historia de Francia y, sin embargo, Nestlé logró salirse con la suya abonando una indemnización ridícula», cuando el costo de sus trapisondas fue evaluado en al menos 3.000 millones de euros, consideró Mediapart, y destacó que el hecho había dejado al descubierto la fuerte influencia política de los directivos de la compañía. A fines de enero el portal publicó documentación interna de la compañía que da cuenta de sus contactos al más alto nivel de gobierno, mientras Le Monde destacó cómo en 2022, a escondidas, el gobierno suavizó la reglamentación de control de la calidad del agua cuando ya había recibido múltiples denuncias contra Nestlé. La Alta Autoridad para la Transparencia, un organismo público de control, estaría actualmente examinando el tenor de reuniones que mantuvieron en 2021 ejecutivos de la empresa con la ministra de Industria de la época y actual titular de la cartera de Transición Ecológica, Agnès Pannier. En febrero, Le Monde y Radio France publicaron, en el marco de una amplia investigación sobre Nestlé, que en 2023 tanto los servicios del gobierno dirigido por la primera ministra de entonces, Élisabeth Borne, como los del presidente Emmanuel Macron autorizaron a la empresa a seguir recurriendo a su sistema ilegal de tratamiento de las aguas contaminadas, a pesar de que las autoridades sanitarias francesas ya se habían pronunciado a favor de suspender la producción de Perrier y otras aguas comercializadas por Nestlé. Macron negó «cualquier connivencia» con empresa alguna, pero Le Monde y Radio France insisten en que el gobierno y la presidencia «privilegiaron los intereses de Nestlé por sobre los de la población francesa».
El 8 de abril el secretario general de la presidencia y mano derecha de Macron, Alexis Kohler, deberá comparecer ante una comisión de investigación parlamentaria, informó Le Monde este miércoles 26. Mediapart se preguntó, a su vez, en un reciente editorial si no habrá llegado por fin el momento de que Nestlé responda por lo actuado y se le acabe la protección estatal. Pero lo que le sucedió a un militante social de una pequeña localidad muestra que para que las cosas cambien falta mucho. El hombre cavó un pozo para demostrar cómo Nestlé había enterrado ilegalmente decenas de toneladas de desechos. Lo enjuiciaron a él por su acto, mientras a la compañía no la tocaron. «Nestlé tiene suficientes medios como para amedrentar a quienes la denuncien y para asegurarse impunidad», dijo el hombre.
