Los partidos políticos tienen programas que se vuelven explícitos en tiempos electorales e independientemente de que existe la percepción común de que no son leídos –al menos por parte de la mayoría de los ciudadanos a la hora de votar– lo cierto es que la población registra las distintas identidades partidarias y decide de acuerdo a ese registro.
Distintos referentes frenteamplistas consultados por Brecha analizaron que la actual y las anteriores fórmulas del Frente Amplio (FA) fueron elegidas en función de un programa y una acción histórica que fueron develando la diferencia con otras opciones. Un documento aprobado por el FA en abril de 2004 (aún vigente) por el Plenario Nacional sostiene que «el gobierno tendrá que ser, sin lugar a dudas, el gobierno del FA y sus aliados, en tanto la fuerza política es la responsable de su propuesta, su programa, sus candidatos, su equipo y su gestión. Ella es la que, a través de sus organismos, establece y fija las líneas generales de su programa nacional y plan de gobierno, y dentro de ellas el gobierno de la fuerza política se tiene que manejar. Obviamente, al ser sometidas a la voluntad ciudadana en el proceso electoral, estas líneas también adquieren la calidad de compromiso ante la sociedad». Más adelante, el texto sostiene que la fuerza política deberá evaluar, permanentemente, «lo que realiza el gobierno en función de lo definido en las instancias orgánicas y su compromiso con la ciudadanía, teniendo presente que en el programa hay cosas centrales, otras no tanto y otras menores, secundarias, y que su enfoque debe apuntar a lo medular, no a lo secundario».
No obstante, si bien el documento contradice algunas afirmaciones de anteriores gobernantes frenteamplistas respecto a la necesidad de «cortar el cordón umbilical», también advierte que «la relación entre la fuerza política y su gobierno para cumplir con los objetivos planteados debe encararse estableciendo un adecuado equilibrio entre la función de orientación global que ejerce la fuerza política y la necesaria autonomía de gestión que debe existir para gobernar eficientemente».
El presidente del FA, Fernando Pereira, dijo a El País (30-XI-24) que la fuerza política debe resistir la tentación de cogobernar. Una interpretación que se hace en el Frente es que esa advertencia corresponde a preservar la autonomía de la gestión diaria del gobierno, «necesaria para una clara eficiencia funcional», y no a asumir la independencia total del nuevo Ejecutivo progresista.
Ahora bien, existe una frase repetida, que más parece referirse a un concepto en boga e impulsado desde el pensamiento hegemónico que a una simple enunciación: «Vamos a gobernar para todos los uruguayos», lo cual aparenta ser la necesidad de ceñirse a coordenadas diferentes de las que motivaron a su electorado. Lo cierto es que el programa que votó la mayoría de los uruguayos, cuando eligieron a Yamandú Orsi y a Carolina Cosse, fue laudado en función de que contenía soluciones para el conjunto de la sociedad. Otra cosa es que, como ocurrió en el debate de los presidenciables en 2019, el entonces candidato frenteamplista, Daniel Martínez, dijera que el programa no lo obligaba. Para la derecha, lo políticamente correcto es que los futuros gobernantes se avengan a licuar el programa que acompañó el electorado.
La cuestión que aparece de fondo es que la sociedad está atravesada por intereses distintos y contrapuestos, y que la historia de los sucesivos gobiernos de la derecha muestra cómo se privilegia a unos y no a otros, más allá del discurso de que se gobierna para todos. El actual ejecutivo de Luis Lacalle Pou privilegió a los malla oro en detrimento de los asalariados y los sectores vulnerables. Incluso esa política es visible en el cambio de las reglas de juego en las empresas públicas favoreciendo a los privados, como ocurrió con ANCAP, con la fibra óptica de ANTEL o con el hecho de que UTE perdiera el suministro a los grandes consumidores. También en la elección del proyecto Neptuno, propuesto por un consorcio de empresas privadas, y en el descarte de la construcción de la represa de Casupá, entre otras medidas.
Por supuesto que las tres administraciones frenteamplistas también mostraron sus prioridades, basta mencionar las leyes de negociación colectiva, el seguro nacional de salud, las ocho horas de jornada diaria para los peones rurales o el fortalecimiento de las empresas públicas, entre otras.
Por eso, la afirmación de que se gobernará para todos es solo un eslogan y, como dijo un viejo político, «siempre se pisa un callo». La cuestión es si se gobierna para las mayorías o no, para lo que antes se englobaba en el término pueblo, en referencia a los perjudicados y los postergados por las políticas económicas y culturales de las derechas, comentó a Brecha un veterano dirigente frenteamplista.
CANTOS DE SIRENA
La singularidad de la sociedad uruguaya, señalada por los principales y hegemónicos medios de comunicación del mundo, apunta a un Uruguay que se caracteriza por la tibieza en el enfrentamiento de los conflictos y que se distingue de los ruidos estridentes de los países vecinos, lo que crea un clima propenso a la moderación y empuja (con o sin éxito) a dejar de lado los contenidos de quienes optaron por llevar la fórmula frenteamplista al gobierno. La carrera es por quien es más negociador y dialoguista. Es más, en la evaluación del Partido Nacional de las causas de la derrota electoral, los análisis se dirigen a errores de la campaña y a que no supieron comunicar los logros del gobierno. Esa concepción oculta que la administración de la coalición gobernante dio la espalda a la mayoría de la población, niega las contradicciones de clase y estigmatiza la ideología como la cosmovisión de los integrantes de la humanidad, en particular cuando cuestiona sus intereses.
Una reacción similar ocurre en la vereda progresista. Así, algunos enunciados de las bases programáticas son relativizados, ya por Orsi o por el elegido como futuro ministro de Economía, Gabriel Oddone, e incluso se entra en contradicciones dentro del futuro elenco gobernante. Eso ocurre con la edad de la jubilación (Oddone sostuvo que se mantendrá en 65 años, Orsi afirmó que la edad de retiro estaría en los 60) y con el tema de los impuestos (el programa del FA habla de imponer más al capital y ejemplifica con el impuesto al patrimonio, aunque no entra en detalles), algo que Orsi descartó, y Oddone sostuvo que no se podía ser tajante en negar esa posibilidad, porque hay numerosas variables y muchas pueden no depender del gobierno uruguayo. Por otro lado, el presidente electo anunció que las jubilaciones mínimas alcanzarán el monto de los salarios mínimos, al final del período.
Asimismo, el gobierno no ceja en la disputa con el progresismo y, más allá del discurso componedor, Lacalle Pou aseguró que no pondrá el freno de mano con el proyecto Neptuno, aunque seguirán las conversaciones con el gobierno electo. También aprovechó los días que le quedan para cambiar, mediante decreto, la composición del ámbito que habilita la educación terciaria privada, desplazando de ese lugar a la Administración Nacional de Educación Pública.
