El ciberacoso, la divulgación de imágenes íntimas e información privada sin consentimiento, la suplantación de identidad, la extorsión, la vigilancia y el acecho son nuevas formas digitales de las viejas prácticas de control, dominio, opresión y agresión física y psíquica que han sufrido históricamente las mujeres.
Desde la década de los noventa distintas organizaciones feministas comenzaron la disputa política en el área tecnológica. De Miguel y Boix marcan como hito el proceso de cara a la IV Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing, que contó con un espacio electrónico en 18 idiomas y permitió el acceso a la información y a las sesiones de los grupos que no pudieron llegar hasta China.1 La conferencia de 1995 fue el marco inaugural de la reivindicación de la comunicación como derecho humano básico y puso de manifiesto la necesidad de impulsar políticas dirigidas a mujeres en el uso estratégico de tecnologías.
A partir de entonces, se han desarrollado programas de investigación e intervención que buscan potenciar el acceso de niñas y mujeres a la tecnología y a la cultura digital. Paralelamente, los feminismos y el amplio movimiento de mujeres forjaron tejidos inmensos gracias a Internet y ampliaron su campo de acción y pensamiento. El tecnofeminismo, los ciberfeminismos y el activismo digital vienen desarrollando sitios con recursos, revistas, bibliotecas, encuentros y congresos, e impulsando el software libre. Las redes sociales se han convertido en espacios de divulgación y comunicación feminista, y hay quienes sostienen que esto define a la cuarta ola del feminismo.
Sin embargo, los estereotipos normalizantes, las desigualdades y las violencias del sistema patriarcal también se amplificaron en el escenario virtual. La educación, capacitación y acceso de las mujeres a la tecnología en tanto proyecto empoderante –de rasgos neoliberales– no ha sido suficiente para subvertir la ideología sexista que está en las bases del ambiente digital.
Dafne Sabanes, coordinadora del Programa de Derechos de las Mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (Apc), sostiene que “los adelantos en tecnología de la información y la comunicación en numerosas oportunidades han sido utilizados para coartar la libertad de las mujeres y poner en peligro su seguridad personal”.2
En la declaración para la 57ª sesión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer: “Violencia contra las mujeres y tecnologías de información y comunicación”, de 2013, Apc señaló que “la violencia contra las mujeres mediada por la tecnología se ha vuelto parte de la experiencia […]. Así como nos enfrentamos a riesgos fuera de línea, en las calles y en nuestros hogares, las mujeres y las niñas pueden enfrentar peligros y riesgos específicos en Internet […]. Estas formas de violencia causan también daños psicológicos y emocionales, refuerzan los prejuicios, destruyen las reputaciones, causan pérdidas económicas y plantean obstáculos a la participaciónen la vida pública”.3
La epistemología feminista propone desmontar el discurso de la neutralidad científica y tecnológica –y su alianza con la idea de sujeto universal– como condición necesaria para lograr la equidad de género en la sociedad de la información. No es suficiente aspirar al acceso digital igualitario, o apostar a la capacitación para el mercado tecnológico; si no se apunta a transformar la perspectiva androcéntrica que subyace al pensamiento y desarrollo científicos, se está legitimando la propagación y reproducción de la violencia hacia las mujeres.
En los últimos años se han llevado adelante investigaciones que buscan cartografiar, diagnosticar y analizar el fenómeno de la violencia en línea y el ciberacoso entre adolescentes y jóvenes. El informe de 20144 de Apc muestra que las mujeres de entre 18 y 30 años son las más vulnerables, que el 40 por ciento de las agresiones son cometidas por personas conocidas y que pueden reconocerse tres perfiles de atacadas: las que están en una relación íntima de violencia, las supervivientes de violencia física o sexual y las profesionales con perfil público o que participan en espacios de comunicación. Tres años después, la misma asociación presenta datos en relación con los daños agrupados en cinco categorías: daños psicológicos, aislamiento social, pérdidas económicas, limitación de la movilidad y autocensura.
En el caso de mujeres con perfiles públicos, la exposición se multiplica. Insultos, humillaciones, discursos de odio basados en la apariencia física, la vida íntima, la edad o la raza reproducen la retórica misógina en las redes sociales y configuran, muchas veces, ataques organizados. Las agresiones sexistas a mujeres que a pesar de no tener un perfil público pasan a serlo por su vínculo con personas que sí lo tienen provocan niveles de exhibición no buscados que limitan la autonomía y el derecho a la privacidad.
Las activistas y organizaciones feministas son blanco de campañas de desprestigio y de amenazas individuales y colectivas; se han documentado ataques a canales de expresión, crackeos desitios web, redes sociales o cuentas de correo electrónico y vigilancia de actividades con objetivos intimidatorios.
La violencia ejercida contra las mujeres periodistas configura un atentado contra el derecho a la libertad de expresión. En 2017 el comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer señaló que las defensoras de derechos humanos y las periodistas son especialmente atacadas, amenazadas, hostigadas o incluso asesinadas. Una encuesta de la Federación Internacional de Periodistas5 evidencia que el 44 por ciento de las encuestadas ha sufrido ciberacoso. En España, periodistas feministas vinculadas a la revista Pikara Magazine han sido blanco de sostenidos ataques en redes sociales. Ante la necesidad de ofrecer respuestas coordinadas y que vayan a la raíz del problema6 elaboraron un completo informe junto a la jurista Laia Serra que presentaron al gobierno en 2018.
La potencia política de los feminismos despertó una ola reaccionaria, más o menos organizada, que trata de frenar los avances conquistados en el espacio público. No se deben subestimar las repercusiones que los discursos de odio pueden tener ni cuánto favorece a la impunidad el marco del anonimato. Será importante que el movimiento de mujeres encuentre, en el pensamiento epistemológico y científico con perspectiva de género, recursos con los que enfrentar la violencia. Las redes y sitios de mujeres, como Ciberseguras, una alianza latinoamericana que busca ofrecer a las mujeres espacios para conocer más sobre la tecnología, son imprescindibles. Las especificidades de la cultura digital hacen necesaria una respuesta colectiva y organizada que no se vuelva, en el camino, contra los derechos conquistados y la libertad de expresión. ◊
1. De Miguel, A y Boix, M (2013), “Los géneros de la red: los ciberfeminismos”, en Natansohn, G (coord). Internet en código feminista. Buenos Aires: La Crujía.
2. Sabanes, D (2013). “Nuevos escenarios, viejas prácticas de dominación”, en Natansohn, G (coord), op cit, pág 117.
3. Disponible en: ‹https://www.genderit.org/es/feminist-talk/la-violencia-contra-las-mujeres-cometida-instigada-o-agravada-por-el-uso-de-las-tic›.
4. Disponible en: ‹https://www.apc.org/es/pubs/intermediarias-de-internet-y-violencia-contra-las-mujeres-en-l%C3%ADnea›.
5. Disponible en: ‹https://www.ifj.org/nc/search.html?tx_news_pi1%5Bsearch%5D%5Bsubject%5D=ifj%20survey%20one%20in%20two%20women%20journalists%20suffer%20gender%20based%20violence%20at%20work›.
6. Disponible en: https://www.pikaramagazine.com/2018/12/el-estado-espanol-desprotege-a-las-mujeres-ante-las-violencias-digitales/.
[notice]Algunos apuntes sobre violencia digital en Uruguay
• La ley integral contra la violencia basada en género incorpora 18 tipos de violencia, entre las que se encuentran la mediática –publicar o difundir mensajes e imágenes en medios masivos de comunicación que promuevan la explotación de las mujeres, injurien, difamen, discriminen, atenten contra su dignidad o propicien la desigualdad de trato o la violencia– y la simbólica –mensajes, símbolos, íconos, imágenes, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y religiosas que transmitan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación.
• La socióloga y activista feminista uruguaya Mariana Fossatti edita y coordina el proyecto de Apc Genderit.org, un espacio de análisis y reflexión para activistas, académicas, periodistas y defensoras de derechos.
• La violencia hacia mujeres que tienen vínculos con personas públicas sucede a menudo en Uruguay. Días atrás, Florencia Astori, hija del exministro de Economía, relató en su cuenta de Twitter la experiencia de acoso y hostigamiento sostenido que sufrió al ser expuesta de forma irresponsable con informaciones tergiversadas, y que continúa hasta el día de hoy.
• La periodista Azul Cordo fue blanco de hostigamiento, ataques y amenazas en las redes sociales a raíz de su nota “En el nombre del padre”,1 publicada en este semanario. Buena parte de la comunidad periodística local, así como el movimiento feminista, expresaron su respaldo público. Frente a otro caso, María José Santacreu escribió, asimismo, una columna en Brecha que da cuenta de cómo el discurso misógino suele teñir las argumentaciones de periodistas que definen como objetivas sus posturas.2 ◊
1. Disponible en: ‹https://brecha.com.uy/en-el-nombre-del-padre/›, 5 de julio de 2019.
2. Disponible en: ‹https://brecha.com.uy/cuando-oigo-la-palabra-pistola-echo-mano-a-mi-cultura/›, 17 de mayo de 2019.
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