«Esta es una de las estafas más grandes al Estado uruguayo en el siglo XXI», afirmó el senador frenteamplista Sebastián Sabini (Movimiento de Participación Popular), tras solicitar la creación de una comisión investigadora sobre la adjudicación a Cardama. La denuncia oficialista recoge buena parte de los argumentos esgrimidos por el gobierno para rescindir el contrato con el astillero español –irregularidades en las garantías y pagos anticipados del Estado–, y pone el foco en las responsabilidades políticas y administrativas de las autoridades del gobierno multicolor que habilitaron el negocio.
El pedido oficialista representó una jugada a varias puntas: el Frente Amplio (FA) primereó al Partido Nacional –que había anunciado su intención de promover una investigadora sobre la rescisión del contrato por parte del gobierno– y ubicó el tema en la esfera del Senado, donde tiene mayorías propias y donde está Javier García. El senador nacionalista y exministro de Defensa Nacional es uno de los principales responsables políticos del negocio y seguramente sea convocado a dar explicaciones ante sus colegas. «No podemos ser omisos ante un fraude de este tipo», disparó Sabini en rueda de prensa, y recordó que el Estado ya pagó unos 30 millones de dólares a la empresa. En busca de un acuerdo con la oposición, el FA propuso investigar desde 2014 en adelante, año en que comenzó a gestarse el acuerdo político para comprar las patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés).
En filas nacionalistas causó sorpresa –y cierta molestia– la decisión del FA de pedir la investigadora en el Senado. Los blancos pretendían que el tema fuera analizado en la Cámara Baja, donde ninguno de los bloques tiene mayorías automáticas. Tras un breve debate interno sobre la conveniencia de investigar el tema en las dos cámaras, y en acuerdo con sus socios coalicionistas, siguieron adelante con su estrategia, que pone el foco en la rescisión del contrato.
La denuncia ante Diputados, firmada por el herrerista Juan Martín Rodríguez, apunta contra la actitud del actual gobierno en relación con el tema Cardama, sin hacer mención al proceso de compra de las OPV, porque «allí no hay nada que ocultar», declaró el senador en rueda de prensa. Según la denuncia, existió una estrategia deliberada del gobierno para afectar el trabajo del astillero y una decisión expresa de rescindir el contrato, que «expone al país a una demanda internacional millonaria» y afecta su imagen y su seguridad jurídica.
Para los blancos, el gobierno actuó «de mala fe», ya que –en octubre de 2025– anunció públicamente su intención de rescindir el contrato y no aceptó ni respondió ninguna de las propuestas presentadas por el astillero español para solucionar las irregularidades constatadas en la garantía de EuroCommerce. También apuntan a las reuniones que mantuvo el gobierno con representantes de otros astilleros antes de finiquitar el contrato con Cardama, lo que evidenciaría que «ya tenía la decisión tomada». Y fustigan las sanciones dispuestas contra oficiales de la Armada Nacional luego de que una investigación interna, que los blancos catalogan como irregular, concluyera que le habían mentido a la ministra Sandra Lazo.
En filas multicolores existe certeza de que tienen los votos para crear una comisión investigadora en Diputados (se requiere mayoría simple), ya que tienen el visto bueno de Cabildo Abierto (CA) y de Identidad Soberana. El diputado Gustavo Salle confirmó a Brecha que su partido dará los votos, pero que su idea es «investigar todo», incluido el proceso de adjudicación del negocio al astillero español. En filas cabildantes también son proclives a investigar «todo el proceso desde el inicio de la compra», dijo el diputado Álvaro Perrone en redes sociales.
La rescisión del contrato, sin embargo, provocó chisporroteos en la interna opositora. El exsenador Guido Manini Ríos –líder de CA– afirmó, si hubo corrupción en el proceso de adjudicación a Cardama: «¡Que los responsables terminen presos!». Su comentario suscitó la respuesta del exministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, quien sustituyó en ese puesto a García y firmó el contrato, luego de que la Presidencia de la República diera el aval: «Comparto lo que dice Manini, pero que no se olvide que su mano derecha [el exsubsecretario de Defensa Nacional, Rivera Elgue] fue quien elaboró todo el contrato», dijo al programa Doble click, de Del Sol FM (16-II-26). La respuesta de Manini Ríos llegó al otro día: «Rivera Elgue cumplió con lo que el ministro le encargaba. […] Yo no estoy diciendo que hubo corrupción, pero, si hubo corrupción, espero que los responsables terminen tras las rejas».
Finalmente, la preinvestigadora del Senado recomendó crear una investigadora solo con votos del FA, tras la negativa de la senadora Graciela Bianchi de participar en la sesión por supuestos errores reglamentarios. La Cámara Alta aprobará el tema este viernes en sesión extraordinaria –tras postergar la comparecencia de autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay por los fallecimientos de niños en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes–. En Diputados la definición también se conocerá en estas horas: la preinvestigadora tiene plazo para pronunciarse hasta este viernes a las 14.30 horas.
