La cárcel nació junto a su proyecto de reforma

La directora del Sistema Penal Adolescente, Gabriela Fulco, marca distancia de la anterior administración reconociendo la situación crítica en la que se encuentra el sistema. Es acuciante el estado en el hogar Hornero, de la Colonia Berro, que está sin agua hace un mes, y en el Ariel, en peligro de derrumbe.

Foto: Pedro Pandolfo

Las cárceles construidas en el período pasado ya tienen problemas de infraestructura y una inadecuada distribución del espacio, pero el Sirpa no contará con rubros para atender esta situación hasta la aprobación del próximo presupuesto. Anuncia su intención de cerrar la Colonia Berro y la resistencia del sindicato a esta posibilidad. Proyecta la utilización del ex centro de reclusión de La Tablada –que cuenta únicamente con el celdario y carece de áreas de esparcimiento– como un gran lugar de reclusión de menores. En cuanto a la formación del personal, se proyectan “cursos” para los directores de los centros, algo que suena débil para hacer frente a la arraigada cultura de la seguridad y “la tranca”.

—¿Cuál es el panorama que encontró en el Sistema Penal Adolescente?

Por decir fútbol

—El estado de situación ha sido vastamente descrito por los informes que nos preceden, a los cuales adherimos, tanto internacionales como los realizados por la Institución de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño. Estos organismos de control externo dan una visión objetiva, sin ningún tipo de implicancias que deformen la realidad. El 1 de febrero empecé un período de transición con las autoridades salientes, y al visitar los centros confirmé esta realidad. Es un organismo en estado crítico, deshilachado, atomizado, que no responde a un eje de conducción programática común. La gestión no es homogénea y produce mucha inequidad en los jóvenes, dado que la suerte termina siendo un factor importante. Según donde caigan, así les va a ir. Uno de nuestros objetivos es la homogeneización del sistema. Nos planteamos un proceso refundacional con otra óptica. Lo que ha primado a lo largo de los años son los criterios de seguridad, mientras los programas de rehabilitación real quedaron enterrados de manera tal que entendemos que ésta no existe.

—¿Cuáles son los puntos que pretende tocar para homogeneizar el sistema?

—Primero, la clasificación. En el sistema actual los jóvenes están distribuidos con diferentes criterios que tienen que ver con condiciones de seguridad, pero no con un estudio de base, con un componente de investigación criminológica que nos permita clasificarlos. Una vez hecho eso, tenemos que definir los perfiles de establecimientos muy dispersos. Nuestra tendencia es a cerrarlos e ir a centros más generales. Con lo que se invirtió en el período anterior vamos a tener el de la avenida Belloni (antes conocido como Colibrí I), que pasamos a denominar Unidad de Internación para Adolescentes Privados de Libertad I. Dejamos atrás la denominación de “pajaritos” y “batallas”.

—Brecha supo que lo construido en el ex predio del Regimiento de Caballería número 9, en Belloni, tiene graves problemas edilicios, e incluso que no se ha logrado habilitar, por deficiente, la segunda parte construida. ¿Esto es así?

—Hay un solo sector que está habitado y ya tiene dificultades de infraestructura porque la construcción no fue bien planificada. Estamos haciendo reclamos a la empresa constructora con respecto a lo que entregó. La dirección anterior aceptó la obra a pesar de todas esas falencias.

—¿Cómo se llama la empresa?

—Calpusa. La estructura edificada es bastante deficiente, y al alojar a jóvenes en un régimen de encierro rápidamente empieza a impactarse y a destruirse, por las propias condiciones de gestión.

—También supimos que no hay rubros para obras hasta el próximo presupuesto, porque los recursos fueron totalmente ejecutados por la administración anterior. ¿Cómo se soluciona esta situación?

—Sí, exactamente. Estamos atados a todo nivel en cuanto a lo presupuestal para el año 2015, además hay deudas, por lo cual, en esta realidad que defino como muy crítica, estamos tratando de ser muy creativos, pensando en otro tipo de gestión para las instalaciones que tenemos.

—¿Qué otro centro va a permanecer, de acuerdo a su planificación?

—Actualmente tenemos el nuevo centro de General Flores (que según supo Brecha, entre los internos y vinculados al sistema se lo llama “Guantanamito” por su similitud con la cárcel estadounidense). Está el Centro de Ingreso (también construido en el período pasado, alberga hoy a 71 internos) y otra área ocupada por sentenciados. En esa zona están las jóvenes privadas de libertad en condiciones bastante negativas (31 internas y dos bebés). Hay otro sector que se llama Cmc (con 16 presos), donde está representado todo lo que la Convención Contra la Tortura identifica como penas inhumanas y degradantes, al igual que el área de mujeres. Pasa lo mismo en la parte delantera del Cedd Burgues (20 internados), que tiene prioridad de cierre, y al que ya se le clausuró una parte. Está el de la calle Chimborazo, llamado Desafío (36 internos entre 13 y 15 años), el Paso a Paso (34 internos), en Garibaldi casi 8 de Octubre, y Cimarrones (ocho internos en semilibertad). Las construcciones son en su mayoría inadecuadas para planificar un programa de rehabilitación. Nuestra proyección es utilizar el ex centro de reclusión de La Tablada, donde se está culminando su reconstrucción. El casco antiguo es monumento histórico, pero lamentablemente se acondicionó para un sistema de carcelaje absoluto. Lo único que hay son celdas. En ese predio, si logramos anexar los terrenos circundantes, habría espacio suficiente como para hacer un centro modelo. Nuestra intención es quedarnos con tres centros de reclusión: Belloni, el nuevo de General Flores y el futuro complejo de La Tablada. Esto no va a ser inmediato. Mientras tanto tenemos que gestionar lo que hay, que tiene muchas carencias, adaptando su clasificación y redefiniendo los perfiles de los lugares que nombré, pero que poco ofrecen para el desarrollo de programas de tratamiento y rehabilitación. En estas planificaciones edilicias todo es muy acotado y no se tuvieron en cuenta esos espacios: hay escasos salones de clase o multiuso, áreas deportivas o laborales. Para psicoterapia no existen, ni siquiera a nivel grupal.

—¿Qué va a pasar con la Colonia Berro?

—El proyecto de Berro es de cierre, cumplió una etapa. Ninguno de los llamados “hogares” cumple hoy la función que debe cumplir. La infraestructura está totalmente deteriorada. Arquitectónicamente no cumple con los requisitos para el alojamiento de jóvenes y su rehabilitación. No encuentro ningún punto positivo para apoyar la permanencia de la Berro.

—¿Cuáles son las posibilidades reales de cerrarla? ¿Cuándo?

—Vamos en una progresión. Esto va a tener que seguir algunos pasos en su evolución. Va a llevar un año y medio tener lista La Tablada. Por lo pronto, se cerró el hogar Ser una semana antes de nuestra asunción, el 20 de mayo.

—El Ser también había sido construido a nuevo, pero tenía únicamente celdas, incluso se hicieron baños dentro de las celdas, violando estándares básicos de higiene y salubridad.

—Sí, se hizo sólo el carcelaje. No solamente no cumple con los estándares, el problema es la gestión: 23 horas de encierro, en las que sólo se le hablaba al joven por la mirilla. Esa era la tarea de los educadores, la vi personalmente. Eso provoca un deterioro emocional y físico en jóvenes que están en pleno desarrollo, y genera reacciones esperables de violencia, que terminan con más violencia en una sanción y una marca en el legajo. Es un círculo vicioso que no termina. Ahora estamos próximos a cerrar (dentro de la Berro) El Hornero, porque es un hogar que no tiene agua. Eso no lo supimos durante la transición, ni lo supimos en la primera semana de nuestro ingreso.

—¿Cuántos chiquilines hay hoy en El Hornero? ¿Qué solución se plantea?

—Hay 25. Hay una construcción nueva que se llama La Casona, recién terminada y nueva, donde están trabajando la Ute y Ose para poder habitarla cuanto antes. La falta de cañerías para el agua genera problemas de salud e higiene de los jóvenes, que se tienen que bañar con agua fría o con una manguera. Ellos van a pasar a La Casona. El segundo hogar que está en situación calamitosa es el Ariel: hay hacinamiento, hay jóvenes durmiendo en el piso, y en cualquier momento se derrumba. Los jóvenes que hoy habitan el Ariel van a pasar a las 81 plazas libres que tenemos terminadas y entregadas en Belloni, en parte del área que no se ocupó y que ahora está en manos del Departamento de Arquitectura, porque falta luz y agua. Hemos anunciado que el Ariel se cierra, a pesar de la resistencia de los funcionarios que están allí, a los cuales les hemos explicado que no solamente los jóvenes están en malas condiciones, sino que ellos mismos están en situación de riesgo. Por qué están aferrados a eso, habría que preguntarles a ellos, pero han manifestado su oposición al cierre de la Colonia Berro.

—Una de las últimas medidas de la dirección anterior del sistema fue cederles uno de los hogares de la Berro para que tuvieran un local sindical dentro de la colonia, ¿cómo se justificó esa decisión?

—No está en funcionamiento. Fue una resolución de la administración anterior, la cual todavía no hemos abordado porque hay otros temas de mayor urgencia, como los que mencioné.

—¿Qué se planifica con respecto al personal de los centros de reclusión?

—La capacitación y formación del personal es fundamental. Apoyándonos en una de las fases de un proyecto de apoyo existente de la Unión Europea estamos haciendo una investigación de campo sobre los perfiles de los funcionarios y las tareas que desempeñan. Buscando un resultado que nos diga qué perfil precisamos para cada una de las funciones del sistema que hoy existen. Lo cual también a su vez nos va a permitir organizar la capacitación y reordenar aquellos que no estén cumpliendo las funciones que corresponden a su perfil.

—¿Qué funcionarios están trabajando en Belloni?

—Hubo una distribución de los funcionarios a partir del cierre del Ser. El número de funcionarios no es el problema en el sistema. Lo que hay que hacer es una recapitulación de los recursos humanos y otra administración de los mismos. Es otra tarea bastante laboriosa y recién estamos entrando en terreno, centro por centro.

—¿Qué sucedió con los funcionarios del hogar Ser procesados sin prisión por la justicia el año pasado? Se sabe que continúan en el Sirpa.

—Sacamos una resolución a comienzos de este mes estableciendo que aquellos que han cumplido la sanción de suspensión del cargo por seis meses en la órbita administrativa, y que no han tenido una sanción en la órbita penal, se reintegren al servicio en tareas que no tengan contacto con los jóvenes privados de libertad, como criterio sanador progresivo dentro del sistema y de reordenamiento de los perfiles. Han demostrado no tener el perfil para enfrentar problemáticas que son complejas, y no vamos a repetir la historia.

—¿Cómo se asegura que eso no suceda? ¿Quién lo controla?

—Lo hacen las direcciones que correspondan donde esas personas son reasignadas. Es un control administrativo interno que lo garantiza y lo hace el Departamento de Personal. En la Comisión Delegada lo vamos a controlar en las resoluciones que dictemos a futuro.

—Su gestión habilitó una dirección de e-mail para recibir denuncias, pero una necesidad que surgió de los casos del año pasado fue la falta de un mecanismo de protección de los internos que denuncian.

—Pensamos el correo como un primer paso inmediato. Sólo tienen acceso a él los miembros del directorio y dos personas de confianza de nuestro círculo, una abogada y un administrativo encargados de acusar recibo y desplegar lo necesario en función de la denuncia. Esto lo comunicamos al grupo organizado de familias. Además habrá un 0800 que está en trámite, y también buzoneras. Pero la operativa de éstas es compleja.

—¿Es un mecanismo seguro para que los jóvenes presos puedan denunciar abusos?

—Es complejo, porque si dentro del sistema se ve alguna persona que ponga una nota dentro de un buzón… pero sí, está dirigido a los jóvenes. Pensamos también en poner un técnico que vaya módulo por módulo entregando una hoja que permita denunciar anónimamente.

—¿Cómo han actuado frente a las denuncias ya recibidas?

—Hemos hecho intervenciones personalmente y pretendemos que los dispositivos dispuestos sean tomados por los equipos técnicos en cada uno de los hogares. El sábado pasado (se refiere al 20 de junio) ocurrió un hecho y el domingo de mañana me presenté con el director de Seguridad en el centro, así como otro día lo hizo la directora de Programas. Actuar implica hablar con el joven en un ambiente amigable y de confianza, en donde le garantizamos que no tenga consecuencias. Luego, la inmediata comunicación con la familia, y lo que nos falta en la cadena, que haremos a fin de este mes, será una reunión con jueces, fiscales y abogados defensores, porque pretendemos que los defensores participen de estas reuniones. Luego marcamos un protocolo. Son muchos los controles que hay que instalar en el sistema de privación de libertad.

—Brecha accedió a un expediente administrativo sobre un hecho ocurrido durante el año 2012, en el que más allá de la responsabilidad que le cupo al director del sistema, el extenso proceso de investigación diluyó la sanción al funcionario y dejó por el camino la responsabilidad del resto de los actores involucrados, incluidos los mandos medios. ¿Analizan estas dificultades a la hora de prevenir sucesos similares?

—Un promedio óptimo deben ser seis meses de investigación. Trataremos de que todo se tramite dentro de plazos normales. Respecto a la incidencia de otros actores en estos hechos, depende de la investigación, pero el sistema tiene que darse cuenta de que todos somos funcionarios públicos, estamos sujetos a los reglamentos de la administración pública. Frente a un hecho que amerite sanción administrativa o penal se incurre en la falta tanto por acción como por omisión. Preventivamente, el próximo 20 de julio empezaremos un curso, una vez por semana, para que los directores de los centros vayan incorporando normativas referidas a la protección de los derechos de los adolescentes. Dentro del nuevo organigrama propuesto en el anteproyecto de ley del Irpa (para trasladar el sistema penal del Inau al Mides, véase Brecha, 26-VI-15) incluimos un centro de formación específico para el trabajo con los adolescentes privados de libertad.

—Con este panorama tan complejo, ¿cómo se garantiza que la creación del Irpa no sea sólo un cambio de nombre?

—Tenemos el objetivo de modernizar el sistema, entramos con una metodología de trabajo de carácter científico que hasta ahora no existió. Tenemos herramientas suficientes como para hacer una planificación, estamos convencidos de que esto debe ser cambiado, y tenemos un equipo técnico en el cual todos los que llegan tienen mucha experiencia en el campo de la criminología (el proyecto de ley mencionado prevé la creación de un nivel intermedio de direcciones entre la Comisión Delegada y las ya existentes direcciones de programas, que ocuparían estos técnicos, afines a Fulco). Pensamos que hay gente muy capaz dentro del sistema que ha estado inhibida y no aprovechada para el funcionamiento, y nosotros queremos rescatarla, darle la posibilidad de aparecer. Esto fue inundado por criterios de seguridad, y la rehabilitación quedó escondida. Hoy se ponen obstáculos para cualquier iniciativa por razones de seguridad, que no se sustentan con un argumento, simplemente es una frase que se dice. Esa es la lógica que estamos tratando de cambiar. n

1.     Lo dijo Michel Foucault.

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