A principios de este año, en entrevista con Brecha, el presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, afirmó que la mutualista no corría ningún riesgo de cierre, a pesar de la complicada situación económica por la que atraviesa desde hace varios años. El médico opinó, en cambio, que existía una «confabulación» por parte de actores políticos, médicos sindicalizados y periodistas que intentaban desprestigiar a la institución (véase «La salud es el negocio más grande que existe», Brecha, 5-I-24). Las declaraciones de Rodríguez coincidieron entonces con la expulsión del médico Álvaro Niggemeyer del directorio de la mutualista. Pero las dificultades económicas continuaron.
Al cierre del año pasado, un informe de auditoría reveló que el CASMU arrastra un patrimonio neto negativo de 1.486 millones de pesos. La auditoría externa (realizada por Estudio Kaplan) afirma que la mutualista tiene un capital de trabajo negativo –necesario para cumplir sus obligaciones de corto plazo– de casi 4.000 millones de pesos; además de siete fideicomisos, diez hipotecas por 2 millones de dólares y 420 unidades indexadas, y litigios o reclamos laborales por un costo aproximado de 810 millones de pesos más (Búsqueda, 1-V-24). A la par, veedores del Ministerio de Salud Pública (MSP) trabajaban para estudiar el flujo de caja de la empresa.
Recientemente, en el marco de una exposición organizada por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, informó que, aunque hay una «estabilidad del sistema» en general, son varias las mutualistas que están recibiendo ayuda económica por parte del gobierno, pues tienen «resultados que no son tan buenos». Consultada específicamente por el CASMU, Rando indicó que «no es solamente CASMU, hay alguna otra institución [a la] que también estamos ayudando». La ministra no dio más detalles al respecto.
Brecha confirmó, sin embargo, que la semana pasada el CASMU solicitó al Poder Ejecutivo un nuevo fideicomiso. En diálogo con el semanario, Rodríguez admitió que el trámite fue iniciado, e indicó: «La ley marca que podemos pedir una garantía al Estado para poder acceder a un fideicomiso. Acceder o no [acceder] depende de que haya bancos, AFAP o quien sea, que dé el dinero para que el Estado garantice». Actualmente la empresa está terminando de pagar el fideicomiso que pidió en 2009; eso significa que para octubre de este año –mes de las elecciones nacionales– se ve obligada a contar con más recursos para poder mantener su flujo de caja. «La empresa, como cualquier otra, busca nuevos créditos para proyectarse y refinanciar», agregó Rodríguez.
Ante esta situación, fuentes del MSP consultadas por Brecha explicaron: «CASMU pidió un fideicomiso y se hizo un expediente reservado que está en estudio de los contadores y que en cuanto siga su proceso se tomarán las decisiones que serán informadas a toda la prensa», dijeron oficialmente desde la cartera.
En los últimos meses, la institución fue golpeada a nivel público a raíz de la eyección de Niggemeyer y del fuego cruzado sobre denuncias de persecución sindical (véase «El técnico 40.004», Brecha, 12-I-24). En tanto, para mantenerse en pie, una de las decisiones tomadas fue la de imponer a todo su personal médico y no médico la obligación de afiliarse a la mutualista. Respecto a sus acreedores inmediatos, se utilizó la herramienta de pagos constantes con cheques diferidos y se inició la búsqueda de nuevos créditos e inversionistas (véase «Cheque diferido», Brecha, 31-III-23).
Este mes, según pudo saber el semanario, la mutualista solicitó un préstamo al Banco República, con el que se pagaron los aguinaldos y se aseguraron los sueldos del mes de julio. «Necesitamos capital de giro», enfatizó a Brecha el presidente del CASMU. Consultado sobre cómo se va a utilizar el dinero del nuevo fideicomiso –en el hipotético caso de que se les otorgue–, Rodríguez dijo que será para «mantener la reestructura del pasivo y seguir financiando la deuda».
Rodríguez también expresó que todo lo referido a sueldos está asegurado. Sin embargo, el semanario confirmó que en cuanto a liquidaciones –ya sea por renuncias o por jubilaciones– continúan los retrasos. En algunos casos, se llegó a demorar más de un año en completar los pagos. Preguntado sobre el asunto, Rodríguez dijo que le hacen frente al problema «mes a mes» y que, en los casos de las liquidaciones, se paga «de acuerdo a una cadencia que tenemos estipulado con los contadores»: «Damos 8 por ciento por mes de licencia, es una manera de mantener un flujo de caja adecuado, porque si todo el mundo se va en enero o febrero, es un problema. Con las jubilaciones sucede lo mismo».
Los rumores acerca de una posible intervención resuenan en los pasillos de la mutualista. Sin embargo, desde el ministerio mantienen la cautela. Fuentes de la cartera dijeron al semanario que «hay un fideicomiso en estudio y eso llevará varios días o semanas» y se negaron a «dar información anticipadamente» sobre «decisiones que no están definidas».
Respecto a la posibilidad de una intervención, Rodríguez lo negó rotundamente: «No lo puedo saber, pero imagino que no, porque no hay causal para hacerlo. Estamos en Estado de derecho y se respeta. La única vez que hubo una intervención en el CASMU fue en la dictadura militar, eso es así y esperemos que no ocurra», afirmó.
Mientras tanto, el consejo directivo sigue con sus reuniones semanales, aunque la reunión de la semana pasada fue cancelada de manera abrupta y reagendada para otro día. Esto se debió a que el presidente mantuvo «una reunión política» que no le permitió asistir. Consultado sobre las características de esa reunión, Rodríguez afirmó: «No puedo decirlo».
