Fui a despedir a Mariano al cementerio. A la vuelta, apenas entré a casa, sonó el teléfono. Los amigos de Brecha me proponían escribir una nota sobre Arana y su condición de urbanista. Aunque tiene que estar pronta para el jueves y nunca enfrenté un desafío de esta naturaleza, lo acepté. No pude negarme, al menos, a intentarlo. Para los vecinos, los habitantes y los ciudadanos de nuestro país, se trata de una pérdida mayúscula. Con la muerte de Mariano hemos perdido a uno de sus intérpretes más comprometidos de los últimos cuarenta años. Recordar sus aportes urbanísticos es una oportunidad para hablar también del territorio, de su presente y su futuro, que tanta falta nos está haciendo.
La trayectoria de Arana no es sencilla de analizar. La calidad y cantidad de sus proyecciones en distintas esferas públicas es impactante. Como pocos, realmente muy pocos, supo integrar en su cotidiano facetas muy diversas de la condición humana y asociarlas con virtuosa coherencia. Solo señalo tres. Fue arquitecto y, como tal, fue un comprometido promotor de la vivienda popular, del cooperativismo y de la ciudad democrática. Fue estudiante-docente-investigador universitario profundamente comprometido con la sociedad y sus necesidades materiales y espirituales. Finalmente, en el amplio campo de lo político, su compromiso tuvo proyecciones insospechadas que, alimentadas por sus reconocidas capacidades técnicas, le permitieron promover proyectos y acciones de enorme impacto transformador.
Mariano Arana era una persona muy comprometida con la vida y sus actores, nosotros los ciudadanos. También tenía una visión muy precisa de nuestra disciplina, de sus atributos y de su razón de ser. Finalmente, se trataba de una persona sumamente coherente. Estas tres características, en mi opinión, abonaron sus recorridos y aportes fundamentales en la materia. Intentaré ilustrarlos parcialmente haciendo referencia a cuatro hitos que entiendo decisivos en la historia reciente de nuestro territorio, sus ciudades y sus gentes. Y trataré de hacerlo, en buena medida y dentro de lo posible, con sus propias palabras.
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En primer lugar, quiero mencionar el Grupo de Estudios Urbanos (GEU), que Arana supo animar y liderar. Asociado a sus denuncias sobre las demoliciones abusivas perpetradas por entonces en la Ciudad Vieja de Montevideo, muy a menudo se lo identifica con la mera defensa del patrimonio, los monumentos y un pasado que fatalmente se va. En 1983, en la contratapa de Una ciudad sin memoria,1 se afirmaba que «en estos últimos años hemos asistido a la indiscriminada destrucción de edificios insustituibles, así como al arrasamiento y la desfiguración de zonas caracterizadas de nuestra ciudad. Todo esto, en forma directamente proporcional a la intensidad del así llamado “boom” de la construcción». Esta doble preocupación temporal que asocia presente y pasado del territorio, de la ciudad y sus arquitecturas, aunque a menudo se olvida, siempre estuvo presente.
En la introducción de Una ciudad sin memoria, Arana sostiene que «el auge constructivo de los años recientes –así como su reverso: el deterioro de la ciudad– son los síntomas visibles de un trasfondo que lo explica y lo vertebra: la liberación de alquileres y una política económica a nivel nacional que […] privilegia el capital especulativo». El neoliberalismo comenzaba a hacer visible las consecuencias de sus primeros pasos en materia de ciudad. La brutal desafectación decretada por la dictadura de «buena parte del patrimonio histórico, artístico y cultural de la Nación» lo dejaron librado, «de tal suerte, a las leyes de oferta y demanda impuestas por el mercado inmobiliario». Algo así como su proyecto de defunción.
Pero las preocupaciones planteadas iban mucho más lejos. Arana sostiene que «pocas veces […] se ha construido más en el país. Pocas veces, sin embargo, se ha construido peor. Y lo que es más grave, con el mayoritario respaldo del financiamiento estatal». En este sentido, agregaba que «la gravedad del problema […] trasciende al edificio aislado, al árbol y aun a la calle o la plaza, para alcanzar, en algunos extremos, a la desfiguración paisajística y geográfica». Mientras lo escribía, podemos imaginar que muy probablemente pensara en intervenciones tan dañinas y autoritarias como fueron los nuevos accesos a la ciudad de Montevideo o las ampliaciones del canal Andreoni en Rocha.
Si bien Arana denuncia «alteraciones insensatas, inserciones incongruentes, sustituciones indecorosas, demoliciones de obras insustituibles», asociar su prédica con una mera preocupación por la conservación de nuestro pasado es una manera de desnaturalizarla. «Estamos convencidos de que nuestro pasado forma parte de nuestro futuro, y convencidos, asimismo, [de] que no es posible eliminar sustentos básicos de nuestra memoria colectiva, sin mengua de nuestra gente y de nuestro ser nacional». Arana es muy claro: «Nuestro presente es tan histórico como nuestro pasado y a él fundamentalmente nos debemos. Es entonces con miras a la transformación científica, sensible y progresista de la ciudad nueva que debe validarse nuestro enfoque».
Tres años después, en una publicación del GEU coincidente con la apertura democrática, se afirma que «un proyecto de sociedad democrática se corresponde necesariamente con un proyecto de ciudad democrática, que es conveniente explicitar, discutir, definir y comenzar a desarrollar».2 Pocos años después llegaría la oportunidad.
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En efecto, diez años más tarde, Mariano Arana se convirtió en intendente del departamento de Montevideo. Uno de sus proyectos más importantes al frente de la comuna fue la realización de su plan de ordenamiento territorial. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) fue el primer plan concretado en nuestro departamento con una propuesta planificadora y reguladora para el conjunto del territorio departamental, comprendiendo sus costas y sus cauces de agua, sus ámbitos rurales y urbanos. Tiene, incluso, algunos atisbos básicos en relación con su necesaria proyección metropolitana, más allá de las restricciones jurídicas que tenía para abordarla.
Démosle la palabra al propio intendente, que el 18 de diciembre de 1997 presentó el proyecto en la Junta Departamental. «Este Plan es inconformista y propone una ciudad alternativa, una ciudad mejor que la que hoy poseemos. No queremos un plan para organizar mejor lo que existe, para dar orden a la desigualdad, a la iniquidad, al deterioro físico y ambiental, a la ciudad dividida entre una costa rica y equipada y una periferia casi siempre postergada». Se trataba, por lo tanto, de transformar la realidad con «un plan para dignificar a la gente. Queremos un plan para la transformación y el cambio. Un plan para construir una ciudad más equilibrada, ambientalmente sana, estructurada de acuerdo a un auténtico sustrato democrático y democratizador, en torno a un sistema de espacios públicos dignificados y calificados». Con el tiempo vendrá eso que se dio en llamar planificación derivada. Planes parciales, locales, programas y proyectos. Ciudad Vieja y Casavalle, el Prado, Carrasco y Pocitos, Bella Vista, Goes y Barrio Sur, el Miguelete y 18 de Julio, el espacio público y sus equipamientos, el saneamiento y sus impactos en los espacios urbanos y la salud de sus habitantes, la movilidad y la integración de las periferias…
El POT propuso un proyecto de territorio que fue concebido, desde sus fundamentos, para construir «una ciudad de personas y ciudadanos. Una ciudad para vivir y no tan solo para sobrevivir. Una ciudad para gozar y disfrutar. Una ciudad donde desarrollar nuestra identidad y nuestras identidades. Una ciudad de hermanos y de iguales, de encuentro entre los diferentes. Una ciudad de gente trabajadora y productiva. Una ciudad de gente cultivada y capacitada, aunque no sea erudita. Una ciudad que respete y quiera al que no tiene techo, al anciano, a los gurises, a las personas con distintos grados de discapacidad, a los jóvenes y a los que hoy no encuentran trabajo. Una ciudad de la que sentirse orgullosos».3
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Diez años más tarde, en 2008, el Parlamento aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. La ley, promovida por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, bajo la conducción de un Mariano Arana devenido ministro, fue un aporte trascendente para nuestros territorios y su gestión, sus proyectos, su transformación, su protección y su institucionalidad. En los escasos tres años que estuvo al frente del ministerio, Arana logró lo que hacía casi 20 se venía intentando.
Más allá de sus diferentes escalas y naturalezas, el Plan Montevideo y la Ley de Ordenamiento Territorial tienen amplia coincidencia en sus objetivos y en sus compromisos. Basta considerar el tercer artículo de la ley, que define al ordenamiento del territorio como «el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen por finalidad mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales».
La Ley de Ordenamiento fue la primera, en la materia, que los uruguayos logramos convenir. Hasta su aprobación parlamentaria, nuestro marco legal no contemplaba al territorio como tema de políticas públicas participativas. La ley las hizo obligatorias y, con ello, generó un marco normativo que redujo radicalmente la discrecionalidad de las jerarquías del Estado y ayudó a profundizar en transparencia y compromiso. En este sentido, representó un paso trascendente en el desarrollo de una cultura que, abandonando la idea del territorio como fatalidad técnica, pasó a considerarlo una construcción social decididamente imbricada con la calidad de vida ciudadana.
Desde la sanción de la Ley de Ordenamiento muchos instrumentos se aprobaron en toda la república y muchos ámbitos técnicos se han consolidado en sus distintas intendencias. Planes de distinta naturaleza, directrices específicas o generales, sistemas de información, catálogos y repositorios… Los avances en la materia han sido relevantes.
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Claro, concretar las leyes exige voluntad política y ello no es para nada menor. La ley no produce el cambio, sino que lo hace posible y le da viabilidad. ¿Acaso nuestra Constitución, en su artículo 45, no afirma que «todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa»? Todos sabemos que dicho derecho no está asegurado para todos los habitantes. ¿Entonces? Concretar las leyes exige voluntad política para transformarlas en proyectos, en programas y en presupuestos, en agendas y prioridades, en iniciativas e innovaciones, es decir, para hacerlas realidad de manera adecuada. En 2015, el exministro, exintendente, exsenador y profesor, que eso nunca se pierde, fue elegido edil. Y se transformó, nuevamente, en un activo militante y representante de los montevideanos y sus mejores expectativas. En una nota aparecida en Brecha el 17 de junio de 2016, que llevaba por título «¿A quién le importa la ciudad?», Mariano Arana volvió a las fuentes y a sus históricos combates en su defensa. Démosle nuevamente la palabra. «En la mañana inhóspita del domingo 29 de mayo concurrí al comité Guaycurú del FA, el primero visitado por mí en horas de la mañana. No poca fue mi sorpresa al percibir que la asistencia alcanzaba a unas 35 personas. Uno de los temas que concitó un apasionado intercambio de ideas fue la pregunta: “Arana, ¿qué pasa con las transformaciones programadas para los barrios de Bella Vista y Capurro?”.» «Compartí, por cierto, tal preocupación […]. El cuidadoso proyecto elaborado en el año 2009 […] que contó con el decidido apoyo de la población de la zona» estaba puesto en cuestión a partir del nuevo tren que se pretendía hacer llegar a la bahía. En su opinión, desestimar dicho proyecto «supondría barrer con la última posibilidad que le queda a los montevideanos de conectarse con su bahía y gozar del esplendor de su configuración geográfica». Tenía la convicción de que los vecinos todos, los «marineros, estibadores, funcionarios, hoteleros, lustrabotas, agentes de la prefectura, bolicheros, fotógrafos, prostitutas, artistas y paseantes, todos se [beneficiaban] con la permeabilidad entre bahía y ciudad». En su opinión, «bahía, puerto y ciudad constituyeron desde siempre una unidad», y perderla, contando con alternativas de relevancia estratégica como Puntas de Sayago, era imperdonable.
Durante todo el período, Arana tuvo un compromiso permanente con el tema y difundió en todos los foros posibles su decidida oposición al proyecto del nuevo tren. Me tocó encontrarlo a menudo en dichas instancias. Nunca se cansó de repetir que «Montevideo es una ciudad-puerto y no un puerto con una ciudad a sus espaldas». Evocaba permanentemente, por entenderla pertinente, «la entrañable figura del general Seregni y su visión estratégica de mediano y largo plazo, invitándonos a decir lo que pensamos y hacer lo que decimos».
Tres años después, en marzo de 2019, fue difundida una declaración de seis «técnicos frenteamplistas» que se habían desempeñado en distintos cargos de gestión en materia territorial y no compartían el proyecto del tren en los términos planteados. Entre ellos, naturalmente, Mariano Arana. El texto se abría con una frase suya: «Estamos convencidos de que posturas economicistas y descarnadamente productivistas derivan en resultados éticamente incompartibles, socialmente irresponsables y políticamente regresivos». Se solicitaba la promoción de «un debate amplio sobre la planificación de la Bahía de Montevideo y sus impactos en los ámbitos urbano y metropolitano». Lamentablemente, no hubo debate. Como en la tradición anterior, esa que supuestamente había sido erradicada por la Ley de Ordenamiento, el proyecto se realizó contra viento y marea y sin ninguna participación vecinal.
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Todo lo dicho está lejos de agotar los aportes de Mariano Arana en la materia. Tal vez logre ilustrarlos parcialmente. En los tres primeros hitos comentados tuvo una participación decisiva para lograr llevar a buen puerto propuestas de enorme trascendencia. En todos los casos se trató de proyectos colectivos. Como dijo en su presentación del Plan Montevideo a la Junta Departamental, se trataba de la «apuesta de toda una generación, la apuesta que esta generación de montevideanos realiza para el futuro, para aquellos que vendrán a sucedernos».
Sin embargo, con el proyecto no alcanza, aun siendo colectivo y programático. El cuarto hito comentado pone en evidencia que cuando no hay voluntad política la pertinencia técnica es absolutamente prescindible e irrelevante. La soberbia circunstancial, en nuestra materia, no es para nada excepcional. Y ello subraya, en mi opinión, la trascendente contribución de Arana. Nos heredó un conjunto de herramientas y experiencias, puntos de vista y principios éticos, proyectos y realizaciones que enaltecen su memoria y mucho enriquecen nuestro presente.
Al inicio de esta nota señalé que Mariano Arana fue una persona profundamente comprometida con la vida y que tenía muy claros los atributos de la arquitectura y su razón de ser. Su coherencia fue, sin duda, excepcional. Y sus aportes, en mi opinión, lo destacan singularmente como técnico y como político. Espero haber logrado ponerlo en evidencia. Para concluir, debo decir que, como persona, Mariano fue un tipo entrañable.
1. Una ciudad sin memoria fue, en primer lugar, un audiovisual realizado para ser presentado en un congreso celebrado en la ciudad de Buenos Aires, en noviembre de 1980. En 1983, fue publicada por Banda Oriental una versión en libro que cuenta con una introducción escrita por Arana para la ocasión.
2. Ciudad Abierta, boletín del GEU, n.° 1, marzo de 1985.
3. La intervención de Arana en la Junta Departamental fue publicada como introducción al Plan Montevideo en su edición en papel de 1998.
