A pesar de que su partido fue el vencedor en número de votos y bancas (136) en el Congreso de los Diputados, a Alberto Núñez Feijóo no le salen las cuentas para ser investido presidente. Al resultar inalcanzables los 176 escaños que señalan la mayoría absoluta, sus primeras negociaciones en busca de la mayoría simple han arrojado el apoyo de la extrema derecha, Vox (33), y del único diputado electo de la Unión del Pueblo Navarro. Esta formación, cuyo horizonte es el regionalismo y, en consecuencia, conseguir de Madrid mayores inversiones para Navarra, representa a la oligarquía local tradicional y está alineada ideológicamente con el Partido Popular (PP) de Feijóo, con el que acostumbraba a concurrir en coalición hasta hace dos años.
Dos partidos políticos más han sido interpelados por Feijóo: Coalición Canaria (CCA) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Aunque ambos son de derecha, en el caso vasco, podríamos decir que, a pesar de tener un origen democratacristiano, sus políticas actuales tienen un fuerte sesgo socialdemócrata.
Fernando Clavijo, secretario general de CCA, reconoció el lunes 24 de julio que recibió llamadas tanto por parte del socialismo como de los populares y señaló que su agrupación no dará un voto afirmativo a una investidura en el caso de que Vox o Sumar, a los que denomina «los extremos», participen en el gobierno del Estado. Señaló que el voto de su diputada electa no es decisivo para formar una mayoría, pero que sí lo será a lo largo de la legislatura para sacar adelante asuntos como leyes o presupuestos. El PNV, por su parte, ni siquiera se abre a la posibilidad de sentarse a dialogar con el PP, dada su alianza con la extrema derecha.
LA VOZ VASCA EN MADRID
Ejercer de portavoz de los intereses vascos en Madrid y conseguir los mayores beneficios en materias de autogobierno (transferencias de competencias de Madrid al gobierno vasco) e infraestructura (tren de alta velocidad, puertos) ha sido el papel desempeñado por el centenario y democratacristiano PNV desde el regreso de la democracia. Para ello, a nivel nacional ha pactado tanto con el Partido Socialista Obrero Español como con el PP, independientemente de los acuerdos de gobierno que a nivel vasco mantiene históricamente con el socialismo, que se reeditaron, una vez más, tras las municipales de mayo. Una política pragmática en la que su horizonte ideológico de independencia vasca siempre quedó diluido.
Este rol de voz vasca en Madrid fue históricamente posible por la política desarrollada por su competidor de la izquierda nacionalista vasca, proclive a no inmiscuirse en los asuntos del Estado nacional (llegó incluso, en su momento, a no ocupar las bancas que obtenía en el Congreso). La situación, empero, ha cambiado en los últimos años, a raíz, en especial, del cese de la violencia: ahora, la izquierda nacionalista, representada por la coalición Euskal Herria Bildu (EHB, en castellano «Reunir al País Vasco»), formada por tres partidos de corte socialdemócrata, apuesta por la participación institucional y las aportaciones en positivo, alejándose de maximalismos, de su antiguo todo o nada. Así lo ha demostrado en la recién acabada legislatura, en la que sus votos han sido claves para que el gobierno progresista pudiera sacar adelante los presupuestos generales del Estado y 14 leyes, como la de vivienda, la de eutanasia y la que permitió limitar el precio del gas. Del viejo lema «independencia y socialismo», se ha pasado al actual «soberanía y democracia».
Este cambio de actitud, unido a la quiebra que la pandemia provocó en la imagen de buen gestor de lo público que, hasta la fecha, ostentaba el PNV, ha supuesto el continuado ascenso electoral de EHB y el descenso de la formación democratacristiana local. En estos últimos comicios, esa trayectoria se ha traducido en el Congreso en seis bancas para la izquierda y cinco para el PNV.
El martes 25 de julio, durante una entrevista concedida a la radio pública vasca, Arnaldo Otegi, líder de EHB, señaló que su coalición ya facilitó con su abstención la anterior investidura de Pedro Sánchez y que, en esta ocasión, «si hace falta votar a favor», lo hará.
El mismo camino seguirán el Bloque Nacionalista Galego, que ya ha ofrecido el voto de su diputado a un gobierno de izquierdas para evitar nuevas elecciones –sin que ello «suponga un cheque en blanco para Sánchez»–, y los siete diputados electos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Según algunos analistas, las políticas recientes de ERC, análogas a las de EHB, le han supuesto perder en esta elección siete diputados a manos de la abstención, reclamada por amplios sectores del independentismo catalán que no han visto que el apoyo dado al gobierno de Sánchez se haya traducido en avances respecto a la autodeterminación de Cataluña, que llegaron a calificar a los líderes independentistas de traidores a la causa.
PUIGDEMONT Y JUNTS, LA CLAVE
La clave para conseguir la mayoría simple, más síes que noes en la sesión de investidura, pasa por el voto favorable o la abstención de Junts per Catalunya (siete bancas), el partido del eurodiputado y expresidente catalán Carles Puigdemont, en Bélgica desde hace cinco años –para unos, huido y exiliado, para otros, un simple prófugo–. Junts, con un espacio político e ideológico por definir y con dos tendencias en su interior, una pragmática y otra intransigente, anunció en la noche electoral que la amnistía a los líderes del procés y un referéndum de autodeterminación eran sus exigencias para apoyar al candidato socialista. Pero de las palabras de sus líderes se desprende la voluntad de negociar: frente al electorado catalán, se han presentado como capaces de negociar con Madrid más y mejor que sus rivales de ERC.
Detrás de la decisión de favorecer a Sánchez existe el peligro de que parte de su militancia y electorado independentista se sientan traicionados; por otro lado, si bloquean la investidura del socialista, más allá de arriesgarse a recibir un castigo electoral, también corren el riesgo de perder su centralidad en la política catalana; sería difícil de explicar a muchos votantes, en el actual contexto de polarización entre derecha e izquierda y de freno momentáneo a las políticas de extrema derecha (que el propio PP ha hecho suyas), una decisión de que Junts no permita la investidura de Pedro Sánchez y favorezca al bloque contrario.
Desde Sumar, el partido de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ya se han iniciado las conversaciones con Puigdemont a través de Jaume Asens, considerado el alma soberanista de Sumar en Cataluña.
Pero la línea a seguir por todos estos partidos es la expresada por el secretario general de CCA: hay vida más allá de la investidura; la legislatura es larga y es tremendo el valor de los 28 escaños conquistados por las siete formaciones políticas periféricas para negociar presupuestos y leyes, negociaciones en las que todas ellas esperan arrancar a corto plazo mejoras sustanciales en la financiación e infraestructuras de sus respectivas comunidades autónomas. Y, a largo plazo, ir sentando las bases que permitan aumentar su autogobierno dentro del marco legal actual e incluso su modificación para aspirar a mayores metas.
