Alejandro Balbi siguió de cerca el proceso de entrega del pasaporte a Sebastián Marset mientras estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos. Se encargó de la gestiones ante la cancillería uruguaya para que Marset firmara los documentos para iniciar el trámite, se reunió con la entonces vicecanciller, Carolina Ache, para saber cuándo salía la valija diplomática hacia el emirato en el que se encontraba y se contactó con el exsubdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) Alberto Lacoste para intentar acelerar el trámite.
El hoy presidente del Club Nacional de Fútbol era el abogado de Marset desde 2019, cuando, junto con su hermano Carlos, presentó la apelación de la condena contra el narcotraficante dictada por la jueza Adriana Chamsarian. Sin embargo, esos trámites efectuados por Balbi están bajo la lupa de la fiscalía. El fiscal Alejandro Machado dispuso su citación en calidad de indagado en el proceso de investigación abierto por las distintas responsabilidades en la entrega del pasaporte a Marset. De esta forma, el fiscal busca determinar cuáles fueron las gestiones que llevó a cabo y si estuvieron ajustadas a derecho, dijeron fuentes judiciales a Brecha.
Según los informantes, la fiscalía tramita la causa bajo varias hipótesis: abuso de funciones, cohecho, soborno y tráfico de influencias. Por eso, se investiga la responsabilidad de las autoridades estatales que participaron en forma directa o indirecta en la entrega del pasaporte, pero también la posible incidencia de privados en la trama.
En este contexto, Machado resolvió citar como indagados a varios jerarcas y funcionarios de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores. La lista incluye a los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, al subsecretario Guillermo Maciel y a la exvicecanciller Carolina Ache. También deberán comparecer los funcionarios del servicio exterior que participaron del proceso y las máximas autoridades de la DNIC de ese momento (véase «El peso de la hermandad», Brecha, 30-VI-23). La única citada como testigo, por ahora, es la funcionaria de cancillería que hizo la investigación administrativa.
La citación de Balbi como indagado causó malestar en algunos abogados que iniciaron un, por ahora, discreto lobby para cuestionar lo que consideran una medida que pone en entredicho el derecho a defensa. Ese disgusto comenzó a trasladarse, por distintas vías, hacia el edificio de Misiones y Cerrito, donde funcionan las fiscalías penales, y también hacia la sede de la Fiscalía General de la Nación.
Sin embargo, la indagatoria de Balbi no refiere a su rol de abogado (por su actuación en un juicio, una audiencia o el vínculo con su cliente), sino por su rol como gestor, ya que sus acciones buscaban concretar un trámite administrativo para un tercero, en este caso Marset. Si eso encuadra o no en los oficios que debe llevar adelante un abogado defensor se debatirá durante la investigación. Balbi será defendido por los abogados Juan Fagúndez y Laura Robatto.
