El peso de la hermandad

Juan José Lacalle Pou es el menor de los tres hijos del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera y de Julia Pou. A diferencia de su hermano Luis, el presidente, se mantuvo alejado de los flashes de la política y de la fama. Egresado de Economía por la Universidad de la República (Udelar), tiene un MBA en Administración de Empresas de la IE Business School y una maestría en Economía por la Udelar.

Entre 2001 y 2003, el menor de los Lacalle Pou se desempeñó como analista en la Dirección Nacional de Industrias. En 2005, ingresó como senior analyst en Ficus Capital SA, una empresa dedicada a servicios de asesoramiento, desarrollo de proyectos y ejecución de transacciones en el Cono Sur, que estuvo detrás del proceso de asociación de Pluna con Leadgate SA, la empresa dirigida por el argentino Matías Campiani.

Tres años después, Juan José se integró al estudio Posadas, Posadas & Vecino, cuyo referente es Ignacio de Posadas, exministro de Economía durante el gobierno del padre, donde trabajó hasta 2013. Con esa experiencia sobre sus hombros, emprendió su propio camino y cofundó el grupo Strip Centers Uruguay, dedicado a desarrollar una cadena de ese tipo de centros comerciales. Además, es socio de Intrust Business Solutions, una firma de servicios profesionales boutique, fundada en 2014. En su cuenta de Linkedin, se presenta como un profesional con más de 10 años de experiencia en banca de inversión, que desempeñó roles en corporate finance, capital markets y real estate.

Pese a su bajo perfil, su nombre apareció mencionado en una investigación administrativa que llevó a cabo el Ministerio del Interior (MI) y que fue remitida a la Fiscalía en el marco de una indagatoria penal que tiene en la mira a autoridades de la cartera de seguridad y de la cancillería: la entrega del pasaporte a Sebastián Marset Cabrera.

Juan José Lacalle Pou fue señalado por varios funcionarios por pedir, en forma sistemática y reiterada, favores al ex subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) Alberto Lacoste¹ con el fin de adelantar el trámite de cédula de identidad de diversas personas. Se trata de una situación sobre la cual la Fiscalía no tiene indicios de actos delictivos, pero que revela las facilidades que otorga el aparato estatal a las personas cercanas al poder.

EL COMIENZO

Los asesores del ministro Luis Alberto Heber partieron raudos hacia el MI. Ese día, 22 de agosto de 2022, el titular de la cartera de seguridad enfrentaba una dura interpelación por la entrega del pasaporte al narcotraficante Marset mientras se encontraba detenido en una prisión de Emiratos Árabes Unidos por ingresar a ese país con un pasaporte falsificado. Pero, con un pasaporte uruguayo legal, Marset pudo fugarse poco antes de que se desatara la ola de detenciones por la operación A UltranzaPy, que desbarató una organización dedicada al tráfico de cocaína desde Bolivia y Paraguay hacia Europa, liderada por él.

Durante la interpelación, mientras intentaba eludir los golpes de la oposición, Heber anunció el inicio de una investigación administrativa contra el exsubdirector de la DNIC, Alberto Lacoste, por haberse reunido con el abogado Alejandro Balbi –representante de Marset en Uruguay–, antes de la entrega del pasaporte al narcotraficante, sin informarlo a las autoridades. Al contrario de lo afirmado por Heber, la investigación administrativa se inició sobre el final de aquella larga tarde.

Ese proceso apuntó a dilucidar qué había pasado con el pasaporte dentro de las dependencias del MI. Uno de los puntos neurálgicos buscó precisar cómo se gestó la reunión entre Balbi y Lacoste, y si eso implicó acelerar el trámite administrativo. También, si eran habituales los pedidos del abogado al jerarca. En medio de los interrogatorios a los funcionarios, apareció el nombre del menor de los Lacalle Pou.

Una funcionaria lo nombró directamente: «Hay muchos pedidos de cédulas urgentes para hacer en el día y llegaban ese tipo de solicitudes continuamente al director [Mario Roldán] y al subdirector [Lacoste], así como a la Secretaría. Lacoste siempre ponía, cuando lo solicitaba, quién se lo había pedido. Estando yo no hubo solicitud del doctor Balbi. Lo que recuerdo, estando yo, son varias solicitudes de adelanto de pasaporte y cédula a pedido del hermano del presidente de la república, Juan Lacalle, que fueron a través de Lacoste. La mayoría de las solicitudes Lacoste las transmitía por Whatsapp en el grupo en el que todos teníamos conocimiento».

Otra de sus compañeras ratificó sus palabras: «Las solicitudes más frecuentes eran pedir audiencia de cédulas por parte de Juan Lacalle Pou; él realizaba muchas solicitudes a Lacoste, por eso lo recuerdo particularmente. Lacoste siempre aclaraba a solicitud de quién eran los pedidos. Del doctor Balbi no recuerdo ningún otro pedido; puede ser, pero la verdad no lo recuerdo». Los beneficiados de esos pedidos del hermano del presidente están registrados en un libro que llevaba un funcionario de la DNIC.

La investigación hecha por el MI culminó sin sanciones. Lacoste fue relevado de su cargo y pidió el pase a retiro cuando el proceso estaba en trámite. Al tiempo, se concluyó que ni él ni ninguno de los funcionarios de esa dependencia habían cometido irregularidad ni falta administrativa. El expediente, sin embargo, fue remitido a la Fiscalía –a pedido de esta–, que procura avanzar en la indagatoria sobre la entrega del pasaporte a Marset.

A LA VISTA

La investigación administrativa determinó que las gestiones de Lacalle Pou ante Lacoste no eran algo oculto ni desconocido para el resto de la DNIC. Cada uno de los pedidos quedaba estampado en un grupo de Whatsapp y en el referido cuaderno. En esas hojas se dejaba rigurosamente anotado quién realizaba el pedido, el motivo y quién era el beneficiario final. En ese registro de solicitantes aparecen, además de Lacalle Pou, senadores, diputados, dirigentes políticos, ministros, subsecretarios, directores de organismos públicos o dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol. También, jerarcas del MI, entre ellos, el subsecretario Guillermo Maciel, este último con varios pedidos de favores para adelantar trámites.

En general, eran requerimientos referidos al pasaporte, que solían tener una justificación, como el caso de algún integrante de una delegación oficial o deportiva que viajaba al exterior y tenía el documento vencido, personas que debían viajar de urgencia al exterior para hacerse un tratamiento médico o alguien que había sido robado en el exterior y necesitaba el documento para continuar su viaje con amigos o familiares. En el caso de Lacalle Pou, los pedidos apuntaban a acelerar la gestión de la cédula, aunque se desconocen los motivos.

De acuerdo con el testimonio de los funcionarios, esta es una práctica habitual en la DNIC desde hace muchos años. Se hacían tres o cuatro por día, entre los más de 2 mil trámites diarios que realiza esa dependencia ministerial. En este sentido, Rubén Amato, titular de la DNIC durante gobiernos del Frente Amplio, afirmó a Brecha que era común recibir peticiones de ciudadanos, legisladores (o sus secretarios) e, incluso, de periodistas para acelerar trámites, sobre todo, de pasaportes, y que esto se hacía siempre que existiera una causa justificada.

Según Amato, la habilitación del trámite debía ser autorizado por él o por la subdirectora de la DNIC. Además, la solicitud debía hacerla la persona interesada, salvo causas de fuerza mayor: «Yo no admitía ni gestores ni terceras personas para hacer estos trámites, porque la accesibilidad que había para obtener número [para gestionar el pasaporte o la cédula] no lo justificaba». Preguntado sobre si el hermano del actual presidente había gestionado trámites de cédulas o pasaportes en aquellos años, Amato dijo no recordarlo: «No tenía ningún trato con él, no sé ni quién es». Los informantes de Brecha indicaron que las gestiones de Lacalle Pou se hicieron a partir de 2020, cuando su hermano asumió el mando; los documentos agregados en la investigación administrativa son posteriores a ese año.

NARCO SUELTO

Pero, al margen de esta situación, el fiscal Alejandro Machado continúa investigando las posibles responsabilidades en la entrega del pasaporte a Marset y tiene previsto citar a todos los jerarcas y funcionarios del MI y del Ministerio de Relaciones Exteriores involucrados.

En efecto, el fiscal dispuso que entre julio y agosto comparezcan a declarar Heber, el canciller, Francisco Bustillo, el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel y la exvicecanciller Carolina Ache. También desfilarán por la Fiscalía otros funcionarios con cargos de responsabilidad, como Lacoste y los integrantes del cuerpo diplomático que participaron en este proceso (por ejemplo, la exdirectora general de Asuntos Consulares y Vinculación de la cancillería Pauline Davies, el embajador en Emiratos Árabes Unidos, Álvaro Ceriani y la cónsul de Uruguay en Emiratos, Fiorella Prado. Todos serán convocados como indagados, para otorgarles mayores garantías durante la investigación.

De acuerdo con las fuentes judiciales, el fiscal apunta a dilucidar cómo se procesó la entrega del pasaporte a Marset y qué detalles conocían los jerarcas sobre el proceso. En efecto, la investigación interna de la cancillería determinó que la cónsul en Emiratos Árabes Unidos solicitó, en varias oportunidades, instrucciones de cómo actuar ante el pedido de pasaporte y que recomendó tener cautela, pero que, desde Montevideo, se la instruyó a seguir adelante con la causa.

Asimismo, Ache reconoció durante la interpelación de agosto de 2022 que mantuvo una reunión con Balbi, en la que este le preguntó en qué fecha saldría la valija diplomática hacia Emiratos. Semanas después, tras un pedido de acceso a la información pública, trascendió que Ache mantuvo intercambios con el subsecretario Maciel, en los que este le pedía información sobre un uruguayo detenido en el país árabe.

El 3 de noviembre, Maciel envió un mensaje más específico: «Hola Caro, podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubai por documento falso [sic]. Es un narco muy peligroso y pesado. Saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible». Por esos días, el narcotraficante seguía detenido y eso fue lo que Ache señaló. Los subsecretarios no volvieron a tener contacto por este tema (véase «Sin secretos», Brecha, 15-XII-22). Días atrás, Ache afirmó que durante la interpelación omitió aportar un dato por lealtad a sus superiores y que ese día todos conocían sus chats con Maciel.

Según la reconstrucción que realizó Brecha, en la investigación administrativa del MI surgen otros detalles de la tramitación del pasaporte de Marset. No se habría probado que Balbi se reunió con Lacoste, pero sí que le envió un mensaje de Whatsapp, el 24 de noviembre, en el que pedía adelantar un trámite de pasaporte urgente. En ese mensaje se especificaba el número de trámite, pero no la persona que sería beneficiada.

El pedido de Balbi fue remitido al grupo de Whatsapp –integrado por Roldán– sobre las nueve de la mañana, y allí comenzó a tramitarse. La gestión suponía solicitar el Certificado de Antecedentes Judiciales a Policía Científica. En virtud de la premura por obtener el documento, ya que ese día partía la valija diplomática hacia Emiratos, Alejandro y Carlos Balbi se apersonaron en la Dirección Nacional de Policía Científica para acelerar el proceso. Estuvieron varias horas en el lugar, puesto que nadie encontraba el pedido de la DNIC. Recién después del mediodía se ubicó la solicitud, por lo que el documento no pudo ser entregado. Al otro día fue remitido hacia cancillería, donde fue retirado en mano por Carlos Balbi. El documento viajó en un vuelo de línea hacia Emiratos en poder de un familiar. Con ese documento en sus manos, Marset recuperó la libertad.

1. Brecha se contactó con Alberto Lacoste, quien se excusó de contestar, ya que, si bien pasó a retiro hace un año, alega que tiene las obligaciones del estado policial y está vedado de hacer declaraciones.