El pasamanos

Está tenso. La Asociación de Funcionarios de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (AFINDDHH) se encuentra en preconflicto desde el 28 de julio. «Vemos con inquietud que en las instancias de diálogo con el Consejo Directivo [CD] de la institución no se han logrado avances concretos en temas medulares que hacen a la esencia de las instituciones nacionales de DDHH [derechos humanos], como lo es la independencia técnica», dice el comunicado del sindicato, difundido en el marco del último paro nacional del PIT-CNT, el 22 de agosto.

El sindicato ya había enviado al CD un informe realizado por su Comisión de Bienestar Laboral, en el que se hace un raconto de situaciones que los trabajadores ven con preocupación. Un ejemplo son los «cambios radicales en tiempos muy acelerados», que aumentan «el malestar laboral», pues «al cambio de autoridades, que ya es una situación compleja en sí misma en cualquier organización, se suman una serie de definiciones tomadas rápidamente» que modificaron «la manera de trabajar de gran parte del funcionariado». Según el sindicato, estos cambios se realizaron sin que tengan lugar procesos participativos y de coordinación con las autoridades.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) fue creada en 2008 y constituyó su planilla de funcionarios a partir de pases en comisión; actualmente cuenta con 50 trabajadores, 15 de ellos con cargos de confianza política. Desde el sindicato entienden que al día de hoy se deben privilegiar los cargos presupuestados y limitar los pases en comisión, con el objetivo de garantizar la independencia técnica de los equipos. Sin embargo, en la última rendición de cuentas se otorgaron cinco nuevos cargos de confianza. Fuentes del gremio dijeron a Brecha que esto se traduce en un «debilitamiento» del organismo. La AFINDDHH tenía previsto declararse en conflicto y tomar medidas el 29 de agosto, en virtud de que sus comunicaciones no recibían respuesta del CD. Finalmente, la respuesta llegó cuatro días antes y el sindicato se mantuvo en estado de preconflicto.

UN ÁREA COMPLEJA

En enero de este año, el área de gestión humana de la INDDHH comunicó a los trabajadores que para asistir a actividades públicas debían avisar previamente al CD y adjuntar, por ejemplo, una copia de lo que pretendieran comunicar públicamente. El tema había sido discutido en la reunión del CD el 24 de enero. Según consta en el acta, a la que accedió Brecha, todos los directores estuvieron de acuerdo con que los funcionarios deben tener autorización institucional antes de hacer una intervención pública. Sin embargo, hubo matices.

La directora Carmen Rodríguez consideró incluso que «cuando un funcionario participa, por ejemplo, en una mesa, lo está haciendo en representación de la INDDHH, por lo que no se debe contar con independencia técnica». Rodríguez exigió que los funcionarios envíen sus «exposiciones» previamente al CD para que sean aprobadas. Wilder Tayler expresó sus reservas al respecto, pues en caso de que se considere que las exposiciones se deben corregir «se entra en un área compleja; se debe actuar con mucha cautela, en tanto se corre el riesgo de convertirse en un órgano de censura», expresó. El director Bernardo Legnani fue más lejos y opinó que solo los integrantes del CD deberían estar autorizados a representar públicamente a la INDDHH. La postura de Rodríguez, sin embargo, fue la que primó.

El tema de la independencia técnica de la INDDHH preocupa especialmente a sus funcionarios, ya que es algo muy apreciado en el ámbito de los organismos internacionales que velan por los derechos humanos. Desde el sindicato opinan que esta resolución se trata de un hecho sin precedentes, que «puede generar una suerte de censura o autocensura, así como un clima laboral temeroso, en lugar de respetuoso», y solicitaron dejar sin efecto la medida y «que los cambios de directivas se realicen a partir de resoluciones fundadas». Además dijeron: «La discusión es que los directores tienen diferentes posiciones sobre la independencia técnica y no llegan a una síntesis sobre si aclararla a través de una resolución expresa o mediante un acuerdo con la AFINDDHH. Hacerlo a través de una resolución daría más garantías, pero cada uno opina lo que le parece y eso a nosotros no nos deja tranquilos».

LLENAR EL OJO

Hace dos semanas, Brecha accedió al informe que el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNP) redactó sobre el centro Tribal (véase «La política del abandono», Brecha, 18-VIII-23). El MNP recomendaba el cierre del centro de manera urgente y alertaba que la vida de los adolescentes y los funcionarios corría riesgo. Dicho informe fue desestimado sistemáticamente por la mayoría del directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y no fue publicado en la página web de la INDDHH.

En medio del barullo, el 29 de agosto se celebró la XII Asamblea Nacional de Derechos Humanos. Allí se hicieron presentes, entre otros, las autoridades de la INDDHH y organizaciones de la sociedad civil, que pidieron la palabra para leer una proclama. «Asumimos con preocupación las denuncias formuladas por el MNP en relación al centro Tribal y el silencio público de la INDDHH frente a la ausencia de respuesta de las autoridades», declararon. Además, respaldaron al sindicato e instaron a «reforzar el trabajo en las áreas con personal idóneo presupuestado y no con pases en comisión».

En esa instancia, la directora Jimena Fernández declaró que «no se realizó silencio» y aseguró que «se va a publicar un informe, pero no tenemos fecha exacta». Consultada sobre los pases en comisión, aclaró que en la última rendición de cuentas se pidieron cinco cargos presupuestados, pero «salió mal» y se les otorgaron otros cinco nuevos pases en comisión.

CONSTA EN ACTAS

El lunes 28 de agosto las autoridades de la INDDHH fueron citadas a la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado para profundizar sobre el informe del centro Tribal. Asistieron Marcos Israel, Bernardo Legnani, Carmen Rodríguez y la propia Fernández. Tayler no estuvo presente.

La encargada de tomar la palabra fue Fernández, por ser quien está a cargo del MNP. La directora explicó que los problemas en Tribal son de carácter crónico, pero que las distintas administraciones «no fueron indiferentes». «Nosotros juzgamos que actualmente se está dando una crisis», dijo, y acotó que para la elaboración del informe se hicieron cinco visitas al centro, entre marzo y agosto de este año. Asimismo, explicó que el 23 de marzo se envió el primer informe al INAU y se recomendó retirar a los adolescentes y aumentar los recursos humanos. La segunda visita tuvo lugar el 14 de abril; se reiteró la preocupación. El 16 de mayo se realizó una nueva inspección y se escribió el informe más contundente, que no solo deja constancia sobre condiciones del centro, sino también de las reuniones que el MNP mantuvo con la directora del Sistema de Protección Integral de 24 Horas, la directora subrogante de Protección a la Infancia y la Adolescencia e integrantes del Mecanismo de Recepción y Abordaje de Situaciones de Violencia Institucional. El informe no se publicó.

Ante la falta de colaboración del INAU, se volvió a hacer una visita el 1 de junio, en la que «la situación se había profundizado, había cierto descontrol y en ese momento no había referentes adultos». Para ese entonces, se recomendó el cierre temporal del centro y el traslado de los adolescentes. Fernández ya se había referido a la situación del centro Tribal en su comparecencia del 22 de agosto ante la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado. Allí dijo que este oficio –categorizado como urgente– fue respondido por el INAU en 48 horas, con un plan de acción. Sin embargo, eso no fue así: la respuesta en realidad llegó 15 días después. En su última comparecencia (el 28 de agosto), la directora se desdijo y aclaró que la respuesta llegó el 15 de junio, con la negativa del directorio de INAU a cumplir las recomendaciones, pero con un plan de acciones que incluía una intervención dirigida por una asistente social y una psicóloga. El MNP lo consideró insuficiente.

En concreto, la respuesta del INAU a este oficio –a la que accedió Brecha– fue firmada por el presidente de la institución, Pablo Abdala, y por el vicepresidente, Aldo Velázquez. Decía: «Sin perjuicio de que el directorio [del INAU] –por mayoría– no comparte buena parte de las consideraciones y valoraciones allí formuladas, por ende, discrepa con la recomendación planteada». Según el documento, los jerarcas aspiraban a que «la información suministrada permita un análisis objetivo y preciso de la situación que ha motivado la preocupación de la institución».

LA NEGACIÓN

No es la primera vez que Abdala desestima el trabajo del MNP. En su paso por la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara Baja, en el marco de la rendición de cuentas, el nacionalista fue consultado por la situación de Tribal y no titubeó al afirmar que «no existe» una denuncia en la INDDHH. También calificó el trabajo del MNP como «muy antojadizo, muy discutible, que no comparto en lo más mínimo, que la directora Jimena Fernández […] gentilmente hizo llegar como adelanto o como informe al INAU, pero que después el CD no aprobó». Esta semana, sin embargo, la propia Fernández afirmó en la comisión del Senado que el CD decidió hacer una denuncia a partir de la visita de principios de junio.

En la misma sesión, la senadora Silvia Nane, presidenta del órgano, consultó sobre el tema de fondo: «¿Cómo tienen acordado el mecanismo de publicación de los informes del MNP?». Nane recordó que con el CD anterior el procedimiento consistía en que, una vez que el MNP realizaba el informe, se publicaba y luego los directores lo aprobaban. En virtud de ello, criticó que hasta la fecha este no esté disponible en la página web de la INDDHH. La respuesta de la directora fue escueta: «Sí, se va a publicar. Los acuerdos que tenemos sobre las publicaciones es que el MNP [lo] publica. Lo que hacemos es informar al consejo simplemente por una cuestión de que somos un consejo, no pasa por la votación ni previa autorización». Según supo Brecha, Fernández no quiere interrumpir el vínculo con el INAU y prefiere privilegiar el diálogo con la INDDHH, en pos de lograr una mejor cooperación.

La secretaría de la comisión de derechos humanos del Senado se comunicó telefónicamente con el presidente del INAU para solicitar su concurrencia al Parlamento para dar explicaciones, pero la respuesta fue que «tal vez no pueda concurrir hasta después del 11 de setiembre». Curiosamente, al ser consultado por Subrayado sobre este punto, Abdala dijo que nunca fue convocado. A raíz de ello, el martes 29 de agosto la comisión le envió por escrito la convocatoria para que concurra «de forma urgente». Una delegación del INAU se hará presente el próximo lunes a las 12.30.