Maldigo la poesía de quien no toma partido
partido hasta mancharse.
Gabriel Celaya, en la adaptación de Paco Ibáñez
Tengo el mayor de los respetos por el compañero presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira. Y también tengo la mayor de las sorpresas por su propuesta a la Mesa Política del FA para dejar en «libertad de acción» respecto al plebiscito sobre la reforma del sistema jubilatorio, a los sectores que lo integran y a sus bases (que siempre tienen libertad de acción, y no darse cuenta de esto ha costado derrotas).
Porque, desde el lunes de tarde, cuando me enteré de esa propuesta, no puedo dejar de preguntarme: ¿qué diría Fernando Pereira, presidente durante tantos años del PIT-CNT, la organización que agrupa a todo el movimiento sindical uruguayo, de esta propuesta de Fernando Pereira, presidente del FA? ¿Qué pensaría de esta suerte de desbande político, que puede ser –y será– leído como un apoyo, o por lo menos de la indiferencia frente a la medida más nefasta impulsada por el gobierno hasta ahora, mucho más que la Ley de Urgente Consideración (LUC), contra la cual los frentistas (después de otras dudas, es cierto) juntamos firmas y juntamos votos?
La principal razón para propiciar esta medida de romper filas parece ser la existencia de distintas opiniones al respecto dentro del FA, que justificaría, para evitar una discusión compleja en la interna, transformar el sólido continente en una miríada de islitas pequeñas, cada una con su matiz. Lo que va a costar, a cambio, y parece no advertirse, una mucho más compleja discusión con la derecha de la que el FA no puede salir sino mal parado. Porque ya nos van a decir y ya nos están diciendo: ¿y ustedes qué es lo que piensan?, ¿quieren o no elevar la edad jubilatoria?, ¿quieren o no subir los mínimos de las prestaciones?, ¿quieren o no mantener las AFAP (administradoras de fondos de ahorro previsional)?
La respuesta que se da a todas estas interrogantes es que si el Frente gana la elección del año próximo, convocará a un gran diálogo social y allí se definirá qué es lo que el país desea hacer respecto de su seguridad social. Pero esta respuesta tiene varias debilidades muy importantes: la primera es que, si bien a un diálogo no se va con posiciones férreas, porque si no, no hay diálogo, tampoco se va sin posiciones, simplemente a escuchar, porque entonces tampoco hay diálogo. Y la ciudadanía debe querer saber, para definir su voto en octubre de 2024, qué sistema jubilatorio cree el FA que debe implantarse: si uno basado en la solidaridad intersocial o el impuesto por la coalición, basado en que la carga recaiga sobre los trabajadores. Porque, en ese diálogo social, el gobierno de 2025 será mano.
Otra debilidad es que diálogo ya hubo, durante dos años, en la llamada Comisión de Expertos en Seguridad Social, y luego cuando se discutió la reforma multicolor en el Parlamento, y allí se enfrentaron esos dos modelos que mencionábamos, sin que fuera posible mover ni un centímetro las posiciones del actual gobierno, colocado en una vereda, para contemplar las posiciones de todo el resto, colocado en la de enfrente, ¡incluyendo al representante de los empresarios!, todos cuestionando la propuesta que hoy es ley.
Y también es una debilidad no plantearse el escenario de que el FA gane la elección, pero no tenga mayoría parlamentaria (por lo que tendría que negociar una nueva ley con la derecha). O que, como ahora, tampoco haya acuerdos dentro del propio FA.
Entonces, con el país dividido en dos mitades desiguales, ¿qué le podemos decir a la ciudadanía como argumento para explicar que no pensamos que lo mejor sea que la propia ciudadanía decida? ¿Que sería mejor cambiar las cosas por una ley y no reformando la Constitución? Pero la ley ya está votada y es precisamente lo que queremos detener, y el plebiscito constitucional es la única herramienta que existe en nuestra Constitución para que el propio pueblo pueda decidir, ya, al respecto, y no quede en manos de representantes que no sabemos lo que pueden pensar.
Otro aspecto sobre el que es necesario reflexionar es qué significado tiene la libertad de acción. ¿Significa que vamos a hacer como si el problema no existiera? ¿O que habrá en el Frente quienes defiendan y quienes se opongan al plebiscito, y por lo tanto defiendan la permanencia de la reforma votada, por lo menos hasta que cambie el gobierno, se dé el diálogo social y se acuerde un nuevo sistema, todavía no sabemos sobre qué bases? ¿Vamos a discutir el problema de fondo o solo la estrategia? ¿Vamos a centrarnos en los enormes perjuicios que la reforma multicolor tiene sobre los sectores populares, o sobre las consecuencias que actores interesados o técnicos despistados imaginan que podría tener la aprobación plebiscitaria?
Se ha escuchado ahora que el problema no es con el plebiscito, sino con la papeleta, a la cual se le encuentran montones de defectos –fuego amigo–, sin decir una palabra sobre los montones de nefastas consecuencias que con seguridad tiene lo que ahora rige: que la solución a los problemas del sistema jubilatorio es que los trabajadores trabajen más años, porque son los culpables de vivir más, y que se les otorguen luego prestaciones menores, por igual pecado. Los preocupados por los efectos que podría tener el plebiscito no lo parecen tanto por los gravísimos que ya tiene la ley 20.130 aprobada.
Si el problema es el contenido de la papeleta, eso debió intentar negociarse. Seguramente se podría haber llegado a acuerdos, como pasó en el caso de la LUC, para la que se negociaron los artículos a derogar. A mí también me hubiera gustado que la papeleta incluyera otras cosas, por ejemplo, la derogación del inciso del artículo 79 de la Constitución, que establece que no se puede apelar al recurso de referendo contra las leyes en las que la iniciativa es privativa del Poder Ejecutivo, disposición que creía que no regía desde la revolución francesa. Pero, como no es posible contemplar todas las preocupaciones posibles, nos tenemos que conformar con que contemple por lo menos las urgentes. Y, por otra parte, los que hoy critican la papeleta son los mismos que antes criticaban el plebiscito, de modo que la cosa no va por ahí.
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De aprobarse la propuesta de su presidente, por primera vez en sus más de cinco décadas de vida, el FA no apoyaría una consulta popular promovida por las fuerzas sociales por un asunto que afecta gravemente a los sectores populares. Por primera vez, quedaríamos fuera del «bloque social de los cambios».
Luego de la derrota electoral de 2019, el FA se prometió una autocrítica, que se postergó bastante porque otras elecciones, las municipales, golpeaban a la puerta. Pero al final hubo una autocrítica, quizá no tanta ni tan profunda como hubiera sido bueno, pero autocrítica al fin, y en ella se reconoció que «la centralidad de la tarea de gobierno fue debilitando el funcionamiento orgánico de la fuerza política y la relación con actores sociales y la población en general. Se presentaron dificultades en el funcionamiento orgánico y en la articulación política, que no siempre pudieron ser resueltos y que presentan desafíos que deben ser asumidos» (Documento de Balance y Autocrítica. VII Congreso Ordinario, FA, octubre de 2021).
¿Será posible que ahora la centralidad de las elecciones tenga los mismos efectos? He aquí una buena oportunidad para dar un paso adelante en la relación con los actores sociales. Por ahora la palabra la tiene la Mesa Política. A partir de allí, la tendrán las bases.
