La táctica no es excepcional. Todos los gobiernos, cuando enfrentan procesamientos en sus filas, apelan a la imagen del caso aislado. El problema, claro está, es que cuando los casos aislados se multiplican y, además, no involucran a funcionarios de rango menor, sino a jerarcas de una estructura vertical, como es la Policía, todo se vuelve endeble, indefendible. Una y otra vez el presidente de la república –porque ahora hasta parece vano hablar del ministro Luis Alberto Heber– explica los hechos graves en términos de deslealtad, de engaño de la buena fe o de desconocimiento. Pero cuando los sucesos se encadenan y están hilvanados con un mismo modus operandi, que no duda en recurrir al uso ilegal del aparato del Estado, estas argumentaciones se desploman como fichas de dominó. Las respuestas, entonces, pasan a ser insostenibles, cínicas y solo pueden ser defendidas por el clan más próximo. El clan de los leales acríticos, tan funcional para que el poder sea lo que es.
Está por verse si los aliados de la coalición de gobierno siguen optando por el silencio conveniente o comprenden la magnitud del asunto. En cualquier país que tome más o menos en serio a los demás poderes del Estado, el ministro del Interior ya no estaría en funciones. Si Heber no cae, como responsable político de una estructura que no respeta las garantías básicas y que recurre a métodos de las épocas más oscuras, entonces el responsable es el presidente. Si el Estado de derecho solo se esgrime en la cortita para ganar una elección, el concepto seguirá su derrotero hacia el vacío de contenido. Esa pérdida del sentido es la que invocarán luego los gurúes de la antipolítica para separarse de la casta.
La particularidad de este último caso que ha involucrado a Gustavo Penadés, uno de los articuladores más fuertes del herrerismo –o de la 71, lista madre de la dinastía Lacalle–, es que hay nada menos que una fiscal que denunció públicamente –no en un chat catártico con un periodista– seguimientos en su domicilio, amenazas a las víctimas y la existencia de una investigación paralela (una «estafa procesal») –con el involucramiento de un jerarca policial ya formalizado– destinada a hacer caer una sensible denuncia por explotación sexual de menores. La fiscal Alicia Ghione no solo reveló a los medios estos delicados hechos, sino que llegó a fondo con las herramientas disponibles, en un proceso que recién empieza y no estará exento de complejidades.
Para calibrar la gravedad del estado de situación se hace necesario, una vez más, repasar el hilo de acontecimientos del último tramo de este gobierno. Sobre todo porque en todos ellos aparece la participación de altos mandos de la Policía y no se trata en su mayoría de actos destinados a obtener beneficios económicos personales. Lo más preocupante es que se ha constatado el uso del aparato estatal para todo tipo de abusos en el transcurso de asuntos comprometidos para quienes ocupan el gobierno.
UNO TRAS OTRO
Ya parece que pasó una eternidad, pero dos de los tres puntales de la cúpula de la Policía, Héctor Ferreira y Jorge Berriel, fueron –tardíamente– descabezados, sobrepasados por las estelas del caso Astesiano. El primero permanece como indagado y el segundo fue formalizado. En la investigación judicial se probó que se compartieron fichas policiales con identidades de víctimas, se dispusieron recursos del aparato de seguridad para fines privados, se revelaron pruebas confidenciales y se ascendió y degradó a policías a pedido de un hombre de confianza del presidente, su jefe de seguridad personal. No solo se extrajeron los datos de una denunciante de violación en una fiesta del Partido Nacional a pedido del presidente (esto fue confirmado por Heber y es una absoluta irregularidad en sí misma, más allá del resultado de la investigación) y numerosos datos sensibles del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, sino que también se produjeron intentos de espionaje contra dos senadores que cuestionaban la nueva concesión del puerto de Montevideo. Esto último determinó la formalización por delitos de corrupción de un exmilitar y empresario que negociaba con Astesiano, en un caso en que fue clave el testimonio de otra autoridad policial: Ricardo Martínez, un cuestionado funcionario a quien el gobierno señalaba como el «verdadero» jefe del servicio de seguridad presidencial. Martínez admitió en la fiscalía que el exjefe de seguridad de Lacalle Pou le había pedido información sobre Charles Carrera y Mario Bergara. De nuevo: en cualquier país en el que la separación de poderes apunte a ser algo más que una frase de escaparate electoral, el espionaje a senadores opositores demandaría señales mucho más contundentes.
Para complejizar el asunto, uno de los asesores de mayor confianza del ministro del Interior, Andrés Capretti, habría interferido en la investigación oficial del caso Astesiano a través de la elaboración de interrogatorios. Ese funcionario terminó renunciando, producto de una denuncia de acoso sexual.
También otra repartición de la Policía tuvo un rol en la fuga de Sebastián Marset. La entrega de un pasaporte exprés al narcotraficante terminó con el cargo del subdirector de Identificación Civil Alberto Lacoste, en un incidente que llevará a desfilar por un estrado judicial, a fines de octubre, a dos ministros (Heber es uno de ellos, por supuesto), un subsecretario y una exsubsecretaria. Este texto tiene que ampliarse porque acaba de conocerse que dos policías, uno de ellos subcomisario, hicieron copias irregulares de las escuchas de El Guardián efectuadas por el caso de Cecilia Fontana de Heber.
Es demasiado.
FALTA DE GARANTÍAS
Los servicios policiales, por su naturaleza, son propensos al exceso. Las herramientas de vigilancia y de investigación que pueden utilizarse, por ejemplo, para combatir al llamado crimen organizado también pueden usarse para perseguir a enemigos políticos, desarticular denuncias con evidente costo político y, especialmente, para amedrentar a personas vulnerables. A esta altura ya hemos aprendido: todos sabemos que las personas que denuncian delitos sexuales son las más expuestas y ni que hablar cuando del otro lado está el poder, con todos los recursos a su favor y con ramificaciones que ni siquiera sospechamos hasta dónde llegan. Por eso, la decisión del presidente de minimizar todos estos hechos al no asumir sus responsabilidades políticas mediante el relevo del mando civil de la Policía, en medio de situaciones tan turbias, no solo compromete el futuro electoral del Partido Nacional, sino que, sobre todo, continúa aportando al debilitamiento de la democracia representativa.
