En primer lugar, como han señalado muchos, el megadecreto de necesidad y urgencia de Milei es un golpe de tipo bonapartista contra el Parlamento. Es legislar por decreto del Poder Ejecutivo. Como dice el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, derogar 300 leyes mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) «es un intento de suma de poder público», que equivale a transformar al Poder Ejecutivo en la Comisión de Asesoramiento Legislativo –la CAL, integrada por nueve oficiales de las Fuerzas Armadas– de los tiempos de la dictadura de Videla. No es una cuestión menor.
En segundo término, y sobre el contenido de las medidas, es necesario distinguir entre las que atañen a la distribución de negocios y rentas (o ganancias) entre las fracciones del capital o entre estas y el Estado capitalista, por un lado, y las que afectan directamente la relación de fuerzas y la distribución del valor agregado entre el capital y el trabajo, por otro. Por ejemplo, la modificación del régimen de registro del automotor, o del régimen aduanero, o de los sistemas de promoción industrial o comercial, o la cuestión de si las empresas estatales son sociedades anónimas o no, o si existen limitaciones a la adquisición de tierras por extranjeros, son temas que afectan la distribución de plusvalías al interior de la clase dominante y las «cajas» que manejan diversas facciones de los capitalistas o de la burocracia estatal.
De muy distinta naturaleza, en cambio, son las medidas del DNU que apuntan a debilitar la capacidad de resistencia y acción de la clase obrera. Entre ellas, tal vez la más trascendente es la que restringe severamente el derecho de huelga a prácticamente todos los trabajadores.
Para ello el DNU define las actividades «esenciales». Estas comprenden a los trabajadores de hospitales y servicios sanitarios; el transporte y la distribución de medicamentos e insumos para hospitales y servicios farmacéuticos; el transporte y la comercialización de agua potable, gas, otros combustibles y energía eléctrica; servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet; la aeronáutica comercial y el tráfico aéreo y portuario; servicios aduaneros, migratorios y vinculados al comercio exterior; el cuidado de menores, guarderías y la educación preescolar, primaria, secundaria y especial. En todos estos rubros el DNU de Milei dispone que en caso de huelga habrá obligación de trabajar al menos 75 por ciento de lo que se trabaja normalmente.
Otras muchas actividades se califican como de «importancia trascendental». Comprenden producción de medicamentos e insumos hospitalarios; transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas o mercancías; servicios de radio y televisión; actividades industriales continuas (siderurgia, aluminio, actividad química y cementera); industria alimenticia, en toda su cadena de valor; producción y distribución de materiales de construcción; servicios de reparación de aeronaves y buques; todos los servicios portuarios y aeroportuarios; servicios logísticos; actividad minera; actividad frigorífica; correos; distribución y comercialización de alimentos y bebidas; actividad agropecuaria y su cadena de valor; servicios bancarios y financieros; servicios hoteleros y gastronómicos; comercio electrónico, y la producción de bienes o servicios que estén afectados a compromisos de exportación. Los trabajadores de estas industrias y actividades están obligados a suministrar, en caso de huelga, 50 por ciento de su carga habitual. Además, el DNU limita el derecho a realizar asambleas en el lugar de trabajo, ya que se las considera medidas de fuerza. Y prohíbe los piquetes de huelga en la puerta de las empresas: los trabajadores que participen en ellos podrán ser despedidos con causa.
Como puede verse, cuando se suman las actividades «esenciales» y las de «importancia trascendental» el DNU abarca prácticamente a toda la clase obrera (o sea, a trabajadores de la industria, el agro, el transporte, el comercio, los servicios de educación y salud). Es un ataque en toda la regla al derecho de huelga. Un punto en el que coinciden, por otra parte, las cámaras empresarias y los grandes medios.
Además, se modifican los intereses por indemnizaciones; se toma el índice de precios al consumidor y se le agrega el 3 por ciento anual. Se sacan de la base de cálculo del monto de la indemnización las sumas no remunerativas (bonos anuales, pagos de celulares, premios). Se deroga la ley que establecía la doble indemnización en casos de relaciones laborales no registradas o efectuadas de manera deficiente. Se autoriza a las convenciones colectivas a «explorar mecanismos de indemnización alternativos a cargo del empleador». Se reducen las multas laborales por trabajo no registrado o mal registrado. Y se prolonga el período de prueba de tres a ocho meses.
No puede estar más claro el carácter de clase de las medidas contempladas en el DNU de Milei. Están en consonancia, por otra parte, con la gigantesca caída de los salarios y las jubilaciones que se está operando vía inflación. El DNU busca erosionar todo lo posible la capacidad de respuesta de los explotados. Aquí desembocó la «fabulosa ciencia económica» del señor Milei y compañía: propiciar una gigantesca transferencia de valor desde los explotados a la clase dominante, apoyándose en la prepotencia y el poder que dan el Estado y la propiedad privada del capital frente a aquellos que lo único que tienen es su fuerza de trabajo. ¡Viva la libertad, carajo!… de morirse de hambre.
* Rolando Astarita es docente de Economía en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
(Publicado originalmente en el blog del autor. Brecha reproduce fragmentos.)
