En su discurso del 2 de marzo pasado ante la Asamblea General legislativa, el presidente, Luis Lacalle Pou, hizo un repaso de su gestión en los últimos cuatro años y describió una realidad auspiciosa del país que no encaja con los problemas en la calidad de vida que enfrentan la mayoría de sus habitantes. En los días siguientes inició una gira por distintos medios de comunicación, en la que agregó otros condimentos conflictivos a la visión edulcorada de la gestión del gobierno que conduce junto con sus socios de la coalición multicolor. Por ejemplo, afirmó en Telenoche que varios jerarcas de su administración se «comieron un garrón» con el tema del pasaporte otorgado al narcotraficante Sebastián Marset. Especialmente mencionó a su asesor publicitario Roberto Lafluf y afirmó que no cometió ningún delito, a pesar de que existe una causa por obstrucción a la justicia debido a la destrucción de un documento público y la recomendación de eliminar todos los chats y audios que demuestran que se urdió una maniobra para mentirle al Parlamento y a la Fiscalía.
Tanto en su rendición de cuentas ante el Parlamento como en sus declaraciones posteriores aparecen dos características muy claras de la gestión del Ejecutivo que encabeza: un relato en el que la posverdad es el eje y la impunidad, parte del comportamiento. Hay algunos episodios que pueden parecer menores frente a la realidad socioeconómica de la población, pero que hacen a la autopercepción de impunidad: el caso de la moto en Punta del Este, con el uso de un casco incorrecto y la ausencia de chaleco reflectivo. Con ocasión de su visita al carnaval de Artigas, dijo que no sabía que su casco era incorrecto, pero que él no usaba chaleco reflectivo y que las multas por exceso de velocidad las pagaría con la patente. En 2020, con motivo de la difusión de un audio de una conversación entre la vicepresidenta, Beatriz Argimón, y el relacionista público Fernando Cristino, la primera recordó a Cristino que ahora ella y Luis estaban «más allá del bien y el mal», es decir, que no estaban sujetos a las mismas normas que el resto de los mortales, por eso no es necesario que el presidente use chaleco reflectivo ni que respete los límites de velocidad, una actitud que algunos politólogos comparan con la restauración y la conducta de los Borbones en la Francia del siglo XIX, después de la derrota de Napoleón Bonaparte. En este caso, la actitud de Lacalle, después de 15 años de gobierno frenteamplista y la derrota de la izquierda en 2019, parece una copia de aquel regreso borbónico, por lo cual el patriciado y el poder económico sienten que han vuelto al «orden natural», en el que son los poderosos los que marcan las reglas y no tienen que rendir cuentas por sus actitudes. Más allá de otros componentes posibles, como la negación de responsabilidades en el caso Astesiano, el pasaporte de Marset, mentirle al Parlamento y los casos de corrupción en la comisión de Salto Grande, asoma esa concepción de no rendir cuentas a la ciudadanía, a caballo de una autopercepción de impunidad ante la justicia de los hombres.
Al margen de estos aspectos conductuales, el discurso ante la Asamblea General pareció constituirse en el leitmotiv de la campaña electoral del oficialismo este año. Lacalle aseguró que la unión de los cinco partidos políticos a la hora de gobernar el país ha sido un éxito y lo ejemplificó con la Ley de Urgente Consideración (LUC). «Ninguno de los efectos desastrosos que se vaticinaban con la LUC ha sucedido», concluyó. «Esta coalición votó un presupuesto, rendiciones de cuentas y atravesó la emergencia sanitaria por covid-19», indicó. Sobre la pandemia volvió a insistir en el concepto de libertad responsable y en cómo se sorteó la crisis sin cuarentena obligatoria, aunque evitó referirse a los momentos en los que Uruguay ocupó el primer lugar mundial por muertes por covid con relación a su población. En cuanto a la LUC, señaló que no se registraron desalojos exprés, como pronosticaba la oposición, sin embargo, no dio cifras sobre la cantidad de gente que arrendó sin garantías, como permitía la ley.
El discurso tuvo un claro contenido ideológico y remarcó varias veces el tema de la libertad, aunque no derrapó totalmente por la senda del presidente argentino, Javier Milei, pues reconoció que la libertad es un concepto que debe ser aterrizado para los ciudadanos, pues no todos tienen la misma posibilidad de gozar de ella, «allí el Estado tiene que utilizar mecanismos distintos para estimular, impulsar y ayudar según entienda pertinente». Pero fiel a su ideario neoliberal, sostuvo que no es el Estado el que produce la riqueza y llamó a evaluar dónde está el Estado y dónde no. En ese razonamiento dejó de lado el papel de las empresas públicas y el aporte que estas hacen a las políticas públicas y al desarrollo de la logística que permite la llegada de inversiones privadas, por ejemplo, el desarrollo de la fibra óptica. En su lógica, la educación, la salud pública y la seguridad no son parte del crecimiento de la economía y de la calidad de vida de la población.
En cuanto a aspectos económicos, señaló la recuperación del salario real a niveles de 2019, aunque afirmó que al fin de su mandato habrá un incremento del 2 por ciento respecto al nivel registrado durante la última administración frenteamplista. Aquí importa hacer una salvedad: ese aumento se debe a la fortaleza de algunos sindicatos, como el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, que incluso estuvo al margen del período puente que implicó una rebaja salarial. Una precisión que importa tener en cuenta es que un presidente no siempre puede aplicar cien por ciento su programa. Basta recordar que la LUC inicial contenía la desmonopolización de los combustibles y otras medidas más regresivas sobre las empresas estatales, pero debieron acomodarse a la correlación de fuerzas en la interna de la coalición y en la sociedad en general, por eso el cumplimiento de su plan original fue la desagregación de las potestades de las empresas públicas.
El 2 de marzo no hubo referencia a los episodios de corrupción ni a la reivindicación de la transparencia que se manejó en la campaña electoral. En cuanto a la seguridad pública, Lacalle manejó datos de una disminución de delitos, pero nada dijo de cómo combatir los homicidios y la toma de barrios de parte del narcotráfico. No hubo ninguna referencia a cómo combatir sus causas y ni a la exclusión como caldo de cultivo de la delincuencia.
