El régimen israelí ha justificado la destrucción de Gaza, el genocidio, el desplazamiento forzado y la hambruna que está imponiendo sobre la población palestina en la violencia cometida por fuerzas de la resistencia palestina lideradas por las brigadas Al Qassam el 7 de octubre. Desde el primer momento, los medios israelíes y de todo el mundo saturaron a la opinión pública con cifras, imágenes y relatos de la barbarie «no provocada» cometida por los monstruos de Hamás en comunidades del sur de Israel.
Quienes conocen la lucha palestina –y sobre todo al régimen israelí– tuvieron un lapso de perplejidad. Era difícil reconocer las prácticas históricas de la resistencia palestina en los horrores que se describían: bebés decapitados; embarazadas con el vientre abierto y el feto arrancado; mujeres violadas en grupo o con los senos mutilados; niños quemados vivos y una larga lista de horrores.
Para los medios hegemónicos que moldean la opinión pública en Occidente a base de reproducir el libreto que reciben del gobierno israelí no hubo ni hay dudas ni matices: Hamás es una organización terrorista brutal y despiadada, igual que el Estado Islámico; asesinan por el gusto de hacerlo, están sedientos de sangre, su única intención es sembrar el terror. Pero, con el pasar de los días, mientras la máquina de muerte israelí desplegaba su feroz campaña de destrucción de Gaza y exterminio de sus habitantes, algunos medios independientes de Estados Unidos, como The Grayzone, Mondoweiss, The Electronic Intifada y The Intercept, así como medios israelíes que recogieron testimonios de sobrevivientes del 7 de octubre, comenzaron a poner en duda partes del relato oficial por sus inconsistencias. ¿Cómo podían los milicianos palestinos, con el armamento que portaban, haber causado semejante destrucción de viviendas e infraestructura en los kibutz atacados, o de cientos de vehículos en el festival Nova? ¿Dónde estaban las pruebas forenses, las denuncias judiciales, los testimonios y la lista detallada de víctimas? Finalmente, los mismos dirigentes israelíes y los medios que repetían sus declaraciones sin cuestionamiento tuvieron que reconocer que entre los cuerpos hallados no había prueba alguna de bebés decapitados, embarazadas con el vientre abierto o niños incendiados.1
Esas investigaciones, combinadas con testimonios de sobrevivientes (uno de los primeros y más convincentes, el de Yasmin Porat), revelaron que buena parte de las muertes y de la destrucción material fue obra de las propias fuerzas israelíes, que irrumpieron en el lugar de los hechos con su habitual accionar bélico, disparando a matar. Así se estableció que en el kibutz Be’eri los tanques israelíes volaron viviendas donde hasta ese momento los milicianos palestinos y sus rehenes estaban con vida, en testimonios de militares y sobrevivientes civiles recogidos, entre otros medios, por Haaretz, Times of Israel y el Canal 12 israelí . Y en el área del festival Nova dispararon desde el aire con helicópteros Apache a todo lo que se movía, de acuerdo a un informe de la propia Policía israelí citado por Haaretz. El mismo Ejército israelí ha reconocido que hubo una «enorme cantidad» de víctimas por fuego amigo, según consigna, por ejemplo, el portal del diario israelí Yedioth Ahronoth, que también recuerda que los militares se han negado a investigar estos hechos.
También cayeron bajo fuego amigo varios soldados apostados en el cruce de Eretz/Beit Hanun o en los cuarteles tomados por la resistencia palestina. Con tal de aniquilar a los milicianos palestinos, los militares israelíes no dudaron en sacrificar también a sus propios colegas y a compatriotas civiles que estaban con ellos.2 Una política que ha quedado nuevamente en evidencia tras la muerte de decenas de rehenes israelíes como resultado de cinco meses de bombardeos implacables sobre Gaza.
Mientras los medios occidentales han guardado silencio sobre estas revelaciones publicadas en la propia prensa israelí, recientemente un escándalo mayúsculo involucró nada menos que al periódico The New York Times, lo que agravó su ya cuestionada reputación por su tratamiento sesgado e incluso falaz de la cuestión Palestina-Israel. A fines de diciembre, el periódico publicó un extenso reportaje bajo el elocuente título «“Screams without words”. How Hamas weaponized sexual violence on Oct.7» («“Gritos sin palabras”. Cómo Hamás usó la violencia sexual como un arma el 7 de octubre»). El artículo está firmado por tres periodistas cercanos a Israel, incluyendo a la israelí Anat Schwartz, que se presenta como cineasta, pero no tenía experiencia previa como reportera. Schwartz, en cambio, trabajó en el pasado para la inteligencia israelí, y en sus redes sociales ha apoyado expresiones racistas que llamaban al exterminio de la población de Gaza.
Incluso, The Intercept informó que, en una entrevista en hebreo que dio al Canal 12 israelí en enero, Schwartz admite que no está calificada para llevar a cabo una tarea periodística tan delicada y compleja como la que implicaba dicho reportaje. Y detalla sus extensos e infructuosos esfuerzos para obtener de hospitales, clínicas psiquiátricas y de recuperación de trauma, centros de crisis para víctimas de violación y teléfonos de auxilio ante violencia sexual alguna confirmación de que el 7 de octubre efectivamente ocurriera alguna violación. Más aún, la familia de Gal Abdush, una de las asesinadas el 7 de octubre –que ocupa un lugar central en el reportaje–, denunció en enero que su testimonio fue manipulado por Schwartz, que no existen pruebas de que Gal haya sido violada antes de morir –como afirma el reportaje– y que recibió fuertes presiones de Schwartz y su equipo para declarar en ese sentido, pues, según le dijeron, «era muy importante para la hasbara3 de Israel sobre el 7 de octubre». Incluso la vocera del kibutz Be’eri, Michal Paikin, negó esta semana a The Intercept las afirmaciones de The New York Times sobre violencia sexual contra mujeres de esa comunidad, y descalificó las declaraciones del paramédico de las fuerzas especiales israelíes que sirvieron como fuente de las denuncias de violencia sexual publicadas en The New York Times, The Washington Post, CNN y otros medios.4
Investigaciones independientes han concluido que no existían denuncias judiciales, ni testimonios de víctimas, ni pruebas forenses, ni autopsias, ni fotografías sobre las violaciones denunciadas desde el primer momento por políticos y medios israelíes. Incluso los supuestos testigos de esas atrocidades –algunos anónimos o vinculados al Ejército o la inteligencia israelíes– han incurrido en contradicciones en sucesivas declaraciones a la prensa.
Más aún, los primeros «testimonios» sobre las supuestas aberraciones sexuales cometidas por los milicianos palestinos provinieron de integrantes del cuestionado grupo ZAKA, una ONG de carácter religioso que se dedica a «recuperar» restos de personas judías muertas en circunstancias «no naturales» y llevarlos a la morgue según estrictos procedimientos religiosos. Sus integrantes son voluntarios sin formación científica y con vínculos con el gobierno. ZAKA fue fundado por el líder de un grupo terrorista ultraortodoxo (que se suicidó en 2021 tras ser acusado de decenas de casos de violación y acoso sexual) y ha sido cuestionado desde su creación por sus prácticas no profesionales ni transparentes, su corrupción y su agenda política. A fines de enero, Haaretz confirmó, a través de fuentes militares y de la propia ONG, que el grupo cometió serios y repetidos casos de negligencia en el manejo de los cuerpos tras el 7 de octubre, propagó historias sensacionalistas completamente falaces sobre supuestos crímenes cometidos por Hamás y luego usó estas y otras mentiras como parte de una fraudulenta campaña de financiamiento. El Yedioth Ahronot había informado ya en noviembre que ZAKA había sido reclutado por el régimen israelí para dar entrevistas sobre el 7 de octubre a decenas de periodistas extranjeros, bajo la coordinación de la Oficina de Prensa del gobierno. De hecho, sus testimonios falaces han sido una herramienta fundamental de la hasbara gubernamental para justificar el genocidio en Gaza.
Tal vez por eso –y como es habitual– Israel se ha negado a permitir una investigación internacional independiente, como han solicitado varias organizaciones y personas expertas; la misma Comisión Internacional Independiente de Investigación –creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (con el voto en contra de Uruguay) para investigar los hechos violentos que culminaron en el ataque de Israel sobre Gaza durante el Ramadán de 2021– ofreció llevar a cabo dicha investigación.5
Sin embargo, Israel recibió con beneplácito la misión encabezada por la representante del secretario general de la ONU sobre Violencia Sexual en Conflictos Armados. Durante 17 días en Israel, Pramila Patten y su equipo hablaron con decenas de personas del gobierno y vinculadas a los hechos del 7 de octubre (también se reunieron en Ramala con la Autoridad Palestina).6
Aunque la misión reconoce que tuvo múltiples dificultades para hallar testimonios de víctimas y pruebas científicas de las violaciones denunciadas, Patten concluye que sí hay razones para creer que existió violencia sexual en el ataque del 7 de octubre, así como durante el cautiverio en Gaza, algo que contradice los testimonios de rehenes israelíes liberadas durante la tregua de noviembre, quienes declararon haber sido tratadas con respeto por sus captores. Pero el informe de Patten advierte, al mismo tiempo, que ante la «ausencia de cooperación» de Israel para permitir investigaciones independientes, «la información recogida por la misión proviene en gran parte de instituciones estatales israelíes». Recuerda, además, que su misión no tuvo un carácter investigativo y en sus conclusiones señala que «el equipo de la misión fue incapaz de establecer la prevalencia de la violencia sexual, y concluye que la magnitud total, el alcance y la atribución específica de estas violaciones requerirían una investigación integral», la que Israel no permite.
Craig Mokhiber, exdirector de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nueva York –que renunció a su cargo a fines de octubre en protesta por la inacción de la ONU para detener el genocidio y sancionar a Israel– en una entrevista con The Electronic Intifada dijo que la violencia sexual suele estar presente en situaciones de conflicto bélico y, por lo tanto, nadie puede asegurar que el 7 de octubre haya sido la excepción. No obstante –sostuvo–, no hay ningún indicador de que la resistencia palestina haya usado la violencia sexual de forma deliberada y sistemática como arma de guerra, como afirman –contra toda evidencia– el reportaje de The New York Times y el gobierno israelí.
Mokhiber recordó también que la violencia sexual –incluso las violaciones en grupo– ha sido una práctica histórica de las fuerzas sionistas, que ya durante la Nakba, o limpieza étnica de 1948, la usaron contra las mujeres palestinas en las aldeas conquistadas y destruidas. Y señaló que varias personas palestinas liberadas recientemente –hombres, mujeres y adolescentes– han denunciado haber sufrido violencia sexual en cautiverio.
Desde distintas tiendas se ha criticado que los mismos medios que no dudaron en difundir relatos fraudulentos del 7 de octubre se han mantenido en silencio sobre la violencia sexual que están sufriendo las mujeres palestinas. En febrero, en un informe que no ha tenido la misma difusión que las denuncias israelíes, tres relatoras especiales de la ONU7 manifestaron su alarma por las denuncias de violaciones de los derechos humanos contra mujeres y niñas palestinas en la Franja de Gaza y Cisjordania desde el 7 de octubre: ejecuciones (a menudo junto con sus familias) cuando huían o buscaban refugio; desapariciones de menores y mujeres tras entrar en contacto con soldados israelíes; detención arbitraria de cientos de mujeres y niñas, entre ellas defensoras de derechos humanos, periodistas y trabajadoras humanitarias; tratos inhumanos y degradantes: denegación de comida, agua, medicinas y productos menstruales, golpes y amenazas. Las expertas denunciaron que «mujeres y niñas palestinas detenidas también han sido objeto de múltiples formas de agresión sexual, como ser desnudadas y registradas por hombres del Ejército israelí. Al menos dos mujeres palestinas detenidas habrían sido violadas, mientras que otras habrían recibido amenazas de violación y violencia sexual».
También existe violencia sexual simbólica en los contenidos que los mismos soldados israelíes publican en sus redes sociales, burlándose de sus víctimas y jactándose de la destrucción y el saqueo que están cometiendo en Gaza. Una de las peores formas de esta exposición obscena son las fotos de soldados posando con prendas íntimas de mujeres gazatíes asesinadas, secuestradas o desplazadas. Como escribió la fotoperiodista y profesora de la Universidad de Columbia Nina Berman, estas imágenes son representaciones de una masculinidad basada en la humillación, y «se unen a una larga lista de imágenes de conquista, desde las de Abu Ghraib hasta el espectáculo de los linchamientos en la época de Jim Crow».
Por todo esto es que, pese a los esfuerzos de la hasbara por imponer su relato instrumentalizando una temática tan sensible como la violencia sexual, Israel sigue perdiendo la batalla de la opinión pública; incluso entre los movimientos feministas. Por eso también este 8 de marzo –al igual que el 25 de noviembre pasado, y por iniciativa de la Acción Global Feminista por Palestina, que ha tomado fuerza especialmente en América Latina– la resiliencia y resistencia de las mujeres palestinas estará presente en las marchas, proclamas y pancartas de todo el mundo, entretejida con las luchas contra la violencia patriarcal y del capital, contra el hambre y el saqueo de los territorios, y reafirmando una consigna que sigue creciendo: Palestina es una causa feminista.
1. Según el periódico israelí Haaretz, solo un bebé figura en la lista oficial de víctimas. No obstante, Joe Biden, que en un discurso de octubre mintió y dijo haber visto fotos de los bebés decapitados, no se ha molestado en rectificar sus palabras.
2. De acuerdo a las declaraciones del coronel israelí Nof Erez, en una entrevista con el pódcast de Haaretz del 15 de noviembre, el Ejército israelí habría aplicado de forma «masiva» la directiva Hannibal, según la cual los militares tienen orden de suicidarse o matar a sus propios camaradas para evitar por todos los medios ser capturados y llevados a Gaza.
3. El término hasbara significa literalmente «explicación» y alude a la diplomacia pública; en la práctica, es la propaganda que elabora el lobby sionista para imponer el relato funcional a sus intereses.
4. El reportaje de The New York Times identifica específicamente tres casos de violación a los que presenta como prueba de un uso sistemático de este crimen por Hamás: el caso de Abdush y el de dos adolescentes del kibutz Be’eri. En la actualidad, los tres casos han sido desmentidos.
5. En octubre de 2023 la comisión anunció que abriría una investigación sobre posibles violaciones del derecho internacional de los derechos humanos cometidas a partir del 7 de octubre por cualquier actor armado, con especial foco en los delitos de violencia de género; para ello invitó a víctimas, testigos, personas y organizaciones que posean información a ponerse en contacto con la comisión, que presentará su informe al Consejo de Derechos Humanos en julio.
6. Se cree que la visita fue motivada por las presiones que gobierno, juristas e instituciones israelíes ejercieron sobre ONU Mujeres y sobre el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, acusándolos de enfocarse más en las víctimas palestinas del genocidio que en las israelíes.
7. Las expertas independientes: Reem Alsalem, relatora especial sobre violencia contra mujeres y niñas; Francesca Albanese, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados; Dorothy Estrada-Tanck, presidenta del grupo de trabajo sobre discriminación contra las mujeres y niñas, y tres de sus colegas.
