Ana María, María Natalia, María Eugenia y Marcelo Save, los hijos de Leonardo Miguel Save, miembro de la banda de Aníbal Gordon, están imputados por haber puesto a su nombre en 2008 dos terrenos adquiridos turbiamente por su padre en 1976 en las inmediaciones de la laguna de Chascomús. En ese lugar, Save, Gordon y otros miembros de la banda iban a construir un amarradero de yates. La iniciativa empresarial incluso fue inscripta como Boating SRL.
Según el fiscal de Dolores Juan Pablo Curi, los cuatro hijos de Save no podían ser ajenos en 2008 a la trayectoria delictiva de su padre, quien falleció en 1999, por todas las denuncias y juicios ventilados por la prensa. Y, según el rastreo de los expedientes catastrales, para el fiscal queda claro que los cuatro «actuaron con la finalidad de revestir de legalidad a aquel bien que su padre obtuvo con fondos espurios obtenidos del secuestro de una persona durante la dictadura militar», según el texto elevado a juicio oral, elaborado por Curi, al que accedió Brecha.
Para la fiscalía, está acreditado que al menos parte del dinero obtenido bajo torturas contra Alberto Mechoso, dirigente del recién formado Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en Argentina, fue utilizado por Save para la compra de terrenos y la construcción de un boating –muelle para embarcaciones– en la laguna de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires.
La denuncia original fue formulada en 2013 por el médico Norberto Liwski, presidente del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos, también oriundo de Chascomús. Según Liwski, ese año se presentó un vecino de la zona a denunciar que en esos terrenos, hoy llamados Barrio Parque Girado, existirían fosas comunes con cuerpos n. n. de los años de la dictadura y habría funcionado un centro clandestino de detención. La denuncia la tomó el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, que tras investigar el caso llegó a la conclusión de que los terrenos fueron adquiridos con el dinero sustraído bajo torturas a Mechoso, pero que allí no había indicios de un centro de detención ni de entierros clandestinos.
La causa terminó entonces con los cuatro hijos de Save imputados por lavado de dinero originado en un delito de lesa humanidad. Los terrenos originalmente pertenecieron a Francisco José Girado, un vecino con tradición familiar en Chascomús desde el siglo XIX. Dos de los hijos, María Natalia y Marcelo Save, lograron de manera espuria un poder sobre los herederos universales de Girado para hacerse con el boleto de compraventa de los terrenos y darles aspecto legal.
LOS SECUESTROS CLAVES
Mechoso fue secuestrado el domingo 26 de setiembre de 1976 a las 13.20 en la Capital Federal. Según un testimonio recogido en 2006 por Brecha, Mechoso fue detenido en un bar de la zona de Liniers, en la ciudad de Buenos Aires, donde esperaba a un contacto. La cita fue cantada, según el exagente de inteligencia Miguel Ángel Furci. Entraron al bar, vestidos de policías federales, Eduardo Ruffo y Oscar Cacho Gutiérrez y pidieron documentos a los parroquianos. Al recorrer las mesas, Ruffo dejó caer un papel que contenía números al estilo de la quiniela clandestina, muy en boga en esos años. Gutiérrez se acercó a Mechoso, le preguntó si el papel era suyo, Mechoso lo negó y decidieron llevarlo a la comisaría para investigarlo. En la puerta del bar los estaba esperando un patrullero conducido por Gordon. De acuerdo a la versión de Furci, Mechoso entendió la situación y pidió protección para su familia a cambio de entregar información sobre el dinero del PVP. El mismo día fue secuestrado Adalberto Soba en su casa de la localidad de Haedo, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.
El caso de Mechoso y Soba motivó una gresca entre los represores argentinos y uruguayos por el manejo del botín robado a las víctimas. El paramilitar argentino Aníbal Gordon y el coronel uruguayo José Gavazzo se acusaron mutuamente de robarse dinero, pero nunca se supo de ajuste de cuentas entre ellos.
El 26 de setiembre de 1976, fueron detenidos y secuestrados seis miembros del PVP. La banda de Gordon tuvo una jornada atareada porque Ruffo y Gutiérrez, según el testimonio de Furci y los expedientes judiciales, aparecen en los secuestros de Mechoso y del matrimonio de Mario Julien y Victoria Grisonas, con pocas horas de diferencia: uno en Liniers y el otro en San Martín, en el Gran Buenos Aires.
El mismo día, militares uruguayos y argentinos asaltaron la casa de Mechoso y Beatriz Castellonese, su esposa, que junto a sus dos hijos fue llevada a Orletti. Al día siguiente, pudieron, por última vez, ver malherido a Mechoso y luego fueron conducidos a la estación Aeroparque con rumbo a Montevideo, acompañados por Gavazzo, que se hizo pasar por el marido de Beatriz. Los restos de Alberto Mechoso fueron encontrados en 2009 por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
LA HISTORIA DEL BOATING
La construcción del boating se inició en octubre del mismo año, pero debió ser suspendida por las internas en el elenco represivo en la provincia de Buenos Aires. El jefe de la Policía bonaerense en esos años era el temible general Ramón Camps, enemistado con la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) por el manejo de las áreas represivas, de los detenidos clandestinos y del botín que tomaban los parapoliciales y las fuerzas de seguridad.
El propio Camps se apersonó en el boating en busca de Gordon y su banda. Al no encontrarlos, decidió destruir todas las instalaciones construidas hasta el momento. Allí se terminó el negocio del amarradero de la laguna de Chascomús de Gordon y su banda. Pero, como Leonardo Miguel Save era oriundo de Chascomús y vivía allí, decidió quedarse con los terrenos sobre los que se inició la construcción. Los había obtenido de una negociación poco clara de su antiguo dueño, también un histórico de Chascomús.
EL JUICIO
Finalmente, el juicio oral se inició en Mar del Plata el 10 de febrero y las partes consideran que habrá sentencia para mediados de abril. El tribunal está integrado de manera unipersonal por el juez Roberto Falcone. Más allá de las posibles condenas, vuelve al centro de la escena el «botín de guerra» tomado por la represión sobre las víctimas que después de ser torturadas terminaron asesinadas. Desde el punto de vista legal y judicial, se espera una condena para los cuatro hijos de Save por lavado de dinero, ya que no solo robaron propiedad privada, sino que intentaron blanquear el dinero mediante maniobras en las que se falsificó documentación. Por eso en la causa intervino la Unidad de Investigaciones Financieras, encargada de investigar el blanqueo de capitales del narcotráfico y el terrorismo. El caso del dinero del PVP representa un aspecto de la represión que sobrevive con el paso del tiempo y que sigue generando investigaciones.
