Las botas pardas se tiñen del marrón del barro. Algunos dirigentes de la extrema derecha europea habrán pisado más el campo en estas últimas semanas que en el resto de sus vidas. Desde Vox hasta Alternativa para Alemania, pasando por la Reagrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y Hermanos de Italia, las formaciones ultras pretenden instrumentalizar la actual oleada de protestas de agricultores.
Esta rabia del campo aparece como un regalo caído del cielo para la ultraderecha, que ya tenía el viento en popa de cara a los comicios del 9 de junio. Si bien en 2019 las manifestaciones climáticas de los jóvenes tuvieron una incidencia en ese escrutinio y favorecieron el crecimiento de los verdes en la eurocámara, la actual oleada de protestas campesinas aparece como un síntoma del cambio de época. Es una señal del efecto backlash (reacción conservadora) que sufre el ecologismo, pero también de los límites y las incoherencias del neoliberalismo verde.
La dimensión continental de esta contestación evidencia el carácter estructural de los problemas del sector primario. Una crisis de crecimiento de una actividad que se desarrolló y prosperó durante décadas gracias a su modernización e industrialización, pero que se encuentra estancada desde principios del siglo XXI. Está encerrada en un modelo productivista que ya no crece y causa malestar entre unos endeudados y empobrecidos campesinos.
A eso se le suman las incoherencias de las políticas agrarias de la Unión Europea (UE). Por un lado, el hecho de dar una gran cantidad de ayudas al sector, sobre todo los 41.400 millones de euros de la Política Agrícola Común, pero hacerlo sin criterios de justicia social –en 2020, 0,5 por ciento de las explotaciones más grandes recibieron el 16,6 por ciento de los fondos, con ayudas individuales superiores a los 100 mil euros– ni climática –se reparten en función de las hectáreas, lo que incentiva una agricultura productivista y contaminante–. Por el otro, haber renunciado a una regulación de los precios que se pagan a los campesinos y haber suprimido los aranceles sobre los alimentos de fuera de la UE, con la firma de tratados de libre comercio.
Estos factores económicos no resultan las únicas explicaciones del actual malestar agrícola –también alimentado por las sequías, el exceso de papeleo, las normas medioambientales, la competencia «desleal» de los productos ucranianos…–, pero han influido en el estallido social de esta profesión, tan desigual como precarizada.
INFILTRADOS
A pesar de ello, los grandes medios y buena parte de la clase dirigente han impuesto una interpretación mucho más simplista y parcial: el campo contra la ecología. Este diagnóstico solo tiene en cuenta las últimas gotas que han colmado el vaso –la supresión de la subvención del diésel rural en Alemania y Francia y una reducción del tamaño de las granjas en Bélgica y Países Bajos– en lugar del caudal de este malestar. También sirve para no cuestionar a la industria alimentaria y la gran distribución –una de las dianas predilectas de los campesinos movilizados– ni los dogmas económicos neoliberales, como la no regulación de los precios y los tratados de libre comercio. Y, de hecho, se trata del mismo marco discursivo de la extrema derecha.
«La ecología se lleva a cabo de manera sistemática en perjuicio de nuestros campesinos», dijo a la cadena TF1 Jordan Bardella, número dos de la RN. Era 20 de enero y, apenas dos días después de que hubieran empezado los primeros cortes de carreteras, el cabeza de lista en las europeas del lepenismo intentaba instrumentalizar las protestas visitando una explotación ganadera en el suroeste de Francia propiedad de simpatizantes de su partido.
Más que su presencia en las protestas, el riesgo de la ultraderecha es ideológico y electoral. «Desde principios de los años dos mil, el auge del lepenismo se debió a su capacidad de implantarse electoralmente en los territorios rurales», explica el historiador Édouard Lynch, especialista del mundo agrícola y profesor en la Universidad Lumière-Lyon 2, refiriéndose a la estrategia de Marine Le Pen de convertirse en la portavoz de la «Francia de los olvidados». La mayor parte de los 88 diputados de RN en la Asamblea fueron elegidos en circunscripciones rurales en las legislativas de 2022. Es el mismo modelo «ruralista» que intenta aplicar Vox en España.
¿La ultraderecha sacará un rédito electoral a este malestar del campo? «Me cuesta imaginar que no lo vaya a hacer», reconoce el politólogo Guillaume Letourneur. Sin embargo, este especialista de la implantación rural de RN matiza que «esto dependerá de la oferta electoral en las europeas», en las que el presidente de la Federación de Cazadores, Willy Schraen, liderará un nuevo partido ruralista. «Quizás será esta lista la que saldrá más beneficiada por las protestas», sostiene Letourneur. Este nuevo partido francés se inspira en el Movimiento Campesino-Ciudadano, que dio la sorpresa en Países Bajos y se convirtió en la primera fuerza en las elecciones provinciales en marzo del año pasado. La candidatura de España Vaciada también pretende dar la sorpresa en los comicios de junio.
DEMONIZAR LA ECOLOGÍA
La derecha mainstream –desde la Unión Demócrata Cristiana de Alemania hasta el Partido Popular en España, pasando por el macronismo en Francia– sigue con inquietud esta evolución del electorado rural. Esto ha provocado que haya endurecido su discurso contra el ecologismo. El presidente del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, ya se había opuesto el año pasado con claridad al Green Deal (Pacto Verde) de la UE, a pesar de que esa batería de medidas ha quedado descafeinada ante la influencia de los grupos de presión. «El gran problema es el Green Deal y su visión claramente basada en el decrecimiento», ha denunciado recientemente el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas (principal organización agrícola en Francia), Arnaud Rousseau.
«Ante cada dificultad, ustedes se dedican a señalar a los agricultores» y los presentan «como delincuentes, contaminadores de nuestras tierras y como los torturadores de los animales», reprochó el primer ministro francés, Gabriel Attal, a una diputada verde en la Asamblea Nacional. En lugar de hablar de «competencia desleal», señalar la gran distribución o cuestionar la desregulación de los precios, el gobierno de Emmanuel Macron ha acusado de este malestar agrícola a los ecologistas. Ha sacrificado varias medidas medioambientales, como el final progresivo de la subvención del diésel rural y un plan para reducir el uso de pesticidas, para responder a la rabia del campo.
Esta reacción representa, sin duda, una victoria ideológica para la extrema derecha. Intentando distanciarse de los discursos climatoescépticos, el lepenismo (y también los ultras en otros países) afronta el debate sobre el cambio climático con una nueva estrategia. Lo plantea como una confrontación entre el «falso medioambiente» punitivo, que defienden los tecnócratas de Bruselas y los «burgueses» urbanos que votan a la izquierda, y el «verdadero medioambiente» de campesinos y cazadores.
En cierta manera, la rabia del campo refleja la paradoja en la que se encuentra atrapada Europa: un continente enfermo de un neoliberalismo que nutre el voto a la ultraderecha. Y eso que esta defiende el mismo modelo que alimenta el descontento.
(Tomado de CTXT. Brecha reproduce fragmentos.)
