Uruguay es un país bendecido por el agua. En cualquier dirección que caminemos se encontrará una sucesión de cañadas, arroyos y ríos, acompañados de esteros y bañados, y, por si fuera poco, también grandes lagunas sobre las costas oceánicas. Muchos son enormes ríos, como el Uruguay, el Negro y el Queguay, y algunas cuencas son muy extensas (la del río Tacuarembó cubre más de 16 mil quilómetros cuadrados). Las intrincadas redes que teje el agua son el sostén de la vida en todo el país, tanto para su fauna y flora nativa como para la producción agropecuaria, y en nuestros hogares.
La disponibilidad de agua nos coloca en sitiales privilegiados a nivel mundial. Si se considera el volumen total disponible, en ese ranking, encabezado por Brasil, ocupamos un destacado puesto 47, con 172 mil millones de metros cúbicos por año. Cuando se evalúa el agua disponible por persona y por año, el país trepa al lugar 15, con un impresionante volumen de más de 49 mil metros cúbicos por habitante.
Gozamos de esa enorme riqueza mientras que en el planeta más de 2.000 millones de personas no tienen asegurada el agua para beber. Sin embargo, parecería que buena parte de la sociedad no valora esto adecuadamente, tolerando el deterioro de nuestras aguas. La clase política tampoco ha reaccionado y es posible que ni siquiera entienda bien lo que ocurre. El resultado es que la calidad de los recursos hídricos se ha deteriorado año tras año.
Hoy por hoy puede argumentarse que todas las grandes cuencas del país están comprometidas de algún modo. Los datos del Ministerio del Ambiente (MA) para el período que va desde 2016 a 2019, basados en 152 puntos de muestreo, evidenciaron que los niveles de fósforo eran inaceptables en el 84 por ciento de los casos, y para el nitrógeno, en el 44 por ciento.1 A medida que se analiza con más detalle la situación, se encuentran más problemas; por ejemplo, en la cuenca de la laguna Merín se detectaron 92 agroquímicos.2
Apelando al indicador del estado trófico, que sirve para evaluar la calidad del agua, y teniendo presente que no existen muestreos en todo el país, surge una situación alarmante. Aparecen situaciones de alerta amarilla en cuencas como las de los ríos Cuareim, Tacuarembó y Negro, y en especial llama la atención el compromiso en los ríos Yí y San Salvador. Si a ello se suman las banderas sanitarias en las playas, por ejemplo, por la presencia de cianobacterias, veremos toda la costa sur del Uruguay teñida de naranja. Finalmente, la condición más grave se detecta en la cuenca del río Santa Lucía, invadido por las luces rojas que revelan el dramático deterioro de sus aguas, esas mismas que riegan muchos cultivos de frutas y verduras que comemos, o que llegan a las canillas en nuestros hogares.
Ninguna de estas situaciones es nueva, y se han venido alertando desde hace casi 30 años. Los intentos de solución han sido limitados, escasos e inefectivos, y es por ello que la situación se agrava poco a poco. Persiste una incapacidad tanto estatal como de los actores políticos partidarios para entender lo que sucede y responder como es debido. El resultado es la lenta agonía del agua.
Los hechos más recientes confirman el problema. Como el directorio de OSE sigue sin tener un plan de contingencia ante una próxima sequía, se debería concluir que poco aprendió de la sequía de 2023. En cambio, su propuesta paliativa es bombear agua desde el Río de la Plata, tal como plantea el proyecto Arazatí, que defiende un consorcio empresarial. La pretendida solución no es tal, ya que se tomaría agua de una fuente riesgosa, que durante parte del año es salobre y regularmente padece de cianobacterias. Además, en los hechos eso implica mantener la agonía de la cuenca del río Santa Lucía.
Esa alternativa ha desencadenado el rechazo de casi toda la academia, pero el gobierno, en lugar de escucharlos, quiere excluirlos. Es así que, ante una acción judicial en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tanto el MA como OSE rechazan que comparezcan los científicos. Se apela a una formalidad legal, tal vez entendible para una empresa privada desesperada por asegurar un millonario contrato, pero es escandaloso que el MA se niegue a escuchar lo que puede decirse desde la ciencia. Es como si el ministro de Salud Pública se negara a oír a los médicos ante una epidemia.
Los eufemismos son inadecuados ante estas situaciones. Debe decirse muy claro y fuerte: Uruguay sufre una emergencia en la calidad de sus aguas y la política no está reaccionando ante ese drama. No solo eso, sino que ahora se empeña en silenciar a los que hablan en defensa del agua.
1. Informe del Estado del Ambiente 2020, Ministerio de Ambiente, 2020.
2. «Problemáticas socioambientales en el territorio hidrosocial de la laguna Merín: aportes desde la interdisciplina», Carla Kruk y colaboradores. Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía, 7, 2022.
