A principios de este año, Brecha solicitó al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) información acerca del funcionamiento de las clínicas psiquiátricas privadas que el instituto contrata para la atención de niños, niñas y adolescentes (NNA). Se pidieron concretamente los informes completos de todas las auditorías (entre 2015 y 2023) que los órganos competentes de la institución hayan elaborado a modo de contralor a las empresas con las que se celebran contratos a través de licitaciones para la atención de salud mental de NNA, incluyendo clínicas de agudos, hogares de medio camino y hogares diurnos. A fines de abril, el INAU respondió declarando «confidencial» la información. Como argumento, el organismo se limitó a citar el literal B del artículo 10 de la ley 18.381 (de acceso a la información pública), que prevé la posibilidad de negar el acceso a información en el caso de que esta revele «hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor».
Actualmente hay una gran cantidad de NNA que están bajo el amparo del Estado y necesitan asistencia relacionada con su salud mental. Producto de situaciones extremas de vulneración de derechos, es muy frecuente que muchos de ellos lleguen a las puertas de entrada del INAU en medio de estados que requieren atención médica inmediata. En esos casos –y en muchos otros– terminan internados en clínicas psiquiátricas para pacientes agudos.
El INAU no cuenta con clínicas propias para pacientes psiquiátricos menores de edad que enfrentan situaciones agudas. De hecho, la oferta de este servicio es nula en el ámbito público. Desde los años noventa, un conglomerado de empresas del sector privado se organizó para proveer este servicio al Estado, a tal punto que hoy ese es su único cometido. En la medida en que las situaciones de vulnerabilidad extrema se hicieron cada vez más frecuentes en el país, el INAU se acostumbró a gastar cifras millonarias anualmente (comprometiendo gran parte de su presupuesto) para contratar servicios de clínicas psiquiátricas para menores de edad a través de licitaciones. En 2016, Brecha contó de forma exclusiva cómo se gestó y cómo funciona este servicio controvertido y poco conocido de la protección estatal (véase «La psiquiatría paraestatal», Brecha, 1-VII-16).
Actualmente el INAU contrata una sola clínica de agudos en Montevideo a través de licitación pública. La empresa proveedora es API SA y la clínica está ubicada en Puntas de Manga. Hasta allí se trasladan NNA de todo el país cuando sobrevienen situaciones de urgencia, la mayoría de las veces porque se entiende que esa internación es necesaria, pero en ocasiones también porque el instituto no cuenta con la infraestructura suficiente para amparar a los más de 7 mil NNA que están a su cargo. Por la misma razón, el tiempo de permanencia de los niños en este tipo de clínicas no está definido de antemano. Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, el plazo máximo de internación es de 30 días (prorrogables con indicación médica). Según la directora de la División de Salud Mental de INAU, Mónica Silva, la estadía máxima en ese tipo de centros debería ser de siete a diez días (véase «La población está cada vez más dañada», Brecha, 17-Xl-23). Ninguno de estos plazos suele cumplirse con justeza. La investigación del semanario en 2016 constató que los niños permanecían internados en las clínicas varios meses (e incluso años), aun después de contar con el alta médica. Esta realidad fue confirmada por un informe del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) de la tortura, de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) recién en 2021 (véase «Permanecer, a pesar del alta», MNP, INDDHH, 2021).
El INAU no solo contrata una clínica privada para agudos, también compra servicios de casas de medio camino y centros de protección de discapacidad, todos ellos a través de licitaciones públicas. Según supo el semanario, son alrededor de diez las clínicas de medio camino, cuya coordinación está a cargo del Área de Intervenciones Especializadas del INAU. Actualmente son casi 400 los NNA internados allí.
En 2020, la INDDHH recibió 18 denuncias de los centros gestionados por la empresa Carpei en Maldonado. El MNP constató malos tratos, castigos con aislamiento en cuartos de contención y hasta posibles situaciones de abuso sexual (Informe No. 132 del MNP, 2023). En febrero de 2024, la directora del INAU por el Frente Amplio, Natalia Argenzio, pidió información sobre las clínicas privadas que actualmente trabajan con la institución con el fin de discutir en el directorio. También entonces la información sobre los centros clínicos de psiquiatría fue declarada confidencial.
Mala mía
La tendencia al secreto no es nueva. En febrero de 2024, el directorio del INAU –a través de la resolución 0447/2024– había clasificado de forma anticipada como «reservada la información contenida en todas las formas documentales activas del instituto»; la intención era restringir de antemano el acceso a la información que se tramita a través del sistema de expedientes electrónicos.
En marzo de este año, la senadora Silvia Nane hizo una denuncia ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) en la que solicitó asesoramiento y consultó sobre la legalidad de este procedimiento. La UAIP determinó que la postura del INAU viola la normativa y solicitó al organismo que desclasificara la información.
En el informe de UAIP se argumentó que el INAU había desestimado los pasos establecidos por la normativa para una clasificación de información de estas características. Además, explicó que, en caso de que en un expediente exista «información que debe ser clasificada, solo debe ser catalogada como tal esa sección» y no la totalidad del documento (ni mucho menos todo el sistema). El documento aclaró que la resolución del INAU «va en contra de todos los criterios normativos establecidos» por el Estado en materia de información pública.
A instancia de los informes de la UAIP, el 8 de mayo el directorio del INAU reconsideró su posición y resolvió dejar sin efecto la resolución 0447/2024, con lo cual el instituto se comprometió a ceñirse a la normativa antes de clasificar información como reservada.
Pese a ello, la información sobre las clínicas privadas que atienden a cientos de NNA en Montevideo permanece en secreto por resolución del directorio.
