Doce provincias argentinas, nueve de ellas recostadas contra la cordillera de los Andes, firmaron entre mediados de 2022 y abril de 2024 acuerdos secretos con la empresa estatal israelí de aguas Mekorot. Diputadas nacionales y provinciales reclaman información y transparencia.
Se trata de Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe y Formosa. De acuerdo a la oposición parlamentaria, lo firmado por los gobernadores contiene cláusulas lesivas de la soberanía argentina y viola la normativa nacional y provincial, porque cede a Mekorot la propiedad intelectual sobre la información hídrica y geológica de la provincia a cambio de un informe con lo que la empresa considere pertinente. Además, los acuerdos otorgan a los empleados de Mekorot inmunidad judicial. Es decir, las provincias se harán cargo de cualquier violación a la ley que cometieran, además de asumir la responsabilidad y los costos sobre los daños que la empresa pudiera ocasionar. En caso de llevar el tema a la Justicia, las provincias deberán hacerlo ante tribunales británicos.
Las primeras provincias en firmar acuerdos de este tipo con Mekorot fueron Mendoza y San Juan, en 2022. Para febrero de 2023 ya lo habían hecho otras seis gobernaciones. Los convenios apuntan a que los informes de Mekorot permitan elaborar un plan maestro del agua en cada provincia para aprovechar ese recurso escaso en tiempos de cambio climático. La empresa israelí también participará como asesora en la elaboración de ese plan maestro.
La oposición en Mendoza reclamó al ejecutivo provincial los textos de los acuerdos firmados y la presencia en sala de los responsables del área hidráulica del gobierno, sin éxito. Lo mismo ocurrió en San Juan y Chubut. En Río Negro, la legisladora opositora Magdalena Odarda pudo acceder al contrato luego de presentar un pedido de informes al gobernador. El costo del acuerdo fue de 1,5 millones de dólares; los trabajos finalizaron el 15 de octubre, pero aún no hay informe a la vista. El secretismo en estos casos no está avalado por las constituciones provincial ni nacional, por lo cual los gobernadores están incurriendo en una infracción que podría dar lugar a un juicio político, evalúan desde la oposición. Sin embargo, en las cuatro provincias mencionadas el oficialismo tiene mayorías que bloquearían cualquier pedido en ese sentido. En Río Negro y Chubut la oposición estudia los pasos ante la Justicia para presentar una denuncia penal.
Diversos informes de la ONU, en particular dos, de 2013 y 2014, así como Amnistía Internacional, acusan a Mekorot de desviar agua de los territorios palestinos hacia Israel y de ser parte de un apartheid del agua en Palestina. De acuerdo al derecho internacional, todos los Estados están obligados a no reconocer la legalidad ni a cooperar ni prestar asistencia a situaciones violatorias de normas imperativas del derecho internacional, como el acceso al agua potable. En noviembre de 2023, la diputada nacional Romina del Plá, del Frente de Izquierda y de Trabajadores, presentó un proyecto de resolución reclamando toda la información y la letra chica de los acuerdos con Mekorot producidos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y avalados por el Ministerio del Interior, entonces a cargo del peronismo. Por ahora todo es silencio.
Mekorot ingresó a Argentina hace 20 años de la mano del gobernador peronista de Formosa, Gildo Insfrán. En 2020, el entonces ministro del Interior Eduardo de Pedro organizó rondas con los gobernadores para conocer la planificación de obras para sus provincias. Diez de los 24 mandatarios reconocieron la necesidad de una solución a los problemas del agua en sus provincias. En abril de 2022, De Pedro viajó a Israel junto con otros ministros, miembros de la embajada de Israel y del CFI y delegados de las provincias. A continuación llegarían los primeros acuerdos. Con la aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones en agosto de este año, los contratos han cobrado una mayor dimensión y el rol de Mekorot como socio tácito en emprendimientos megamineros empieza a resultar inquietante bajo el gobierno de Javier Milei.
