La Universidad de la República (Udelar) atraviesa un momento singular, pautado por una serie de tensiones. Primero, se ha desatado un proceso imprevisto de elección de rector. A la vez, existe cierta convergencia programática, a tal punto que las propuestas que están sobre la mesa tienen grandes líneas de coincidencias, lo que es positivo para la tramitación interna, pero puede desestimular ideas más disruptivas. Además, en los últimos dos años se ha comenzado a instrumentar una serie de cambios muy importantes en distintos espacios de la institución (en particular, los centrales), cuya supervivencia dependerá de cómo se dilucide el proceso electivo. La Udelar debe cambiar, y cambiar a fondo. En este contexto, los desafíos para la extensión universitaria son todavía más exigentes.
Las propuestas programáticas que se conocen hasta el momento habilitan nuevos caminos –al menos discursivamente– para la extensión. Se habla de integralidad e interdisciplina, colaboración, contribución y transferencia de conocimientos para mejorar la calidad de vida de las personas. Algunos mencionan la importancia de las acciones culturales (asunto minimizado en los discursos dominantes sobre la extensión), mientras que otros ponen el foco en la necesidad de promover prácticas plurales y sostener la política mediante evaluaciones rigurosas. Se reivindican los Espacios de Formación Integral, pero se admite que tienen que entrar en una nueva fase más ambiciosa. No faltan propuestas para pensar la extensión en clave de un sistema público superior, y también se proyectan planes de formación de trabajadores para que puedan acreditar saberes universitarios. La formación integral de estudiantes y la necesidad de profundizar lazos con la investigación son desafíos relevantes que van en línea con las exigencias que plantea el Estatuto del Personal Docente.
Poder darles forma a esos propósitos requiere de políticas sectoriales más explícitas y de instrumentos de gestión mucho más coherentes y consistentes que los que existen actualmente. Además, se precisan nuevos discursos e imaginarios de la extensión que trasciendan ciertas liturgias autocomplacientes y, en última instancia, conservadoras.
La extensión tiene una larga tradición y ha pasado por distintas etapas. Luego de un impulso importante entre 2006 y 2014 (con sus luces y sus sombras), sobrevino un freno (algunos hablarán de un ordenamiento; otros, de retroceso). Lo cierto es que ya llevamos una década de indefiniciones y estancamiento. El viejo modelo que subsiste ya no da respuestas a las nuevas necesidades, y los impulsos emergentes chocan contra la falta de voluntad política y las resistencias conservadoras. Por si fuera poco, la política sectorial se apoya en un diseño institucional incoherente y fragmentado.
La reciente creación de los prorrectorados (y, en ese marco, surge el Prorrectorado de Extensión y Programas Integrales) como espacios organizativos para promover políticas sectoriales es apenas un primer paso, pero lejos está de ser el decisivo. Si eso no se acompaña con una ampliación radical de nuevas agendas temáticas, un diseño y aplicación de ambiciosos programas formativos y de evaluación, y una formulación plural y rigurosa de conceptos y metodologías para la extensión, solo será un irrelevante cambio de nombre.
Pero estos cambios tienen que ubicarse en un contexto. Las universidades públicas están sometidas a vientos cruzados. Se las ataca, se las degrada, se las persigue y se las asfixia presupuestalmente. En el centro de esas reacciones está el rechazo a la autonomía y al cogobierno. Todo aquello que esté asociado –aunque sea potencialmente– con la libertad, el intercambio con fundamentos, la deliberación o la creatividad es puesto bajo sospecha. A este escenario hay que sumarle las corrientes negacionistas de la lógica científica, aliadas a perspectivas conservadoras y regresivas.
En los últimos lustros, las universidades se han extendido territorialmente, se han complejizado, se han masificado y nuevos sectores sociales han accedido a ellas bajo expectativas de ascenso social. Hoy tenemos un estudiantado masivo y heterogéneo. Lo queramos o no, hay una nueva realidad, y algunas opciones que se abren no son precisamente las más alentadoras: o las universidades se abroquelan y administran como pueden las realidades que se les imponen, o se abren completamente y quedan subordinadas a las lógicas de la racionalidad política o económica.
Por esas razones, la extensión universitaria tiene un papel decisivo. Y más allá de los soportes institucionales, sin los cuales es puro discurso voluntarista, también hay tareas de fondo que hay que asumir.
En primer lugar, hay que apoyarse en una teoría de la sociedad orientada al presente y con una fuerte pretensión empírica. Sin un proyecto de conocimiento actualizado y permanente sobre las condiciones sociales e intersubjetivas, sobre los cambios y las inercias, sobre los factores estructurales, sobre la subjetividad de época, sobre las desigualdades y los conflictos, sobre las distintas formas de distribuir recursos y reconocimiento, sobre las fuentes reales de producción de convicciones éticas fuertes, sobre la singularidad de los lazos entre la vida biológica y la vida biográfica, sobre las relaciones cambiantes entre acción y realidad, sobre los nuevos esquemas en las relaciones de dominación y los conflictos de poder (aun dentro del propio campo académico), la extensión universitaria carecería de perspectiva estratégica última.
En segundo lugar, hay que reinterpretar, resignificar y canalizar las demandas sociales, tanto las que llegan con voz fuerte como aquellas que están allí pero no tienen traducción posible. Esto tiene consecuencias muy relevantes en el plano metodológico, pues no solo hay que apelar a herramientas participativas, sino además a estrategias inmersivas en la producción de un conocimiento con capacidad de desarticular todo aquello que damos por obvio. Hay un esfuerzo mayor por dar visibilidad a aquello que permanece en un cono de sombra, pero sin abandonar las perspectivas históricas y políticas de los conflictos. A su vez, dar respuestas a determinadas demandas supone el diseño de nuevos dispositivos con alcance multidisciplinario. En definitiva, la extensión crítica es aquella que no da nada por sentado, incluidas sus propias prácticas.
En tercer lugar, una nueva perspectiva en extensión no puede estar divorciada de un proyecto universitario global, en diálogo constante con la enseñanza y la formación, pero también con la producción de conocimientos. No puede haber extensión sin pensamiento, sin estrategia y sin capacidad de articulación. La extensión universitaria es una práctica de fricción que siempre debe contener momentos de apertura, autoconciencia y reflexión, dirigidos precisamente a reforzar el sentido de esas prácticas. La extensión es un desplazamiento para que las cosas dejen de estar quietas. Bajo distintos modelos y diversidad de experiencias, la extensión debe conciliar múltiples orientaciones: hacia las políticas públicas, hacia las organizaciones sociales, hacia el debate público y hacia las distintas formas de precariedad social que no logran articular discursos, organización y visibilidad, o sea, hacia esas formas de vida muda.
Por último, todo este esfuerzo debe encarnarse desde la perspectiva de la integralidad. Si bien este concepto navega muchas veces en el vacío –o es reducido a un sentido muy limitado–, sus posibilidades de traducción y concreción son infinitas. La formación de estudiantes bajo líneas de compromiso y cercanía con los problemas reales es un camino ineludible. Es posible y necesario profundizar una política que obtenga más resultados en ese sentido. Sin embargo, un nuevo paradigma de extensión tiene que poder hacer base en la investigación y la producción de conocimiento. Investigar para y desde los problemas más acuciantes del país es algo que la Udelar hace desde siempre. Pero los desafíos actuales son mayores, y la extensión puede jugar allí un papel de vinculación y canalización de demandas, así como incidir y contribuir sobre territorios y acciones a partir de evidencias y aportes de investigación que contribuyan a la resolución de problemas. Si lo que hacemos solo nos sirve a nosotros o a un puñado de intereses creados, la política sectorial no estará cumpliendo con su función principal.
Si lo que hemos señalado hasta aquí tiene algún grado de validez, se comprenderá la magnitud política y académica del desafío. Los tibios cambios que se han puesto en marcha tienen que ser asumidos en plenitud y dotados de políticas sustantivas que vayan dando forma a un proyecto universitario que responda a las complejidades sociales actuales.
Rafael Paternain es sociólogo. Prorrector de Extensión y Programas Integrales de la Udelar.
