El genocidio en Gaza, la aniquilación y el desplazamiento forzado de la población palestina dominan la 80.a Asamblea General de la ONU (AGNU). El telón de fondo es la ola de indignación ante la inacción –y la complicidad– de los poderes mundiales para parar las atrocidades israelíes.
La necesidad de los gobiernos de hacer algún gesto para aplacar la indignación popular y salvar su reputación ha llevado a que en apenas dos días, diez países occidentales hayan reconocido al Estado palestino. Pero, como comentó la relatora especial Francesca Albanese, hace cinco años esta noticia habría sido para aplaudir; hoy, en cambio, suena a una distracción para desviar la atención –y las responsabilidades– de la verdadera prioridad, que es frenar el genocidio y la impunidad de Israel.
Ya analizamos (véase «¿La diplomacia puede parar el genocidio?», Brecha, 29-VIII-25) la inutilidad de reconocer simbólicamente un Estado inexistente sin tomar medidas concretas contra quien lo hace imposible en la práctica. No menos cínico es hacerlo soslayando que el gobierno israelí asegura que jamás existirá un Estado palestino y su parlamento aprobó la anexión de Cisjordania. Como dice la periodista Sonia Boulos en Eldiario.es, «la condición de Estado solo importa en la medida en que sirva a la autodeterminación. Una fórmula de dos Estados desvinculada de este derecho reproduce la dominación colonial y actúa como estrategia de contención destinada a proteger a Israel de las consecuencias de su curso genocida más que a promover los derechos palestinos».
En 2024 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la AGNU establecieron que los Estados debían tomar medidas para prevenir el genocidio, dejar de colaborar con el régimen ilegal de ocupación colonial y apartheid y sancionar a Israel.1 Pero mientras Israel intensifica la destrucción y la hambruna en Gaza y su violenta expansión colonial en Cisjordania, los Estados siguen sin actuar. Al igual que en la cumbre de Doha, en esta AGNU los gobiernos amigos de Palestina compiten por quién da el discurso más fuerte, pero –con excepciones, como Colombia– nunca pasan de las palabras a los hechos.
En lugar de priorizar poner fin al genocidio, el apartheid y la ocupación ilegal, a fines de julio Francia y Arabia Saudita organizaron una conferencia de alto nivel en Nueva York que aprobó la «Declaración sobre la solución pacífica de la cuestión de Palestina y la aplicación de la solución de dos Estados». El 12 de setiembre la declaración fue aprobada en la AGNU por una aplastante mayoría de 142 países (incluido Uruguay).
Y este lunes 22, en otra conferencia organizada por Francia y Arabia Saudita, en la que el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció al Estado palestino (no sin condiciones), se ratificó la hoja de ruta para lo que en realidad es una nueva capitulación, similar a la de Oslo hace tres décadas y también de la mano de la Autoridad Palestina (AP). La propuesta de «solución al conflicto» incluye: alto el fuego inmediato, liberación de todos los «rehenes» (en realidad, soldados prisioneros de guerra de un ejército de ocupacióne intercambio de prisioneros palestinos; desarme de Hamás y entrega del control de Gaza a una AP «reformada con apoyo internacional»; garantías de seguridad para Israel (también para Palestina, aunque a saber cómo será eso, con un mini-Estado desmilitarizado y la renuncia al derecho a la defensa), y –faltaba más– una exhortación a que todos los países árabes establezcan relaciones con Israel. No se menciona el derecho palestino a la autodeterminación con su capital en Jerusalén, ni la rendición de cuentas de Israel por sus crímenes atroces (como si el genocidio continuado de estos dos años no existiera). Tampoco se mencionan las exigencias de la CIJ de desmantelar el régimen ilegal y de apartheid, de devolver el territorio robado y de reparar a las víctimas palestinas por el despojo, la violencia sistémica y la opresión de siete décadas.
Para esta operación de normalización disfrazada de apoyo a Palestina, los países amigos de Israel contaron con la fiel colaboración del casi nonagenario presidente de la AP (que participó por Zoom porque Trump le negó la visa para viajar). Tras 20 años en el cargo, Mahmud Abás –cuyo mandato terminó en 2009 y gobierna por decreto, que carece de apoyo popular y en estos dos años no hizo otra cosa que seguir colaborando con Israel, reprimiendo la resistencia y la protesta en Cisjordania– se comprometió a realizar elecciones para «renovar el liderazgo palestino»; también condenó obedientemente las acciones de Hamás y le ordenó entregar las armas.
Todo esto ocurre mientras Israel continúa su destrucción despiadada de la ciudad de Gaza y, en medio de la devastación, los sobrevivientes claman a gritos que el mundo haga algo para parar la barbarie.
Las voces palestinas que protestan y denuncian la traición están llenando las redes sociales en todo el mundo. Aun quienes no simpatizan con Hamás recuerdan que el derecho a la resistencia de un pueblo oprimido está reconocido por varias resoluciones de la ONU, y que –como ha mostrado la historia palestina2– no se puede entregar las armas cuando se tiene al lado una potencia nuclear apoyada por el imperio y capaz de atacar a seis países en 72 horas. Por ejemplo, el gazatí Majed Abusalama escribió en sus redes sociales: «Rechazo que los líderes occidentales tengan derecho a decidir por nosotros si Hamás debe participar. Esa es una decisión política palestina. Sin embargo, los imperialistas occidentales, fieles a su naturaleza, dan por sentado que saben más que nosotros, el pueblo originario de Palestina. Soy una de las voces más críticas de Hamás, pero reconozco que tiene legitimidad política y una base electoral. Es un partido político palestino y, como tal, debe ser respetado.» Y remata: «Reconocer al Estado de Palestina en el marco actual no es un paso hacia la justicia, es una traición. Legitima el sionismo, borra el derecho al retorno y recompensa el colonialismo, mientras el pueblo palestino sigue sangrando, resistiendo y sobreviviendo como ciudadano de décima clase. Las potencias occidentales ocultan su complicidad tras el lenguaje de la diplomacia, ofreciendo gestos simbólicos mientras mantienen los acuerdos armamentísticos y protegen a Israel de su responsabilidad. Este reconocimiento no tiene que ver con la liberación palestina, sino con preservar los intereses imperiales y absolverse de culpa.»
La jurista francesa Rafaëlle Maison calificó la operación de Macron y del príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán como «subversión del derecho internacional». También con la preocupación de hacer cumplir los mandatos de la CIJ para parar el genocidio y sancionar a Israel, en estos meses ha ido creciendo el llamado a que la ONU actúe utilizando la resolución «Unión por la paz», un mecanismo que faculta a la AGNU, con dos tercios de los votos, a tomar medidas excepcionales cuando el Consejo de Seguridad está paralizado por el veto.3
Bajo este mecanismo, la AGNU podría crear una fuerza multinacional de intervención armada (no como la «fuerza de estabilización» que propone la Declaración de Nueva York) que entre en Gaza con la misión de proteger a la población palestina, garantizar su acceso a la ayuda humanitaria, preservar las pruebas de los crímenes israelíes y ayudar a la reconstrucción. Entre quienes impulsan esta iniciativa están los juristas estadounidenses Richard Falk y Craig Mokhiber, Francesca Albanese, el Tribunal Gaza de la sociedad civil internacional, PNGO (Palestinian NGO’s Network, la red palestina de organizaciones sociales) y una serie de personalidades y de organizaciones nucleadas bajo la consigna Protect Palestine.
En su discurso ante la AGNU, el presidente Petro de Colombia afirmó que el tiempo de la democracia para parar el genocidio de Gaza ya pasó, y exhortó a implementar la resolución Unión por la Paz para defender la vida del pueblo palestino. Queda por saber si algunos países del Sur –en particular los que integran el Grupo de La Haya– tendrán el coraje de llevar adelante esta iniciativa. El panorama no se ve alentador. Pero, como dice Mokhiber, es la última oportunidad para salvar la credibilidad de la ONU y del sistema legal construido durante 80 años, que hasta ahora no ha sido capaz de salvar a Gaza.
Y agrega que el rol de los pueblos, de las personas de a pie que ya no soportamos esta ignominia, es seguir movilizándose y exigiendo a los gobiernos que actúen de verdad y no con declaraciones huecas para parar la aniquilación del pueblo palestino. Un pueblo que se ha convertido en símbolo de todas las luchas por libertad y justicia en todo el mundo. Si pese a tanto horror Gaza no ha bajado los brazos ni ha levantado la bandera blanca, rendirse es un lujo que nadie puede darse.
- La CIJ incluso le dio 12 meses a Israel para desmantelar su régimen ilegal en el territorio palestino ocupado. El plazo se cumplió este 18 de setiembre sin que la AGNU tomara nota. ↩︎
- En 1982, la resistencia palestina abandonó Beirut con la promesa estadounidense de proteger a la población de los campos de refugiados; poco después, las falanges libanesas aliadas al ejército israelí cometieron la masacre de Sabra y Shatila. La renuncia a la lucha armada hecha por Fatah en los acuerdos de Oslo, y la colaboración de la AP para reprimir la resistencia en Cisjordania solo redoblaron la colonización violenta, el robo de tierras y la dominación israelí. ↩︎
- Entre esas medidas, podría crear un tribunal especial para Gaza, poner en marcha el Comité contra el Apartheid, llamar a los Estados a aplicar sanciones y un embargo militar a Israel. ↩︎
