Hace pocos días el Senado aprobó el presupuesto nacional 2025-2030. Un presupuesto es una herramienta para intervenir la realidad; un conjunto de decisiones que atienden necesidades y demandas amplias con recursos escasos. En esta columna nos ocuparemos de dos categorizaciones sobresalientes: la idea de proceso y la prioridad de lo social en las decisiones políticas.
Para hacerle justicia al proceso debemos remontarnos a «El FA te escucha» y su recorrida por 303 localidades del país. Le siguió el debate fecundo entre centenares de frenteamplistas que elaboraron las Bases Programáticas. Una vez en el gobierno, las demandas se desplegaron junto con las expectativas. Para completar el cuadro de complejidad, el gobierno se encontró con un déficit heredado mucho mayor que el declarado por la coalición multicolor.
El trabajo en la Cámara de Diputados fue de filigrana; permitió que el Frente Amplio (FA) saltara el escollo más desafiante de este período (la mayoría en Diputados) y logró que las reasignaciones se alinearan con sus prioridades programáticas (educación, investigación y cultura). Una vez en el Senado, se procuraron acuerdos políticos que trascendieron al oficialismo: nuevas reasignaciones en educación, cultura, la Fiscalía y discapacidad, y un acuerdo político sustantivo con Vamos Uruguay (Partido Colorado).
Otro rasgo evidente es la jerarquización deliberada de los asuntos sociales. La infancia y la adolescencia son la principal prioridad del presupuesto y representan el 40 por ciento de las asignaciones incrementales. El Instituto del Niño y Adolescentes del Uruguay (INAU), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Administración Nacional de Educación Pública recibieron el 12 por ciento, el 11 por ciento y el 20 por ciento, respectivamente. Los objetivos centrales de este presupuesto son reducir la pobreza infantil, fortalecer la matriz de protección social y garantizar el bienestar integral.
¿CUÁL ES EL MARCO Y CÓMO SE ACTÚA?
La pobreza está, mayoritariamente, en hogares con niños y niñas. Alcanza a poco menos de una de cada cinco personas del total de la población (17,3 por ciento),1 mientras que afecta a casi uno de cada tres menores de 17 años.2 Con los niños y las niñas están las mujeres y son ellas quienes se encargan de sus cuidados. El reparto desigual del trabajo no remunerado y su contracara, la desigualdad en el mercado de trabajo remunerado, pone en desventaja a las mujeres para generar ingresos. Por lo tanto, abordar políticas de cuidado de personas dependientes no es neutral en términos de género, ni en los efectos que produce en el mercado laboral y en la pobreza.
La discapacidad se presenta como un desafío adicional. Mientras que el 2,9 por ciento de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 19 años están en situación de discapacidad, este porcentaje asciende al 4,1 por ciento en los hogares con necesidades básicas insatisfechas.3
En este marco angustiante de pobreza y desigualdad, este presupuesto adopta medidas de protección de la infancia y la adolescencia. El foco del apoyo monetario se pone en los hogares más vulnerables a través del aumento del Bono Crianza (destinado a hogares con mujeres embarazadas y niños de 0 a 3 años) y la incorporación de la canasta higiénica menstrual (dirigida a personas menstruantes de entre 12 y 50 años).
El presupuesto también engloba un conjunto de apoyos a los cuidados familiares y las oportunidades futuras de niños, niñas y adolescentes. Se amplían los tiempos pedagógicos en educación formal y no formal, se brinda alimentación en primaria y educación media, y apoyos económicos para favorecer la permanencia en el sistema educativo (bono escolar universal en educación inicial y primaria, y becas Butiá en educación media).
Además del apoyo a la crianza en la familia de origen, el presupuesto apunta a la protección del derecho a vivir en familia en aquellas situaciones en las que el Estado brinda protección especial ante la pérdida del cuidado parental. Esto se realiza a través del Sistema de Protección Especial del INAU y el presupuesto se enfoca en mejoras en las condiciones de las residencias a través de la capacitación y el apoyo de quienes allí trabajan, así como de la mejora de la infraestructura. Se propone una transformación hacia modelos que prioricen el cuidado en familia y comunidad, reduciendo progresivamente la institucionalización. Asimismo, se prevé el apoyo para aquellos adolescentes que egresan hacia contextos no familiares.
Otra dimensión relevante es la salud, ya que este presupuesto acompaña sus trayectorias y apoya a las familias en los primeros años de vida de los niños y las niñas. Se destaca la visita médica domiciliaria a todos los recién nacidos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la universalización de la pesquisa visual en niños y niñas de nivel 5 en todas las escuelas, la eliminación de la desigualdad en el acceso de la vacuna contra el meningococo y la ampliación de las capacidades para tratar el neurodesarrollo y las dificultades del aprendizaje en los menores de 15 años atendidos en ASSE. Es destacable, a su vez, el programa Ni Silencio Ni Tabú, dirigido a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 29 años con el objetivo de promover el bienestar psicoemocional. En lo que refiere a personas en situación de discapacidad, hay diversos apoyos: creación y dotación de recursos al Instituto Nacional de Discapacidad, incremento de los asistentes personales para personas con dependencia severa y aumento de la cantidad de maestras de apoyo.
Somos una sociedad violenta. El blanco de esa violencia son los niños, niñas y adolescentes, y las mujeres. En la violencia sexual convergen ambas condiciones: son las niñas y las adolescentes las más afectadas.4 Este presupuesto atiende esa diversidad de violencias y dota al respecto de recursos incrementales al INAU y al MIDES. Se asignan partidas para la creación de dos nuevas fiscalías en violencia doméstica y género, así como dos juzgados especializados en el interior del país. El Ministerio del Interior lleva adelante cuatro acciones específicas en esta dirección: nuevo programa de dispositivos electrónicos, app y centro de apoyo telefónico para víctimas de violencia basada en género (sistema Élida); capacitación de personal; creación del Monitor de Género; disposición de equipos policiales especializados en delitos sexuales.
PENSAR UN NUEVO CÓMO SIN CAMBIAR EL PARA QUÉ
Para finalizar, proponemos volver al comienzo, a aquello de los recursos finitos o la manta corta. Debemos agregar también otra mirada: la necesidad de reducir el área que debe cubrir la manta. Urge complementar el foco, ocuparnos de los recursos disponibles y no solo de hacerlos rendir, así como buscar caminos para reducir las demandas que deben cubrir; complejizar el debate. Algunos sostienen que para aumentar la manta basta con aumentar la riqueza; otros, que hay que mirar los ingresos tributarios en su nivel y estructura; hay quienes creen que el problema está en las necesidades que debe tapar la manta y que reducirla implica modificar la estructura productiva actual, la política laboral y salarial; otros plantean enfoques que combinan en diversas formas estas miradas y seguramente otras.
Son muchas las aristas, muy largo el debate, pocas las verdades absolutas. El discurso de las derechas y todas sus variantes de moda es simple y superficial. La narrativa de izquierda es por definición compleja y larga. Es larga porque es sofisticada, inclusiva y sintetiza contradicciones. Involucra a sindicatos, a estudiantes, a empresarios, a la sociedad civil, a los colectivos y a la densa red de demandas, tensiones e intereses legítimos que hacen a la sociedad uruguaya. Habrá que redimensionar los problemas ambientales, el empleo desafiado por la tecnología, la migración, el envejecimiento. El FA y los movimientos en la base social del cambio tienen el enorme reto de escribir colectivamente el nuevo relato. Construirlo requiere evidencia y mucho diálogo. Deberá ocurrir, porque a toda esta frondosidad le está quedando chica la maceta de las viejas estructuras. Este presupuesto, su proceso y su resultado son un muy buen punto de partida.
Laura Fernández es abogada, asesora parlamentaria del Frente Amplio.
Sabine Vera es economista, asesora parlamentaria del Frente Amplio.
- Según información del Instituto Nacional de Estadística. ↩︎
- Elaboración propia con base en la Encuesta Continua de Hogares de 2024. ↩︎
- «Población en situación de discapacidad en Uruguay», Mariana Cabrera, 2025. ↩︎
- Por detalles estadísticos se puede consultar el documento «Informe de Gestión 2024», Sipiav, 2025. ↩︎
