En la pasada edición del suplemento Qué Pasa, de El País, Sebastián Cabrera se defendió de un heterodoxo procedimiento policial recurriendo, con clase, a su oficio. El periodista convirtió las insistentes convocatorias a declarar por parte de la Policía en la segunda entrega de un reportaje que había publicado, el 7 de diciembre de 2025, sobre un vidrioso activista ambiental de Punta Colorada. Llamado Richard Tesore, el activista rescata fauna marina varada en las playas, la rehabilita a su manera –con métodos cuestionados por la academia– y la exhibe –cobrando por ello– en los 3 mil metros cuadrados que ocupa sobre una de las playas más bellas de Maldonado.
Tesore fue sancionado por traficar pingüinos empetrolados a España a principios de los dos mil y trabajó haciendo seguimientos para un detective privado, entre otros medios para ganarse la vida a los que admitió haber recurrido. Pero, más que su pintoresca trayectoria, lo que interesa aquí es que, en la línea que divide a la comunidad de Punta Colorada entre promotores y detractores de su ONG, Tesore parece haberse puesto de su lado a los policías de la comisaría local. Tanto, que llegaron al extremo de llamar por teléfono insistentemente a Cabrera para citarlo a declarar, sin dar cuenta a la Fiscalía ni al Poder Judicial y actuando directamente ante una denuncia presentada por el «Indiana Jones» del balneario esteño (El País, 17-I-26).
El episodio no se terminó con la esperable respuesta de Cabrera, que, según relata, explicó por teléfono al agente que no es habitual que la Policía convoque a declarar motu proprio a un periodista por hacer su trabajo. Cabrera agregó que, para mayor inoportunidad, residía en Montevideo y no tenía intenciones de trasladarse hasta Piriápolis para ser interrogado. Desde la seccional le anunciaron que pedirían colaboración en Montevideo, y lo hicieron.
En la mañana del 29 de diciembre dos agentes de la Seccional 2 se presentaron en la redacción de El País para citar al periodista a declarar, otra vez sin orden judicial. Por la tarde, volvieron con un sargento y una citación membretada por la Dirección de Investigaciones. El periodista, asesorado por los abogados del diario, terminó por acompañar a los policías a la comisaría. Allí comprobó que la agente a la que le tocó en gracia la tarea de interrogarlo no había leído la nota que había provocado la convocatoria, lo que le impedía, básicamente, comprender las preguntas del cuestionario hecho en Piriápolis y las respuestas de su interlocutor. Además, notó que ella y su compañero pasaban mucho calor por la falta de ventilación en la sala de interrogatorios, que las sillas estaban lejos de ser ergonómicas y otras mieles rocambolescas con las que el lector puede divertirse en la crónica del episodio.
En esa nota se recogieron también las valoraciones de cinco abogados. Todos coincidieron en rechazar, por improcedente, la actuación de los responsables de las comisarías en cuestión. Sin embargo, debieron admitir que la Ley de Urgente Consideración, en la que los agentes se ampararon al citar a Cabrera, deja algún resquicio para amparar legalmente el procedimiento –resquicio fácil de cerrar, por otra parte, porque, para que el eventual delito de difamación denunciado por Tesore pueda ser detectado en flagrancia, los agentes deberían haber atrapado al periodista con las manos en el teclado y el cursor latiendo–. En cambio, el ministro del Interior, Carlos Negro, respaldó a su Policía. Aunque no se privó de autopromocionar cómo actuaba él ante la prensa en su carrera como fiscal, entendió que no había reproche alguno para hacerles a los oficiales bajo su mando. El Cainfo (Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública), pocos días más tarde, advirtió que episodios así pueden «generar un efecto inhibitorio sobre el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión […], fomentar la autocensura y afectar el rol fundamental de la prensa en una sociedad democrática».
Lo más probable es que el episodio no pase de una tragicómica anécdota, pues no es de esperar que el Ministerio del Interior decida enfrentarse al diario más fuerte del Uruguay por una salida de libreto en la que sus funcionarios, a todas luces, no tienen razón. Pero la pregunta –más allá de la correspondiente solidaridad con el trabajador de prensa y el cierre de filas corporativo– es qué amparo les queda a otros ciudadanos más frágiles cuando se ven expuestos a los avatares antojadizos que el reclamado empoderamiento de la Policía provoca en los agentes, con paraguas de legalidad. Ojalá la proyectada autonomía de la Defensoría de Oficio, hoy desbordada de casos, traiga a futuro algún tipo de contrapeso para proteger a esos sectores de la población de eventuales abusos. Y ojalá los que derrochan tinta a favor del empoderamiento policial como solución para la seguridad saquen alguna lección de lo que le tocó padecer al colega.
