Cada tarde en que Pasolento pasaba por el barrio, me decía que prefería ese apodo porque él era lento pero seguro. Efectivamente, era una persona tranquila, amable, tenderos y vecinos lo saludaban, le ofrecían comida, él ayudaba con tareas de limpieza y reciclaje. Pasolento vivía en la calle hasta que un día se llevaron sus cosas de la avenida y no supimos más de él.
Fueron múltiples los operativos de seguridad y del gobierno distrital que se realizaron en Bogotá hace casi una década, en 2016, en calles como la L del Bronx, un territorio histórico del centro (distinto al neoyorkino) donde deambulaban más de 2 mil habitantes de calle, y en otros sectores de la ciudad donde vivían habitantes de calle, muchos de ellos con consumo problemático de drogas. Algunos lugares eran nodos de criminalidad para el tráfico de drogas en un país conocido por ser productor de cocaína que, en 2012, reconoció mediante una ley (ley 1.566) ser un país consumidor.
Distintos informes y un paper académico posterior analizaron que, si bien las medidas de desalojo e intervención funcionaron por un tiempo en la reducción del delito y la percepción de inseguridad en Bogotá, la falta de un abordaje integral y sostenible generó un impacto social y una reconfiguración de la criminalidad en la ciudad que aún falta medir. Las medidas incidieron en que el tráfico se instalara en sectores cercanos, porque el mercado de drogas –como cualquier mercado– sigue funcionando, y las personas en situación de alta vulnerabilidad (por ejemplo, señoras mayores, madres cabeza de familia que vivían en las piezas de los inquilinatos o edificios abandonados del Bronx porque les habían asesinado a sus hijos, parejas, y particularmente los habitantes de calle) se dispersaron hacia otras localidades o se convirtieron en seres itinerantes por toda la ciudad evadiendo los desalojos.
El último censo (de 2024) de la Secretaría de Integración Social de Bogotá evidenció que hubo un aumento del 10 por ciento y un cambio en la concentración hacia otras localidades de la población habitante de calle desde el año en que sucedió el despliegue de los operativos masivos de desalojo. Una encuesta de la Federación Nacional de Comerciantes, de 2018, mostró que la percepción de seguridad empeoró en un 48 por ciento y el 44 por ciento de los comerciantes encuestados del sector circundante al Bronx respondió que su nivel de ventas disminuyó.
En el marco de los operativos de desalojo se suprimieron programas como los Centros de Atención Móvil a Drogodependientes (CAMAD), que realizaban intervenciones con personas habitantes de calle y con consumo problemático de drogas en territorios de alta vulnerabilidad. Los CAMAD ponían el énfasis en una estrategia itinerante, con unidades móviles que se desplazaban y funcionaban en esos territorios. Surgieron como una propuesta del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana que tenía como responsabilidad generar evidencia e insumos para las políticas de seguridad en la ciudad, al estudiar que el consumo problemático en personas que habitaban la calle era determinante para la reducción de la violencia, los delitos, la sensación de inseguridad y la protección de los derechos. Se presentaron como una alternativa adicional a los dispositivos de reducción de riesgos y daños que ya venía implementando la ciudad y el Ministerio de Salud, como, por ejemplo, los Centros de Escucha.
Los CAMAD fueron liderados por la Secretaría Distrital de Salud con instituciones de otros sectores, como Integración Social y el Instituto de Protección de la Niñez y la Juventud, y fueron reconocidos como una experiencia importante a nivel internacional por su abordaje integral con dispositivos sanitarios y de reducción de daños –y no solo policiales y de seguridad–, en sectores problemáticos por el tráfico y el consumo de drogas. El programa fue seleccionado por el Banco Interamericano de Desarrollo como experiencia exitosa y, en ese contexto, fue evaluado por un centro de investigación de Chile, que solo realizó un análisis de procesos. Por tanto, la evidencia sobre su funcionamiento es limitada.
De manera resumida, sus componentes en Bogotá fueron: 1) acogida, caracterización y búsqueda activa de los beneficiarios; 2) promoción en salud y hábitos de vida saludable, intervención en medicina, odontología y salud mental, derivación a servicios específicos de salud y pruebas de VIH y de otros riesgos detectados; 3) prevención del consumo de sustancias psicoactivas, reducción de riesgos y daños: a partir de la escucha activa de las personas habitantes de calle se promovieron pautas de autocuidado, alternativas para modificar los patrones de consumo y de consumo seguro, atención de crisis de ansiedad y otros trastornos derivados del consumo; 4) gestión intersectorial para la canalización a servicios sociales, disminución de las barreras de acceso a la atención en salud a los usuarios del CAMAD y seguimiento en la derivación, y 5) fortalecimiento institucional del talento humano. En la cárcel distrital de San Cristóbal se estableció un CAMAD en un espacio adecuado llamado Autonomía, para las personas privadas de la libertad con consumo problemático de drogas.
Según información de la Alcaldía de Bogotá, entre 2012 y 2014 se atendió a 11.292 personas consumidoras de sustancias psicoactivas, de las que 3.203 (26,8 por ciento) eran consumidoras habituales y problemáticas. Con la apertura del CAMAD del Bronx se aumentó el número de pacientes atendidos procedentes de esta zona en un 80 por ciento, los cuales tuvieron una estancia promedio de 30 días de atención.
LOS CAMAD COMO POLÍTICA NACIONAL
Desde 2023, el Ministerio de Salud de Colombia ha expedido los «Lineamientos para la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos territoriales para el abordaje integral del consumo de sustancias psicoactivas y la salud mental, a través de la estrategia CAMAD», y desde 2025 se ha ampliado su alcance territorial, en articulación con las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud.
Los lineamientos establecen la reducción de riesgos y daños como un enfoque de salud pública para minimizar los efectos negativos del consumo de sustancias psicoactivas a partir de la entrega de insumos, orientación, acceso a servicios de salud, acompañamiento comunitario y acciones contra el autoestigma, el estigma social y la discriminación. Queda pendiente conocer resultados y evidencia sobre su implementación, pero son una gran noticia en un contexto de «guerra contra las drogas» en el que las convenciones internacionales de estupefacientes promueven una vida libre de drogas y, por tanto, todas las políticas se han orientado a su eliminación durante más de 50 años, sin medir el impacto en vidas perdidas, encarceladas y –aún más– vulnerabilizadas por la discriminación y el estigma. En el escenario actual, donde el problema de las drogas se ha convertido en un dispositivo geopolítico para afectar las democracias y desarrollar políticas regresivas (una era que Marco Armiero denomina wasteoceno, en la que te desechan si no produces o si tienes consumo problemático), vale la pena recordar que así se trataba a las personas habitantes de calle hace unas décadas en Bogotá.
En su último reporte anual la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que solo una de cada 12 personas con trastornos por consumo de drogas recibió algún tipo de tratamiento en el año 2023. En tanto, según el último informe de Harm Reduction (2025), la disminución del financiamiento sanitario mundial amenaza la sostenibilidad de los programas de reducción de daños en muchos países. La pérdida de recursos humanos cualificados –educadores entre pares, trabajadores sociales y consejeros– ha privado a las personas que consumen drogas de servicios integrales.
Los CAMAD son una opción para abordar las situaciones de vulnerabilidad social y de consumo problemático de las personas que habitan la calle, pero existen y pueden existir muchas más. Es importante que podamos llegar a acuerdos entre la ciudadanía y la institucionalidad para convencernos de que desde la calle se pueden iniciar procesos de transformación de tantas historias de vida, de quienes algún día quisieron estudiar, trabajar y vivir en un lugar sin estigma. La reducción de daños y la integración social son un gran paso, como decía mi amigo, lento pero seguro.
Carolina Duque es investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Fue coordinadora de la línea de investigación sobre drogas del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana de Bogotá, donde se impulsó la estrategia de los CAMAD.
