A propósito del artículo «La rotonda», corresponde realizar algunas precisiones para evitar que una discusión relevante para el país quede reducida a insinuaciones y simplificaciones personales.
Ante la publicación de ese artículo en la edición de Brecha del 13 de marzo de 2026, entiendo necesario hacer una aclaración pública.
El texto presenta una acumulación de hechos, imágenes, opiniones e interpretaciones que termina construyendo un relato sobre mi persona, sobre empresas del sector y sobre el funcionamiento de la obra pública en Uruguay con el que no coincido y que considero injusto.
Desde hace más de tres décadas, desarrollo mi actividad profesional en el sector de la construcción y la infraestructura. Lo he hecho siempre dentro del marco legal e institucional vigente, asumiendo responsabilidades empresariales y también, en determinados momentos, responsabilidades de representación sectorial. A lo largo de ese recorrido he sostenido una posición pública clara: Uruguay necesita discutir con seriedad sus grandes proyectos, mejorar la gestión, fortalecer la capacidad de ejecución del Estado y pensar la infraestructura con visión de largo plazo.
Ese ha sido, y sigue siendo, el sentido de mis intervenciones públicas.
La participación de empresas en consorcios para proyectos de gran escala no constituye una anomalía ni una excepción. Se trata de una figura prevista en la normativa y utilizada en múltiples países cuando la dimensión técnica, operativa y financiera de las obras requiere complementar capacidades. Se puede y se debe discutir cómo mejorar permanentemente la competencia, la transparencia y los mecanismos de control. Ese debate es legítimo y necesario. Pero transformar de manera general esa realidad en una presunción de irregularidad o en una sospecha personal no contribuye a una conversación pública seria.
Como empresa constructora, Saceem realiza más de 200 ofertas por año en distintos llamados, procesos y proyectos, lo que muestra un volumen de participación amplio y sostenido en el mercado. Pretender extraer conclusiones generales a partir de un recorte parcial de ese universo, concentrado únicamente en algunos casos de alta visibilidad pública, conduce a una lectura incompleta y sesgada de la realidad.
También corresponde recordar algo básico: las adjudicaciones, observaciones, controles y eventuales responsabilidades no dependen de la voluntad de una empresa o de un director empresarial, sino de procedimientos, pliegos, decisiones administrativas y organismos públicos competentes. En un Estado de derecho, cualquier cuestionamiento relevante debe tramitarse con rigor, con evidencia y en los ámbitos institucionales correspondientes. No por insinuación, no por asociación libre y no mediante relatos que mezclan, sin la debida distinción, personas, compañías, proyectos y política.
Por otra parte, Uruguay cuenta con un marco institucional específico en materia de defensa de la competencia, con organismos encargados de analizar y eventualmente sancionar prácticas anticompetitivas cuando corresponda. La existencia de estos mecanismos constituye una garantía adicional para el correcto funcionamiento del mercado y para la confianza en las reglas.
Dar la cara, participar en instancias públicas vinculadas a proyectos relevantes o asumir vocería sobre temas de infraestructura no supone un privilegio ni una relación impropia con el poder. Supone, sencillamente, hacerse cargo de responsabilidades asumidas y sostener de frente lo que se piensa sobre asuntos estratégicos para el país.
Rechazo especialmente cualquier insinuación que pretenda presentar mi actuación profesional como expresión de una cercanía indebida con el sistema político o de conductas contrarias a la libre competencia, extremos que el artículo no demuestra respecto de mi persona.
Siempre he creído que Uruguay necesita más y mejor discusión sobre cómo diseña, licita, ejecuta y controla sus obras de infraestructura. Esa discusión debe darse con exigencia, con transparencia y con instituciones fuertes. Pero una cosa es promover ese debate y otra muy distinta es construir caricaturas personales o empresariales a partir de una lectura parcial, orientada por una única hipótesis y presentada como si fuera una verdad concluyente.
No rehúyo ninguna discusión de fondo. Por el contrario: estoy convencido de que el país necesita elevar la calidad del debate sobre desarrollo, inversión, gestión pública e infraestructura. Pero para que ese debate sea útil, debe estar apoyado en información completa, en criterios técnicos y en responsabilidad institucional.
Uruguay ha construido durante décadas un sistema institucional sólido, con reglas claras y mecanismos de control que deben seguir preservándose y fortaleciéndose. Cuidar ese capital institucional –basado en la transparencia, la competencia y el respeto a las reglas– es una responsabilidad de todos.
Por respeto a la opinión pública, a mi trayectoria y a los principios básicos de una convivencia democrática seria, corresponde dejar hecha esta aclaración.
