En la edición pasada, el señor Alejandro Ruibal remitió a Brecha una respuesta en relación con el artículo «La rotonda». Su intervención, de tono institucional, procuró desplazar la discusión hacia el terreno de las «insinuaciones» y las «simplificaciones». Sin embargo, evitó responder los aspectos centrales allí planteados. El artículo no cuestiona la legalidad de los consorcios ni su utilización en proyectos de gran escala, sino las condiciones concretas en las que operan determinados actores y los efectos que esas prácticas pueden tener sobre la competencia. Reducir ese señalamiento a una «presunción de irregularidad» implica una lectura que el texto no sostiene.
En segundo lugar, la apelación a la trayectoria personal de Ruibal o al volumen de ofertas presentadas por Saceem deja varias cuestiones sin responder. El punto no es a cuántas licitaciones se presentan las empresas, sino en qué condiciones se compite en aquellas de mayor relevancia. Por ejemplo, no se ha explicado por qué Saceem e Ingener se presentaban como competidoras en licitaciones mientras compartían integrantes en sus directorios o cuál es la justificación frente a las observaciones realizadas por el área jurídica de Ancap, que derivaron en la descalificación de una propuesta en 2023 por prácticas anticompetitivas.
A ello se suma un hecho constatable: en proyectos como el Neptuno y el plan de saneamiento, empresas que se presentaron como competidoras terminaron asociadas pocos meses después. También fueron las que elaboraron ambas propuestas. Se trata de situaciones verificables cuya interpretación, en última instancia, les corresponderá a los lectores. Por otra parte, en una entrevista en Aire Rico (18-III-26), Ruibal confirmó que hubo aportes de las constructoras en la última campaña electoral y derivó la discusión sobre el financiamiento hacia los partidos, pero ello no lo exime de responsabilidad como actor privado, cuando la normativa establece límites claros. Sus afirmaciones sobre que «acceder a un ministro no es tan difícil en Uruguay» y que, para hacerlo, no es necesario «comprar un ticket para una cena» resultan, como mínimo, discutibles. Por último, que existan mecanismos institucionales de control no suprime la necesidad de examinar y discutir cómo operan las empresas en la práctica. Ese es el sentido del trabajo periodístico.
