Del documento presentado como producto del Diálogo Social emergen dos asuntos relevantes que condicionan fuertemente la viabilidad de las propuestas concretas al punto que podrían poner en serio riesgo su implementación: por un lado, la imprescindible articulación intersectorial, apenas esbozada en varios de los capítulos, y por otro, la asignación presupuestal correlativa a las prioridades definidas.
En lo concerniente al primer aspecto cabe subrayar la existencia en la estructura institucional de varios ámbitos de articulación de políticas públicas: el Consejo Nacional de Género (CNG), presidido por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres-MIDES), creado por la ley 18.104; el Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia creado por la ley 20.376, complementando el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente creado por la ley 17.823; la Junta Nacional de Políticas de Discapacidad, ámbito supraministerial de definición política y articulación interinstitucional y el Consejo Consultivo de Personas Mayores como órgano asesor creado por la ley 18.617. La amplitud de problemáticas específicas se refleja en la trama antes descrita, aun cuando existen otros ámbitos particularmente asociados –por ejemplo– a la Junta Nacional de Drogas o a la salud mental.
En este sentido y en el nivel jerárquico más alto se ubica el Gabinete Social y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, descuidados en los últimos años, tanto por gobiernos frenteamplistas como por la coalición multicolor, pero constituidos como innovaciones de relevancia e introducidos en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Parece razonable no diversificar aún más la ingeniería de coordinación intersectorial y abordar con convicción una tarea en procura de la mayor eficiencia, evitando la duplicación y yuxtaposición de funciones y procurando obtener las sinergias imprescindibles de las políticas públicas. Para ello se requieren compromisos políticos y sistematicidad, confianza recíproca y objetivos claramente explicitados y consensuados por parte de los actores institucionales implicados.
En virtud de lo señalado, resulta crucial la capacidad de liderazgo –en este área– del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), demostrando la relevancia, pertinencia y necesidad de una articulación intersectorial como premisa de una buena gestión de los recursos públicos. Como señalan Fabián Repetto y Juan Pablo Fernández: «Si los integrantes del gabinete no tienen voluntad para coordinar sus acciones y carecen de un líder técnico político, es muy probable que el ámbito pierda su potencial y que se releguen a un segundo plano tanto el debate político como las acciones que promueven integralidad»1.
Los antecedentes registrados durante el diseño del Plan de Equidad (2007-2008) fueron, tal vez, evidencia de la viabilidad y utilidad en la construcción de estrategias mancomunadas e integrales. Aun cuando, veinte años después, son diferentes los contextos sociopolíticos y económicos, la ingeniería institucional permanece casi idéntica con los agregados de los últimos tiempos. Las estrategias específicas acordadas (abordaje de la situación de calle, salud mental, reestructura de la protección social, entre otras), más que justifican el esfuerzo de robustecer el Gabinete Social y muy especialmente el papel del Consejo de Coordinación, en tanto su brazo ejecutivo.
Por otra parte, y en cuanto a la dimensión fiscal, los adelantos anunciados por el Ministerio de Economía y Finanzas condicionan la eventual aplicación de las modificaciones y recomendaciones emanadas del Diálogo Social. En efecto, el mensaje de incremento cero en la rendición de cuentas genera suspicacias fundadas acerca de la factibilidad de la implementación de medidas tales como el incremento de las transferencias monetarias y la ampliación de los hogares destinatarios de las prestaciones. En los lineamientos elaborados por la Contaduría General de la Nación, en el ítem Principios Rectores, se expresa que «la formulación de la presente rendición de cuentas no prevé incrementos netos en el nivel de crédito en las propuestas presentadas por los incisos». En función de las prioridades preestablecidas por el Poder Ejecutivo, la recomendación se sustenta en reasignaciones presupuestales, pero con el criterio de «costo cero, financiándose mediante la reducción, eliminación o reformulación de otros gastos dentro del propio inciso». En esta misma línea el viceministro de economía, Martín Vallcorba, dijo en un comité de base del Frente Amplio que la clave estará en «blindar los gastos prioritarios del gobierno» y «al mismo tiempo, mantener la estrategia de consolidación» fiscal definida en el presupuesto (La Diaria, 26-V-26).
No obstante, las declaraciones posteriores a la difusión del documento de la Contaduría General de la Nación son en alguna medida contradictorias. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo a fines de mayo en conferencia de prensa, luego de presentar los lineamientos en el Consejo de Ministros, que se asegurará la unificación de transferencias, primera de las cuatro metas comprometidas por el gobierno y que también se encuentra en el documento final del Diálogo Social, y estimada en 30 millones de dólares para 2027. Para los próximos años, añadió Oddone, los técnicos continúan con las tareas para proyectar los requerimientos financieros dirigidos a este objetivo. Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, sostuvo que la actual no vendrá una «rendición de gasto cero», sino que el trabajo del gobierno preserva el compromiso financiero y fiscal establecido en el presupuesto y toma la «iniciativa política» de destacar con recursos áreas que definió como fundamentales para la ciudadanía. De esas declaraciones surgen interrogantes acerca de la elasticidad del gasto social y los márgenes de ajuste ad intra de los incisos, muy especialmente en el 15, es decir el MIDES. La instrucción de carácter técnico explicita el criterio del incremento cero, pero la prioridad política se manifiesta con un incremento real de 30 millones de dólares. La pregunta es ¿cuál de los criterios habrá de primar?, ¿cómo se alcanza ese incremento en el marco de restricciones fiscales? Ciertamente el resultado final dependerá de las negociaciones que habrán de procesarse en el Parlamento y de la firmeza del gobierno nacional. Esperemos resultados plausibles para el bienestar de la población más vulnerable.
- Coordinación de políticas, programas y proyectos sociales. Repetto, F. y Fernández, J.P. Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento y UNICEF. Buenos Aires. 2012. https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/2425.pdf ↩︎
