Las encuestas de opinión pública muestran, una vez más, que la seguridad es la principal preocupación de la ciudadanía. ¿Qué se entiende aquí por seguridad? ¿La violencia en general, los delitos callejeros, el narcotráfico o las variadas formas de violencia de género? Ante ese dato, el gobierno afirma que una de sus prioridades en la rendición de cuentas es la seguridad. ¿Prioridad en qué sentido? ¿Más recursos para la Policía y el sistema penal? A su vez, la oposición grita, protesta y reclama. Mientras tanto, los blindados militares hacen su debut en las calles de la ciudad y el primer semestre no trae noticias buenas en materia de cantidad de homicidios y heridos de bala. Hace casi dos décadas que estamos atrapados en esta dinámica: el delito moldea la preocupación pública, la polarización política se refuerza y el gasto público en «políticas de seguridad» se incrementa. ¿Cuánto hemos avanzado en ese tiempo? Poco y nada. ¿Qué esperan algunos actores políticos? Que el esfuerzo desplegado comience a dar resultados y así poder asomar un poco la cabeza. ¿Qué esperan otros? Que nada cambie para poder mantenerse en el candelero político y electoral.
La izquierda no ha podido con este tema. No por falta de capacidad, ni de recursos ni de adaptación a los libretos realistas. No ha podido porque se ha quedado sin proyecto político para romper esa dinámica. Los discursos para interpelar la realidad son cada vez más débiles y la fuerza de las «demandas» hace que la asimilación a las ideas hegemónicas sobre las formas de controlar la seguridad sea un camino inesquivable. La desigualdad, el trabajo, el conflicto, el Estado, la democracia y la emancipación eran ideas fuerza que ordenaban la experiencia y la acción colectiva. Hoy son recursos endebles frente a la cosmovisión de las derechas y la sensibilidad de época. En tanto, las desigualdades no han desaparecido –más bien ha ocurrido lo contrario– y el capitalismo no ha dejado de producir nuevas formas de dominación. El mundo se volvió más complejo, las relaciones sociales, más inestables, las trayectorias biográficas, más inciertas y las experiencias del sufrimiento, más heterogéneas.
La izquierda se enfrenta a una realidad que la condiciona por completo, a un cambio de época, a una transformación de la estructura social y de las representaciones colectivas, a nuevos sentidos que sostienen las miradas y los proyectos. Y las violencias ocupan un lugar privilegiado dentro de esa transformación. Desde hace décadas, el delito, la inseguridad y las distintas formas de victimización se instalaron en el centro de la conversación pública. Gobiernos, partidos, medios de comunicación y especialistas dedican una atención permanente al problema. Disponemos de mejores estadísticas, nuevos instrumentos de vigilancia, tecnologías de predicción, sistemas de georreferenciación, reformas procesales, políticas criminales cada vez más sofisticadas. Nunca supimos tanto sobre algunos aspectos del fenómeno. Sin embargo, los problemas y los sentimientos negativos subsisten. La violencia aparece como un problema que debe ser administrado mediante policías, cárceles, fiscalías o dispositivos tecnológicos. En el mejor de los casos, se la presenta como la consecuencia inevitable de determinadas carencias sociales. Pero en ambos extremos ocurre algo parecido: dejamos de verla como una ventana privilegiada para comprender las transformaciones del capitalismo, las mutaciones del Estado, las nuevas desigualdades, las formas contemporáneas de autoridad y las experiencias morales que organizan la vida colectiva.
¿Cómo llegamos hasta aquí? La respuesta más habitual sostiene que las derechas consiguieron apropiarse políticamente de la seguridad porque fueron capaces de interpretar mejor las demandas ciudadanas. Hay algo de cierto en esa afirmación, aunque es necesario ponderar otras dimensiones. Las demandas nunca hablan por sí mismas. Siempre necesitan un lenguaje que las organice, un relato que las vuelva inteligibles y un horizonte político que les otorgue dirección. Las derechas no solo prometen más control o más castigo, sino que consiguen algo más decisivo: logran una explicación relativamente sencilla para un mundo que se vuelve cada vez más incierto. La inseguridad deja de aparecer como una consecuencia de profundas transformaciones sociales para convertirse en el resultado de decisiones individuales, de la pérdida de autoridad, del debilitamiento del castigo o de la excesiva tolerancia frente al delito. Allí donde existen procesos históricos complejos, aparecen culpables fácilmente identificables. Allí donde predominan desigualdades persistentes, emergen responsabilidades individuales. Allí donde el capitalismo reorganiza las formas de vida, la discusión queda reducida a un problema de orden público.
La fuerza de ese relato no reside únicamente en su eficacia electoral. Su verdadera potencia consiste en que logra conectar con experiencias reales. El miedo existe y la victimización también. La violencia transforma profundamente la vida cotidiana de miles de personas. Negar esa experiencia nunca fue una alternativa políticamente viable. El problema comienza cuando esas experiencias son separadas de las condiciones sociales que las producen y terminan organizando una visión completa del mundo. Entonces la excepción se transforma en regla, el castigo aparece como sinónimo de justicia y la autoridad se identifica exclusivamente con la capacidad de controlar.
Es aquí donde se acumulan todas las debilidades políticas, cuando los proyectos alternativos se quedan sin nuevas teorías de la sociedad y sin diálogo con la profundidad de las demandas. Las disputas interpretativas son el corazón de cualquier estrategia. Como las sociedades no se organizan solo alrededor de intereses, la capacidad de nombrar el mundo que se pretende transformar es una tarea vital. Cuando esas interpretaciones críticas y emancipadoras desaparecen, otros ocupan ese lugar. El miedo comienza, entonces, a explicar la sociedad mejor que la propia política.
Cuando un homicidio ocurre en un barrio vulnerable solemos preguntarnos quién disparó, qué organización criminal está involucrada o qué respuesta debería dar la Policía. Todos vamos al mismo lugar, como la mosca a la miel. Sin embargo, mucho antes del disparo existe una trama de relaciones sociales que hace posible esa violencia. Hay trayectorias biográficas marcadas por la precariedad, formas específicas de regulación territorial, mercados legales e ilegales que se entrelazan, instituciones estatales que aparecen de manera fragmentaria y vínculos cotidianos atravesados por el miedo, la lealtad y la desconfianza. La violencia no inaugura esa realidad, la hace visible. Si estamos de acuerdo en este punto, ¿cómo traducirlo políticamente y plasmarlo en un proyecto de gestión?
Para la imaginación sociológica y política, quizá el desafío principal consista en volver a unir dimensiones que el pensamiento contemporáneo ha separado: economía y cultura, capitalismo y subjetividad, territorio y Estado, emociones y política, violencia y democracia. Durante demasiado tiempo aceptamos que cada una de esas cuestiones pertenecía a un campo especializado del conocimiento. Sin embargo, la experiencia cotidiana de las personas nunca aparece fragmentada de ese modo. Quien vive bajo la amenaza permanente de la violencia experimenta simultáneamente precariedad material, incertidumbre respecto del futuro, fragilidad institucional, deterioro de los vínculos y una búsqueda persistente de reconocimiento. Ninguna política sectorial puede responder por sí sola a esa complejidad.
La teoría de la sociedad tiene para jugar aquí un papel decisivo. No porque deba sustituir a la política, sino porque ninguna política puede disputar la hegemonía si renuncia a interpretar las experiencias sociales de su tiempo. La izquierda necesita volver a pensar el miedo, no para administrarlo ni para negarlo, sino para comprender de qué manera expresa transformaciones más profundas de la vida social. Solo entonces podrá disputar el sentido común punitivo sin desentenderse del sufrimiento real de quienes viven cotidianamente la violencia.
En definitiva, el desafío no consiste simplemente en construir una política alternativa de seguridad. Consiste en reconstruir una teoría crítica capaz de explicar por qué la violencia, el miedo y el castigo se han convertido en algunos de los principales organizadores de la vida democrática contemporánea. Mientras esa tarea permanezca pendiente, las respuestas seguirán moviéndose dentro de un horizonte que otros han definido.
