Sionista, genocida y censor - Semanario Brecha
La censura de una película que nadie vio, porque así lo decidió el lobby

Sionista, genocida y censor

Fotograma de La gran Palestina.

«Yo mismo intenté que eso ocurriera», respondió el diputado Gerardo Sotelo cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con que se hubiera suspendido la exhibición de La gran Palestina en la Universidad de la República (Udelar). Sotelo admitió a Leo Sarro que no había visto la película y argumentó que su difusión violaba alguna ley que no supo citar. El diputado Felipe Schipani mintió en sus redes al decir que las autoridades universitarias fueron las que impidieron su proyección y al adjudicarse el mérito. La B’nai B’rith pidió a la Udelar una investigación interna y manifestó que «ningún marco de autonomía académica ampara la apología del terrorismo». Los senadores Sebastián da Silva y Graciela Bianchi aplaudieron «lo logrado».

En 1968, el gobierno de Jorge Pacheco prohibió la exhibición en Uruguay de La batalla de Argel. Tras tres semanas de éxito de taquilla, fue proyectada en privado para un grupo de jefes policiales que, luego de ver la cinta, decidieron que «incitaba al desorden». Aquello provocó protestas generalizadas y hasta El País denunció «la censura ideológica». Además de una obra maestra del cine, La batalla de Argel es un documento fundamental sobre la descolonización y la contrainsurgencia. En ella se muestran varios actos de ataques letales a civiles por el Frente Nacional de Liberación argelino, no sin cierto tono heroico y celebratorio, cuando la herida todavía estaba muy fresca.

La gran Palestina no tiene ese tono. Su director y su productor no integran Hamás. Su distribución no está a cargo de Hamás. Pero tampoco hay en ella una glorificación de Hamás o un enaltecimiento de sus acciones del 7 de octubre, como se puede comprobar al ver la película. Nada de esto importó a nuestros legisladores, porque, a diferencia de los policías de Pacheco, ellos ni siquiera vieron lo que exigieron censurar. El País felicitó, el viernes pasado, a los censores por impedir «una promoción explícita del accionar terrorista».

No hace falta mirar un documental para proteger su exhibición entre adultos en la universidad. Pero clamar por su censura, y celebrarla como un triunfo, cuando ni siquiera se conoce su contenido, es toda una declaración de principios. Esta columna no busca explicar a nuestros legisladores cómo funcionan la libertad de pensamiento y de expresión. Lo saben bien, o al menos eso nos quieren hacer creer cuando nos hablan de Irán, Cuba y Venezuela.

La aparición de uniformados de Hamás en un afiche ofende la sensibilidad de algunos uruguayos. ¿A cuántos ofenden las acrobacias retóricas que hacen en nuestros medios los voceros israelíes para justificar el asesinato de niños y el bombardeo de hospitales? Debemos discrepar con el furor woke de Schipani, Sotelo y Da Silva y con la sensibilidad de cristal de Bianchi. La ofensa no parece un criterio democrático sano para censurar una película.

Hamás no está en ninguna lista de organizaciones terroristas reconocida por Uruguay. Pero si la película tuvo aportes de sus combatientes –aunque sean los de dos fotógrafos, en un equipo de producción de decenas de civiles, durante solo algunos minutos de metraje–, ¿no será precisamente eso digno de interés? Dada nuestra dieta mediática casi cotidiana de entrevistas a Roni Kaplan y comunicados de la embajada de Israel y la B’nai B’rith, acceder a un material que tenga aportes de «la otra campana» es valioso de por sí. ¿Acaso no cuenta con la «colaboración» de Israel la mayor parte de lo informado en Uruguay sobre Oriente Medio, fruto muchas veces de viajes organizados por la parte interesada?

Los legisladores que dicen haber logrado la censura «fueron avisados de esto a través de un mensaje de la embajada de Israel, agradeciendo por haberse manifestado en contra», informa El País. Vienen de haber participado de recientes tours de propaganda y reuniones en Israel, pagos por esa embajada. El diario que celebra la censura es dirigido por el ganador más reciente del premio a la militancia que dan la Organización Sionista del Uruguay y la alcaldía de la ciudad ocupada de Jerusalén.

Me permito una hipótesis. No son los crímenes de Hamás lo que asusta a los censores. Lo que tocó una fibra hipersensible fue que esta película se anuncia como un documental en el que los propios palestinos registran el genocidio del que son víctimas. No sería la primera vez. La senadora Bianchi acusó a Brecha de «estar defendiendo al terrorismo, como siempre», cuando entrevistamos al civil palestino Ayman Abusharekh y contamos que Israel le mató 33 familiares, incluidas mujeres y niños.

El lobby que operó en la censura de esta película no puede tolerar la voz palestina, la voz que le recuerda los crímenes del sionismo. Si no es esta la causa, ¿a qué se debe la elección de tantos medios uruguayos de dar voz solo a israelíes, civiles y militares, pero nunca entrevistar a un civil palestino, mucho menos a un militar? ¿Por qué las únicas historias de vida que merecen tiempo al aire son las de víctimas israelíes, pero nunca palestinas?

El lobby no son «los judíos». Nuestra comunidad judía tiene una hermosa diversidad de convicciones. En ella están Judíos y Judías Uruguayas contra el Genocidio en Palestina y una infinidad de otros judíos uruguayos que no se sienten representados por las posiciones del lobby. Este es un grupo pequeño de personas de variada ascendencia y religión, como nos demuestran dirigentes políticos y mediáticos de muy cristiana estirpe, todos esforzados militantes. Es la red de vínculos que esta minoría teje entre sí y con las embajadas de Israel y Estados Unidos la que ha mantenido un monopolio del discurso local sobre Oriente Medio. Allí, Israel viene de matar a 250 periodistas en Gaza y a 15 en Líbano. En Uruguay, su influenciaadopta formas de censura y de persecución laboral cada vez menos sutiles.

Los comunicadores deberíamos señalar estas presiones indebidas a nuestra labor y a la autonomía universitaria, su incidencia política, su desprecio por la libertad de expresión. Evitar nombrar el genocidio, evitar nombrar al lobby, cuando su existencia es obvia para todos, es dañino para la comunidad judía y para la democracia. Callar su existencia y sus métodos solo alimentará las teorías conspirativas sobre su alcance y confirmará la versión de que el lobby «controla a los medios y a los políticos».

Cuando todo termine, «cuando no entrañe riesgo alguno, cuando podamos llamar a las cosas por su nombre, cuando sea demasiado tarde para exigir responsabilidades», como recuerda nuestro colega Omar el Akkad, todo el mundo habrá querido estar siempre en contra de la masacre de 20 mil niños, del apartheid, de la estúpida e interesada complicidad. Cuando todo termine, la cobardía y el silencio no habrán valido nada.

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