«No es el momento de hacer olas.» Esa fue una de las razones que, según publicó El Observador (21-IX-26), dieron legisladores del Frente Amplio (FA) para enfriar los cambios a la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), pese al consenso académico, sanitario y de organizaciones sociales sobre la necesidad de mejorarla. No quieren «comprarle un problema al Ejecutivo ni a los católicos» a menos de dos meses de la visita del papa León XIV. Como escribió Tomer Urwicz, autor del artículo: «Algunos legisladores del FA se pusieron –valga la ironía– más papistas que el papa».
Cuántas veces escuchamos «no es el momento» cuando se trata de igualdad de género. Nunca es el momento para centrarse en la desigualdad, la violencia de género, los cuidados, los salarios, el racismo, la participación política, los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Y mientras esperamos, las barreras siguen ahí.
La ley de IVE tuvo avances importantísimos. Lo principal es que la mortalidad materna, en especial la asociada al aborto inseguro, disminuyó de forma sostenida. El acceso a la IVE segura y gratuita protege la vida y la salud. Pero, a más de una década de su aprobación, persisten obstáculos que afectan especialmente a quienes viven situaciones de mayor vulnerabilidad.
La Comisión Nacional Asesora en Salud Sexual y Reproductiva, reactivada por el actual gobierno e integrada por la academia, autoridades y organizaciones sociales, concluyó por unanimidad que Uruguay debe actualizar la ley (La Diaria, 12-III-26). Entre los cambios propuestos están ampliar de 12 a 14 semanas el plazo general, eliminar los cinco días obligatorios de «reflexión» y retirar la exigencia de un año de residencia para que personas migrantes puedan acceder a la IVE. Se trata de medidas que respondieron a compromisos políticos cuando se aprobó la ley, pero que hoy están desalineadas con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con un enfoque centrado en la autonomía y los derechos humanos.
El informe de Iniciativas Sanitarias Justicia reproductiva en agenda, de 2026, también señala como barrera la presencialidad obligatoria del equipo interdisciplinario, en especial en departamentos donde faltan profesionales y la objeción de conciencia puede dificultar el acceso. Propone, entre otras cosas, incorporar telemedicina para las consultas de seguimiento y permitir que profesionales como las parteras puedan prescribir el tratamiento.
Por otro lado, un estudio sobre la criminalización del aborto en Uruguay publicado en 2025 por Mujer y Salud en Uruguay encontró que, entre 2012 y 2022, «la persecución del delito de aborto recayó sobre 4 mujeres pobres, viviendo en situación de extrema vulnerabilidad», cuyos embarazos pasaban las 12 semanas. Asimismo, entre 2013 y 2022 se registraron tres muertes por abortos ilegales, había recabado la misma organización en 2023.
La actualización de la norma no es una discusión abstracta. Los cambios postergados impactan directamente en la vida de las personas hoy. Mientras la ley siga igual, las migrantes recientes quedan excluidas y quienes necesitan atención enfrentan requisitos y demoras. El subsecretario de Salud Pública, el ginecólogo Leonel Briozzo, había dicho que la revisión debía ser una prioridad de 2026. La norma, explicó, no permite que las migrantes accedan al procedimiento «con la velocidad y respeto que requieren». Afirmó que algunas llegan al Pereira Rossell con embarazos no deseados producto de violaciones vinculadas a redes de trata y no reciben tratamiento adecuado (El Observador, 22-I-26).
Por otro lado, las personas que sí logran acceder deben esperar los cinco días de ansiedad que impone la ley, aunque los datos oficiales demuestran que más del 95 por ciento mantiene su decisión. El requisito que solo sirve para infantilizarnos y prolongar el sufrimiento.
Tampoco falta respaldo social. Una encuesta de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Universidad de la República y El Observador indicó que siete de cada diez uruguayos están a favor de que las personas puedan decidir libremente sobre la continuación de un embarazo. Según el estudio, las diferencias de opinión se relacionan menos con la identidad partidaria que con el grado de religiosidad.
De todas formas, no ha trascendido que el papa –por más que ha defendido su postura contraria al aborto– haya hecho ninguna solicitud en relación con este tema de cara a su visita a Uruguay. Quienes decidieron que «no era el momento» fueron legisladores de un partido de izquierda dentro de un país laico. ¿Desde cuándo los derechos de las personas en este país dependen de lo que pueda pensar el papa? ¿Por qué la salud y los derechos de las mujeres pueden esperar para no incomodar?
La historia de la Iglesia controlando los cuerpos de las mujeres y personas queer no es para nada nueva. En Calibán y la bruja, Silvia Federici analiza cómo el control de la sexualidad y la reproducción de las mujeres ha sido central en las relaciones de poder sobre las que se basa el Estado moderno. Su lectura ayuda a entender que la disputa por nuestros cuerpos se ejerce desde instituciones, normas y discursos que pretenden convertir una moral particular en obligación para todas. La Iglesia tiene libertad de sostener su posición antiaborto. Lo que no puede es convertirse en árbitra de las políticas públicas y los derechos humanos de un país laico.
Y si la influencia papal es motivo para frenar una discusión, ¿por qué no escucharla también cuando habla de inteligencia artificial? León XIV dedicó su primera encíclica a este tema. ¿Vamos a poner en pausa el centro de datos de Google en Canelones o la instalación de Praxis en Colonia? No porque el papa deba decidir qué se construye en Uruguay, obviamente, sino porque resulta llamativo que su opinión pese solo cuando sirve para postergar derechos de mujeres y disidencias.
Tampoco podemos fingir que esta cautela empieza ahora. Basta recordar el veto de Tabaré Vázquez durante su primer mandato. El FA tiene una historia de avances en derechos, pero también de límites y postergaciones. Según Búsqueda (27-VIII-26), algunos jerarcas del Poder Ejecutivo consideran que el aborto es «un debate que polariza y que no es conveniente darlo en momentos en que la aprobación del gobierno es baja». La etiqueta progresista no exime a ningún gobierno de explicar por qué deja para después una reforma respaldada por evidencia y por quienes trabajan en salud sexual y reproductiva.
«No es el momento de hacer olas», dicen. La frase solo pide a las mismas personas de siempre que esperen en silencio. Pero las olas ya están: las hacen las migrantes excluidas y quienes chocan con barreras para acceder a la IVE.
