La visita de León XIV a Casavalle dejó planteada una pregunta que el debate sobre la inseguridad suele elu1dir: ¿Quién protege realmente a quienes viven bajo la amenaza cotidiana de la violencia? En una sociedad que ha depositado expectativas cada vez mayores en las capacidades de control y castigo, el papa recordó que hay niños que no concurren a la escuela por miedo a no regresar, familias que carecen de condiciones elementales para sostener sus vidas y personas que permanecen expuestas a distintas formas de abandono. No hubo en esas palabras ninguna revelación extraordinaria. Su importancia estuvo en el lugar desde donde fueron pronunciadas, en la autoridad moral que las respaldaba y en la capacidad para movilizar sentimientos colectivos que parecían relegados de nuestra experiencia social. Por un instante, la inseguridad dejó de ser en exclusivo un problema de delincuentes, víctimas y policías, y recuperó su dimensión de responsabilidad colectiva.
La elección de Casavalle tampoco fue casual. Pocos territorios han concentrado tantas intervenciones públicas, diagnósticos y promesas de transformación, sin que las condiciones fundamentales de la vida colectiva hayan experimentado cambios equivalentes. Allí conviven mercados ilegales, violencia homicida, precariedades materiales y modalidades desiguales de protección, pero también organizaciones sociales, experiencias educativas y prácticas comunitarias que desafían las representaciones dominantes sobre el barrio. La trayectoria del padre Cacho, las iniciativas vinculadas a Nuestra Señora de Guadalupe y otras formas de organización territorial muestran que la vida social no se reduce a la descomposición que habitualmente describen los discursos sobre la inseguridad. Casavalle no es un territorio sin orden, sino un espacio donde distintos órdenes, autoridades y regulaciones se articulan y disputan capacidades para organizar la convivencia.
La intervención de León XIV puede comprenderse dentro de una tradición de pensamiento social que contiene elementos críticos de considerable relevancia. En su tercera encíclica, Fratelli tutti, el papa Francisco había cuestionado la pena de muerte, la cadena perpetua y las concepciones del castigo que desconocen la dignidad humana. En su exhortación apostólica, Dilexi te, León XIV recuperó la centralidad de los pobres y la crítica de las desigualdades, mientras que en la encíclica Magnifica humanitas examinó las relaciones entre tecnología, poder y deshumanización, e incluyó los riesgos de una violencia cada vez más impersonal. Aunque estos documentos no constituyen una explicación sociológica de la violencia, permiten cuestionar algunas certezas que sostienen las políticas contemporáneas de seguridad. En particular, la creencia de que la protección depende principalmente de la neutralización de individuos peligrosos y de una ampliación permanente de las capacidades coercitivas del Estado.
Hay aquí una paradoja que merece ser examinada. Una institución que mantiene posiciones conservadoras sobre la sexualidad, la familia, las relaciones de género y la autonomía personal puede formular cuestionamientos al castigo que buena parte de las fuerzas políticas, incluso aquellas que se reivindican progresistas, parecen incapaces de sostener. Esta contradicción no debería resolverse mediante una separación cómoda entre una Iglesia socialmente avanzada y otra moralmente atrasada. Ambas dimensiones pertenecen a una misma tradición institucional, cuya defensa de la dignidad humana convive con jerarquías, prohibiciones y regulaciones que restringen el reconocimiento de determinadas formas de vida. La Iglesia cuestiona relaciones de dominación que operan en el mercado y en el sistema penal, pero encuentra dificultades para someter sus propias estructuras de autoridad a una crítica equivalente. Su potencialidad emancipadora tiene, por lo tanto, límites que no pueden desconocerse.
Sin embargo, sería un error utilizar esas contradicciones para desestimar la importancia de sus prácticas territoriales. Las experiencias religiosas que se desarrollan en Casavalle no pueden reducirse a una asistencia ocasional ni comprenderse como simples mecanismos de reproducción de una autoridad moral. Han contribuido a construir relaciones de confianza, sostener iniciativas colectivas y ofrecer respuestas frente a situaciones de desprotección que otras instituciones no consiguen atender. Las viviendas que el papa recorrió, los testimonios que escuchó y las trayectorias comunitarias que conoció remiten a procesos sociales concretos, cuya importancia excede las motivaciones religiosas de quienes participan en ellos. La pregunta relevante no consiste en establecer si esas prácticas son expresión de caridad o solidaridad, sino en comprender qué relaciones producen, qué capacidades habilitan y cuáles son sus posibilidades para modificar las condiciones que hacen necesaria su intervención.
Este problema remite a una cuestión más amplia. Ninguna forma de protección se encuentra al margen de las relaciones de poder. Las organizaciones comunitarias pueden fortalecer autonomías o consolidar dependencias, del mismo modo que las instituciones públicas pueden garantizar derechos y reproducir mecanismos de subordinación. La violencia tampoco constituye una amenaza exterior que irrumpe sobre un orden social previamente integrado. Participa en la producción de jerarquías, distribuye recursos y vulnerabilidades, establece obligaciones y organiza expectativas. Una sociología de la inseguridad que desconozca estas articulaciones terminará confundiendo las manifestaciones más visibles de la violencia con las relaciones sociales que contribuyen a reproducirla. En barrios como Casavalle, la protección debe ser comprendida como una dimensión constitutiva del orden social y como un campo de disputas entre actores que disponen de recursos y capacidades profundamente desiguales.
Las posiciones recientes de la Pastoral Penitenciaria uruguaya permiten trasladar esta discusión a uno de los terrenos más sensibles de nuestra realidad. En setiembre, representantes de una red de voluntarios presentes en establecimientos penitenciarios y centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente denunciaron las condiciones indignas de reclusión y reclamaron ampliar las medidas alternativas a la prisión, el acompañamiento socioeducativo y las experiencias de justicia restaurativa. La declaración sostiene que la cárcel no puede constituir la única respuesta frente al delito. No estamos ante una impugnación integral del sistema penal, pero sí frente a una crítica que contrasta con las dificultades de buena parte del sistema político para sustraerse a las exigencias del consenso punitivo. Mientras la población encarcelada continúa acumulándose y las instituciones penitenciarias reproducen daños, una organización religiosa reivindica posibilidades de intervención que no se agotan en el encierro.
La paradoja política es difícil de ignorar. El conservadurismo moral de la Iglesia no le impide reconocer algunos límites del castigo, mientras que sectores comprometidos discursivamente con la igualdad y los derechos parecen aceptar sin demasiada resistencia la expansión de las respuestas penales. Pero tampoco corresponde convertir la caridad en una alternativa suficiente frente al punitivismo. La seguridad requiere instituciones públicas capaces de prevenir agresiones, investigar delitos, proteger a las víctimas y reducir los daños producidos por el propio sistema penal. Exige, además, transformar las relaciones sociales que distribuyen de manera desigual las amenazas y las posibilidades de protección. Las organizaciones religiosas pueden contribuir a esa tarea, aunque su aporte será necesariamente limitado mientras sus intervenciones permanezcan concentradas en la administración de las consecuencias de la exclusión.
La visita papal permitió recuperar una conciencia moral colectiva que conserva capacidad para movilizar solidaridades y recordar obligaciones compartidas. Su relevancia política dependerá, sin embargo, de lo que esa experiencia consiga interpelar más allá de la comunidad religiosa. La Iglesia tiene razones para revisar las jerarquías que sostienen su propia autoridad, así como el Estado y los actores políticos deberían examinar las certezas que han convertido el castigo en una respuesta privilegiada frente a la inseguridad. En Casavalle, donde las promesas de protección conviven desde hace décadas con experiencias persistentes de abandono y violencia, no alcanza con reconocer el sufrimiento ni con celebrar las virtudes de quienes procuran aliviarlo. El desafío consiste en modificar las relaciones que lo producen. Porque una sociedad no demuestra su capacidad de proteger por la cantidad de personas que consigue castigar, sino por las condiciones de vida que es capaz de garantizar.
