La muerte de la dirigente indígena y ecologista hondureña Berta Cáceres, el 3 de marzo, fue la última de una larguísima lista de asesinatos de militantes sociales centroamericanos. Un informe del año pasado de la Ong inglesa Global Witness señala que entre 2002 y 2014 fueron 111 los activistas ambientales asesinados sólo en Honduras, a lo que hay que sumar la muerte de 115 campesinos, muchos de ellos sin militancia alguna. Por otro lado, Vía Campesina estimó en 3 mil las personas procesadas por participar en luchas por la tierra en los tres últimos años. A ellos hay que agregarle los asesinados, detenidos y acosados el año pasado y éste, entre ellos Berta Cáceres. Honduras es, entre los países de América Central, el más inseguro para los militantes sociales y de izquierda, en particular desde el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya en 2009. Pero Vía Campesina dice que también en Panamá y Guatemala, además, por supuesto, de Haití, ha aumentado la “criminalización de las protestas sociales” y el número de asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias y amenazas, así como el de desalojos violentos, y la remilitarización de las comunidades. Sobre todo en Guatemala y en Honduras la gran mayoría de esos delitos queda sin castigo. La asociación Aci-Participa, de Honduras, estimó que 90 por ciento de los homicidios de integrantes de organizaciones humanitarias del país cometidos en la última década han quedado en la impunidad.
Berta Cáceres era, además de una de las principales referentes de la comunidad lenca, una activista de larga data contra proyectos de minería a cielo abierto y otros megaemprendimientos desarrollados en Honduras. Se había opuesto en especial a proyectos como la hidroeléctrica de Agua Zarca y combatía en favor del derecho al agua y el acceso de la población a los recursos naturales. Su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), denunció los tratados de libre comercio como “base legal que sirve de plataforma a las trasnacionales para operar a su antojo en su propio beneficio”. También resistió la instalación de bases militares estadounidenses en territorio lenca. Las amenazas le llegaron, como se puede deducir, de varios frentes, pero las más recientes estaban relacionadas con su activismo contrario a la hidroeléctrica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había exigido recientemente al Estado hondureño que diera protección a Cáceres, pero ésta terminó siendo ridícula y hasta contraproducente.
Cuando se produjo su muerte, la policía dijo primero que se trató de un intento de robo y luego investigó en el entorno de la dirigente indígena. Sugirió que había sido víctima de un “crimen pasional”, y durante dos días detuvo por ese motivo al dirigente del Copinh Aureliano “Lito” Molina. Interrogó igualmente a otros dos militantes del mismo grupo, Tomás Gómez y Soterro Chaverria, a los que mantuvo incomunicados y no se les permitió contar con un abogado.
TESTIGO EN PELIGRO. Gustavo Castro Soto, coordinador de Otros Mundos/Amigos de la Tierra-México y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, amigo íntimo de Cáceres, estaba acompañándola el día que la mataron. Lo hirieron de dos balazos y se hizo el muerto. Hoy es el único testigo del asesinato, pero el gobierno hondureño no le permite salir del país a pesar de que así lo reclaman él, las hijas de Berta y organizaciones de defensa de los derechos humanos del mundo entero. “Temo por mi vida”, dijo Castro, que estuvo también detenido varios días por la policía en condiciones que denunció como inhumanas y degradantes. Honduras aceptó finalmente dejarlo salir del país, pero cuando estaba embarcando en el aeropuerto lo volvieron a detener y lo llevaron a la embajada mexicana primero, y luego a un lugar “seguro”, donde deberá permanecer al menos 30 días bajo “protección” de efectivos de Los Tigres, grupos “especiales” entrenados y financiados por Estados Unidos. “Los escuadrones de la muerte ya saben que no me mataron y estoy seguro de que querrán completar su tarea”, había escrito Castro en una carta abierta el 6 de marzo, tres días después del asesinato de su amiga.
“Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”, dice su amiga estadounidense Beverly Bell –cofundadora de Otros Mundos– que repetía Berta Cáceres. “La intrepidez le rindió frutos a lo largo de los años. El Copinh reclamó con éxito tierras indígenas ancestrales y ganó contra todo pronóstico títulos de tierras comunales; detuvo o paralizó la construcción de presas, de proyectos de deforestación y de explotaciones mineras, por no mencionar los acuerdos de libre comercio. Evitó el expolio y la destrucción de multitud de lugares valiosos y sagrados. Las comunidades han participado en cientos de protestas, tanto frente a sus respectivos ayuntamientos como desde la escalinata del Congreso Nacional. Han resistido la ocupación de multitud de espacios públicos, incluyendo algunas de las seis bases militares estadounidenses instaladas en su país. Han cortado la carretera a Tegucigalpa, bloqueando estratégicamente la llegada de productos a la ciudad. Han declarado el boicot a todas las organizaciones financieras internacionales en sus tierras. Han colaborado en la organización de 150 referendos locales para mejorar la participación democrática.”
Su más reciente éxito fue probablemente el que le costó la muerte: el abandono del proyecto Agua Zarca por sus primeros promotores, una empresa estatal china y otra privada hondureña. Durante todo un año la comunidad lenca de Río Blanco bloqueó la obra de la represa con barricadas. “Hasta que ganaron. Consiguieron que los intereses financieros más poderosos del mundo se retiraran del proyecto. Desgraciadamente, al haber otros intereses acechando el botín, la presa se sigue construyendo. Y hay otras 48 planificadas o en construcción en sus tierras”, recuerda Bell.
Al cierre de esta edición, se informó que otro militante del Copinh, Nelson García, había sido asesinado a balazos por desconocidos cuando se dirigía hacia su casa. García, de 39 años y padre de cinco hijos, había participado en una acción de resistencia al desalojo de 150 familias de la tierra que ocupaban, que finalmente se produjo con intervención de tanquetas y patrullas policiales. El Copinh denunció que esas tierras habían sido compradas por un terrateniente utilizando a “tres pobladoras humildes como testaferras”, un artilugio usado repetidamente en el país. García es el séptimo integrante del grupo en ser asesinado en los últimos años.
