Los salvatajes estatales no alcanzaron para impedir que la mayor pesquera uruguaya sucumbiera. La presentación a concurso de acreedores en agosto de 2014 por parte de Fripur puso en evidencia las deudas de largo aliento que arrastraban los hermanos Alberto y Máximo Fernández con esta fábrica, a pesar de ser uno de los grupos económicos familiares más pudientes de Uruguay y figurar por lo menos con cinco sociedades offshore, como reveló la investigación de los Panama Papers. La empresa pesquera fue vendida el año pasado por 15 millones de dólares a la canadiense Cooke, pero el monto alcanza para pagar una mínima parte de las millonarias deudas que la firma dejó.
La sindicatura encargada de la liquidación de la empresa pidió que se califique al concurso como “culpable”. Si la justicia fallara a favor, los dueños de la empresa deberían cubrir lo adeudado con sus patrimonios personales. Fuentes vinculadas al proceso explicaron a Brecha que no va a haber “resolución del tema este año” y que los plazos pueden extenderse, entre otras cosas, porque el fallo puede terminar incluso en la Suprema Corte de Justicia, mediante un recurso de casación.
De todas formas, adelantaron que una vez culminado el proceso “va a haber perdedores sí o sí”. La masa activa no es suficiente para pagar a todos los acreedores: los preconcursales –todos aquellos que tenían créditos previos al concurso de agosto de 2014– no cobrarán el dinero que se les adeuda, mientras que los posconcursales cobrarán cerca del 60 por ciento. Dentro de este último grupo se encuentran los ex trabajadores, quienes estiman que se les debe 7 millones de dólares.
Además se adeudan al Banco República (Brou) 34 millones de dólares –que, sumando intereses y costas judiciales, da un total de 42.474.000 dólares–, y a Santander 5 millones. Fuentes del banco estatal adelantaron a Brecha que esa casa bancaria ya ha iniciado juicios a los garantes solidarios de Fripur, es decir, a los directores de la empresa. El primer resultado de estas acciones judiciales se dio este martes, ya que de acuerdo a los informantes, la justicia “dispuso el remate de un inmueble en Punta Carretas, propiedad de uno de los directores de Fripur, que había sido un bien hipotecado en su momento”.
Tras la debacle de la planta pesquera, la entonces vicepresidenta del Brou, Sylvia Naveiro, fue convocada al Parlamento para dar explicaciones sobre los créditos que la institución había otorgado a Fripur. Naveiro explicó que el caso de la pesquera era una “excepción; no es la regla del estado de nuestros créditos”. Sin embargo, datos del Banco Central (Bcu) a los que accedió Brecha muestran que, lejos de ser un caso aislado, el grupo económico Fripur ha generado, en varias ramas comerciales de su frondoso consorcio económico, cuantiosas deudas con la institución bancaria.
En esa instancia, en setiembre del año pasado, Naveiro desglosó los adeudos que tenía el conjunto económico Fripur con la institución. Puntualizó que la estancia Magdalena, ubicada en San José, perteneciente a la familia Fernández, contaba con un “cumplimiento de pago muy bueno”. No obstante, la empresa, a julio de 2015, arrastraba desde 2012 una deuda con el Brou de 5 millones de dólares, y en agosto de 2015 –si bien había bajado el monto de esa deuda a 3,6 millones de dólares– tenía una calificación de 3 con la institución bancaria, una tipificación que señala a los “deudores con capacidad de pago comprometida”.
La situación crediticia se torna aun más significativa al considerar que Magdalena Sociedad Agropecuaria y Ganadera había recibido el 18 de agosto de 2011 importantes beneficios fiscales de parte del Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Economía. Cabe preguntarse cómo quedó comprometida la capacidad de pago con el Banco República, a pesar de haber recibido tales incentivos y en los años de mayor bonanza para el sector agropecuario.
Con un empujón de 10.654.862 unidades indexadas, equivalentes a 1.278.764 dólares a esa fecha, los ministerios habían declarado promovida la actividad de la estancia, con el objetivo de que la firma aumentara “la producción agrícola mediante el incremento del área de cultivos bajo riego”. El combo de incentivos incluía la exoneración del impuesto al patrimonio de los bienes adquiridos para el proyecto. La resolución indicaba que estos beneficios serían “aplicables a las inversiones” realizadas entre 2009 y 2011.
Además, se preveía que la Dirección Nacional de Industria certificara a los organismos competentes cuando “la exoneración de los tributos de importación del equipamiento previsto para el proyecto” y el Iva “incluido en la adquisición de materiales y servicios utilizados para la obra civil” fueran pertinentes y en “adecuación al proyecto declarado promovido”.
Los beneficios económicos y fiscales por parte del Estado fueron similares para Polybag –otra de las empresas del conjunto económico Fripur–. Desde 2008 hasta 2015 la empresa de bolsas de plástico tuvo una deuda con el Brou que fluctuaba entre la calificación 2B (deudores con capacidad de pago con problemas potenciales) y 3 (deudores con capacidad de pago comprometida).
Sin embargo, el comportamiento crediticio de Polybag no encendió ninguna alarma. En octubre de 2009 el proyecto de inversión de la empresa fue promovido por el Ministerio de Industria y el de Economía. La empresa proponía “reutilizar los residuos que surgen de la fabricación de polietileno, mejorar y aumentar la capacidad del proceso productivo”. A esa fecha, la empresa tenía una deuda con el Brou por 2.155.919 pesos y 124 mil dólares. Su calificación era 2B. A julio del año siguiente pasó a ser 3 (aumentó el riesgo).
El monto otorgado, por ser declarado un proyecto promocional, fue de 1.287.710 unidades indexadas, equivalente a 125 mil dólares al 19 de octubre de 2009. Además, la resolución indicaba que los bienes utilizados para realizar la obra y llevar adelante el proyecto promocional podían ser computados como activos exonerados del impuesto al patrimonio. Estos últimos beneficios serían aplicables entre 2008 y 2009.
Los incentivos fiscales no bastaron para que en julio de este año la empresa presentara una calificación de 5 por esta deuda con el Brou, es decir, “incobrable”. El monto es de 2.480.535 pesos considerados “morosos” y 95.316 pesos de deuda “vigente”. La empresa de plásticos tiene una “colocación vencida” de 20.646 dólares con el banco Scotiabank y una deuda vigente de 50.798 dólares con la institución de intermediación financiera Exprin-ter. La clasificación ante ambas instituciones privadas es de 3. Fuentes del Brou confirmaron a Brecha que la deuda se mantiene a setiembre de este año. La postura informativa del organismo ha tenido un cambio, ya que en 2015 el banco estatal le negó a este semanario una solicitud de acceso a esa información.
Entre créditos y exoneraciones fiscales, las empresas del grupo Fripur crecieron a lo largo de los diversos gobiernos. Mientras eran respaldadas políticamente, iban sentando las bases de un comportamiento crediticio con el Estado que, lejos de ser la excepción, parecía la regla.
EL CONJUNTO. Los emprendimientos del grupo económico Fripur son variados. A partir de esta investigación Brecha pudo acceder a información sobre otras sociedades comerciales menos conocidas del conjunto. Además de la histórica pesquera, la empresa de bolsas de plástico y la estancia Magdalena, el grupo económico realiza actividades inmobiliarias a través de Dianelco SA y ofrece servicios agrícolas desde Martinel SA. Por último, y esta es una información que sí ha cobrado mayor notoriedad, le vende energía eléctrica al Estado a partir del parque eólico de Kentilux SA, ubicado en los campos de San José.
Según el Banco Central, un conjunto económico está integrado por dos o más personas físicas o jurídicas que están “interconectadas de tal forma que existe control de una sobre la otra”, “están bajo el control común de una persona física o jurídica, de forma directa o indirecta”, “tienen unidad en el centro de decisión” o son parte de “una única esfera patrimonial, independientemente de la forma jurídica adoptada, haya o no vinculación en la actividad o en el objeto social de los sujetos de derecho considerados”.1
Sin embargo, las empresas que componen un grupo económico no son necesariamente responsables de pagar las deudas de las otras integrantes. Según Luis Puig, diputado y miembro de la Comisión de Legislación del Trabajo de su Cámara, esta ausencia de responsabilidad es una “carencia legislativa” de Uruguay. “Queremos una legislación que dé garantías, no puede ser que las empresas de un grupo económico floreciente como Fripur tengan esas deudas con el Estado”, remarcó.
La relación entre estas sociedades no sólo se evidencia en la Central de Riesgos del Bcu. Los ex trabajadores de la pesquera denunciaron ante la Comisión de Legislación del Trabajo que parte del personal de la planta realizaba trabajos en otros negocios de los Fernández. Carlos Vega, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), dijo a Brecha que “mientras Fripur estaba abierta, había trabajadores de la plantilla que estaban trabajando en los parques eólicos y en la chacra de los Fernández. El Brou sabe muy bien que el dinero no fue destinado en su totalidad a Fripur y fue para otros emprendimientos. Por supuesto que el tiempo dirá que los trabajadores no estábamos errados en lo que decíamos”.
Puig recordó que la ex vicepresidenta del Brou manifestó a los legisladores que no le constaba un desvío de fondos, “pero que no se había reinvertido lo suficiente en la empresa. Entonces si les dieron préstamos para levantar la empresa, evitar pérdidas de fuentes de trabajo, y el dinero no se reinvirtió, ¿dónde está ese dinero? Uno puede suponer que parte de esos dineros fueron para el desarrollo de otras empresas”, sentenció el diputado.
A OTROS PAGOS. Visionarios, los Fernández impulsaron en 2011 –cuando la planta industrial de la pesquera empezaba un decidido proceso de decadencia– un emprendimiento por demás rentable: la generación, captación y distribución de energía eólica. Las condiciones estaban dadas. En 2010, por acuerdo multipartidario, se aprobaron los lineamientos de la política energética 2005-2030. La diversificación de la matriz de generación apuntaba a que Uruguay se independizara del mercado internacional, redujera costos y abasteciera su demanda interna.
Ramón Méndez, ex director nacional de Energía del Ministerio de Industria, explicó a Brecha que para empezar a utilizar la energía eólica lo importante era “dar garantías a largo plazo para que los inversionistas pudieran recuperar el capital invertido”. “El insumo es gratis y la operación de mantenimiento es muy baja, por lo tanto el costo de la producción de energía es básicamente el costo de repagar el capital invertido”, agregó Méndez.
Los hermanos Fernández vieron la oportunidad y en 2011 inauguraron, mediante la empresa Kentilux, un parque eólico con una potencia de generación de diez megavatios. El gran comprador de la electricidad resultante sería Ute. Con un contrato tentador, la empresa estatal aseguró la compra de la energía generada por Kentilux por un período de 20 años.
De acuerdo al portal Sudestada, la inversión fue de 20 millones de dólares, 70 por ciento provenientes del Brou y 30 por ciento de fondos propios. En setiembre de 2012 el Estado decidió darle otro empujón al emprendimiento: declarar promovido su proyecto y permitirle que ampliara la oferta a 17,2 megavatios.
Ese beneficio venía con la exoneración de “todo recargo, incluso el mínimo, derechos y tasas consulares, impuesto aduanero único a la importación, y en general todo tributo cuya aplicación corresponda en ocasión de la importación del equipamiento previsto en el proyecto y declarado no competitivo de la industria nacional”. También se le otorgó “un crédito por el Iva incluido en la adquisición de materiales y servicios utilizados para la obra civil prevista en el proyecto, por hasta un monto imponible de 21.966.328 unidades indexadas”, informó el portal.
Al conceder todas estas exoneraciones, tanto el Ministerio de Industria como el de Economía obviaron que Kentilux, de acuerdo a la base de datos consultada por Brecha, en agosto de 2012 tenía una calificación de 2B con el Banco República, es decir, “deudor con capacidad de pago con problemas potenciales”. Los riesgos crediticios con la institución bancaria fueron dejados de lado, y el negocio del viento pudo más.
- Artículo 86 de la circular 1687, resolución del 25-I-2000. Bcu.
La situación de los trabajadores de la pesquera
Reman
A fines de setiembre se termina el seguro de paro de 550 ex trabajadores de Fripur. José Umpiérrez, ex trabajador de la pesquera y dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), dijo a Brecha que “la gente joven ha podido insertarse en otros rubros, pero de los 550 trabajadores que quedan, la mayoría son compañeras mayores de edad que se les hace muy difícil reinsertarse en el mercado laboral”. Por el momento los ex trabajadores buscan alternativas. El Parlamento tiene la posibilidad de enviar al Poder Ejecutivo una minuta de comunicación para solicitar la extensión del seguro de paro. En diálogo con este semanario, Puig anunció que la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados. Según el legislador, la iniciativa ya se ha conversado con integrantes del Poder Ejecutivo y él considera que “va a tener andamiento”.
“En principio el seguro de paro se extendería por 180 días, pero eso no agota la posibilidad de una nueva prórroga, y en ese plazo lo que pretendemos es que se vean los mecanismos para que los trabajadores cobren los créditos laborales que se les adeudan, que andan en el orden de los 7 millones de dólares”, explicó Puig.
“Para nosotros (esa deuda) por el momento es incobrable”, señaló Umpiérrez, y sostuvo que apuntan a “conseguir una solución laboral en conjunto”. Por ese motivo 200 trabajadores conformaron una cooperativa para “arrancar con microemprendimientos”. Según Umpiérrez, la empresa canadiense Cooke –que compró Fripur el año pasado– “se mostró interesada en hablar con los trabajadores”, por eso piensan concretar una reunión antes de que termine setiembre, para ver las posibilidades de complementarse productivamente. Los trabajadores propondrán a la firma trabajar algunas áreas, como la producción de omega 3, la elaboración de harina de pescado y aceite comestible.
La cooperativa está conformada en su mayoría por mujeres: “Hay unas cuantas que están haciendo cursos en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), por lo que cabría la posibilidad de ofrecer servicios al Ministerio de Desarrollo Social y conseguir una posibilidad más de trabajo”, detalló Umpiérrez.
Según Puig, hay que generar mayores garantías para los trabajadores. Hace un año, junto con el diputado Carlos Reutor, propusieron un proyecto de ley de insolvencia patronal que asegura “la existencia de un fondo para que, cuando se declara la insolvencia de una empresa, los trabajadores no queden colgados y se les pague licencia, salario vacacional, despidos y todos los créditos laborales que se les deben. En la medida en que el Parlamento no ha aprobado esta ley, nosotros venimos planteando que no alcanza con decir ‘qué lamentable lo que les pasa a los trabajadores de Fripur’, hay que generar mecanismos legales para que a otros trabajadores no les pase esto, si no es una hipocresía”.
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Los vínculos entre los Fernández y los Manhard
Anillos de oro
Javier Fernández, hijo del empresario Alberto Fernández, está casado con Nathalie Manhard, hija del empresario textil Enrique Manhard. A ambos los une el voto matrimonial, una herencia millonaria y un historial familiar de maltrato a los trabajadores y trabajadoras en sus respectivos emprendimientos.
En 2012 el Ministerio de Trabajo allanó la casa de la pareja y constató la presencia de varias ciudadanas bolivianas que se de-sempeñaban de manera ilegal como trabajadoras domésticas. Los maltratos y la vulneración de los derechos laborales eran moneda corriente en el hogar del matrimonio. La pareja tuvo que abonar 300 mil pesos al Bps por la irregularidad.
Ese mismo año, la empresa pesquera de los hermanos Fernández recibió una histórica multa por 80 mil dólares por persecución sindical. Los trabajadores y trabajadoras habían denunciado diversos tipos de violaciones de sus derechos por el mero hecho de estar sindicalizados.
Javier Fernández es dueño de Frimaral, dedicada al suministro y diseño de contenedores para mercaderías. Según la Central de Riesgo del Bcu, en 2007 su empresa integraba el grupo económico Fripur. De 2008 a 2016 pasó a integrar el grupo Ocean. Este conjunto empresarial está integrado por las sociedades Destinel SA, Dirole SA, Frigersen SA, Rastor SA, Industrias Pesqueras del Plata SA, Ocean Export SA, Nilto SA y por las personas físicas Gonzalo Fernández Alonso y Fernando Omar Pérez Tabo.
Nathalie Manhard dirige las empresas de su padre: Chic Parisien, Indian Outlet y La Casa de las Telas. El 10 de mayo de 2016 el diario ABC de Paraguay, publicó una foto de la empresaria y su marido posando radiantes en la inauguración de su local Indian Emporium en ese país. El medio resumió la velada de la siguiente manera: “Las prendas caracterizadas por su estilo bohemio y hippie chic fueron admiradas por los presentes, quienes compartieron un brindis en las instalaciones”. Paraguay, como se sabe, es aun más generosa en incentivos, no sólo impositivos sino en cuanto a desregulación laboral.
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