Cuatro años después de que se conociera la explotación laboral que el matrimonio de Nathalie Manhard y Javier Fernández hacía de las trabajadoras domésticas bolivianas que cumplían tareas en su residencia de Carrasco, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) falló dándole la razón al Ministerio de Trabajo (MTSS) sobre las sanciones que éste dictaminó por el incumplimiento de la normativa laboral. Por lo tanto la pareja deberá abonar a las trabajadoras cerca de 280 mil pesos, según informó el Portal 180 este martes.
El fallo del TCA, al que también accedió Brecha, expresa que “no cabe duda de que el procedimiento administrativo (del MTSS) comprobó irregularidades y que éstas no fueron subsanadas por el actor con anterioridad al dictado del acto, que recayó a más de 22 meses de la primera inspección”.
En los cinco informes elaborados por los inspectores del ministerio se detalla que en el hogar de los Fernández Manhard trabajaba personal “de nacionalidad boliviana, no tenían documentación habilitante, no habían sido declaradas ante el BPS ni aseguradas en el BSE, privándolas de los beneficios correspondientes a su actividad. También se comprobaron irregularidades en torno al descanso no gozado”, “ninguna tenía conocimiento cabal de su salario ni se les expedían los correspondientes recibos de pago mensuales”, además, “realizaban trabajos en descansos semanales y en horas extra, lo que tampoco estaba autorizado ni documentado”.
Vale recordar que en 2012 Brecha publicó el testimonio de tres de las trabajadoras, que relataron que en la residencia de Carrasco la jornada comenzaba a las 7 de la mañana y se extendía hasta las 11 de la noche, de lunes a lunes. El “día” de descanso se limitaba a cuatro horas semanales, que debían efectuarse entre lunes y viernes, y que no siempre se cumplía. A eso se agregaban los permanentes malos tratos y amenazas de Nathalie Manhard por la condición de trabajadoras “ilegales”.
Cabe decir también que las sanciones ahora confirmadas son por irregularidades administrativas vinculadas a las cuatro personas que en el momento de la inspección trabajaban en la casa, pero que el colectivo Cotidiano Mujer, denunciante de la situación en 2012, había detectado una alta rotación de trabajadoras: sólo en un año 12 mujeres bolivianas pasaron por la casa de los empresarios, todas llegadas desde el país andino a través de la empresa de colocaciones Verónica, con la que Nathalie Manhard se comunicaba directamente.
El fallo del TCA también recuerda que frente a la intimación de las autoridades para presentar alta de actividad y recibos del BPS, póliza por accidentes de trabajo, listado de horas extra, documento habilitante para trabajar en Uruguay, y constancia de entrega de uniforme, los empresarios sólo presentaron esta última documentación, “a pesar de las múltiples oportunidades que le fueron concedidas al actor” para hacerlo.
¡QUÉ EXAGERACIÓN!
Pero lo más revelador de la sentencia parece estar en los descargos que el matrimonio se animó a realizar frente al Estado. Según el escrito, en el momento de apelar las sanciones impuestas por el MTSS Javier Fernández alegó que las penas “son manifiestamente desproporcionadas y violatorias del principio de igualdad, poniendo de manifiesto que la administración incurrió en desviación de poder” y que “la decisión impugnada fue sesgada, y la sanción impuesta desproporcionada, porque no se ajusta a los hechos fiscalizados sino a la desmedida cobertura mediática que se les dio, lo que es inaceptable en un Estado de derecho”. Según los denunciados, el ministerio “no analizó adecuadamente aspectos que debió tener en cuenta y afirmó una intencionalidad dolosa, perdiendo de vista elementos insoslayables al momento de evaluar el aspecto subjetivo, como ser que contrató seguros privados de primer nivel para la cobertura de salud y de accidentes de las trabajadoras. La irregularidad constatada es sólo formal y no sustancial porque no obtenía ninguna ganancia con no inscribir a las trabajadoras en la seguridad social. Se ha prescindido de analizar la entidad del daño, que es irrelevante porque los derechos laborales sustantivos no fueron vulnerados”. Los recibos del BPS presentados, dice la sentencia, tienen fecha posterior a la intimación, y los seguros contratados fueron realizados por la empresa Caliral SA y no como trabajadoras domésticas en la casa de la familia.
Para el TCA, en cambio, la sanción “se justifica no sólo por la clara intención de eludir el cumplimiento de esas obligaciones sino también por las circunstancias de especial vulnerabilidad de las trabajadoras afectadas: por su calidad de mujeres extranjeras, indocumentadas y de escaso relacionamiento social, por su condición económica y cultural, por su desconocimiento de sus derechos laborales y aun del valor de su salario (la trabajadora Ticona desconoce a cuantos dólares equivale la suma de 8.534 pesos que declara haber recibido)”. Cuestiones de clase, se dice en lenguaje menos docto.
Recordare necesse est
Nathalie Manhard es la responsable de las cadenas de tiendas Parisien, Indian Emporium, Indian Outlet y La Casa de las Telas, todas propiedad de su padre, Enrique, quien en 2012 también contrataba trabajadoras extranjeras en situación irregular y las sometía a un trato similar al que hacía su hija con sus empleadas, según los testimonios que recogió Brecha en aquella oportunidad. Javier Fernández es dueño de la empresa de contenedores Frimaral e hijo de Alberto, ex dueño de la empresa Fripur, a la que declaró en quiebra a pesar de los generosos préstamos obtenidos en el Banco República. Los emprendimientos empresariales de los Fernández y los Manhard han sido señalados reiteradamente por incumplir las normativas laborales más básicas, aspectos sobre los que Brecha ha dado cuenta en repetidas oportunidades.
