El cierre del cambio Nelson y la huida de su propietario, Francisco Sanabria (Vamos Uruguay), trascendió la investigación judicial que avanza a grandes pasos y esta semana desembocó de lleno en el terreno político. Por el momento sobre Sanabria pesa un pedido de captura a nivel nacional y una alerta azul de Interpol, que alcanza a los 190 países miembros de esta organización policial. La notificación o alerta, de acuerdo al estatuto de la organización policial internacional, “tiene por objeto la localización o identificación de una persona que resulta de interés en una investigación penal, o la obtención de información relativa a ella”. Tal información es útil, por ejemplo, cuando los investigadores entienden que seguir los movimientos de la persona puede dar más réditos que su detención. Si las pesquisas locales confirman la existencia de un delito de lavado de dinero a través del cambio Nelson, se activaría la notificación roja para “lograr la detención o detención preventiva de personas buscadas con miras a su extradición”, explicaron fuentes de la investigación.
En el terreno político, el Comité de Ética y Conducta Política del Partido Colorado (PC) concretó la recomendación de expulsar de sus filas a Sanabria, quien antes de escapar al exterior renunció por carta a la secretaría general del PC en Maldonado y a la suplencia del diputado Germán Cardoso. La decisión final será adoptada en unos días por la Convención Nacional colorada, en una instancia donde se espera que Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay, rompa su silencio y se expida sobre lo ocurrido.
El Frente Amplio, informó Búsqueda, impulsará una comisión parlamentaria que investigue el financiamiento electoral que llevó a Cardoso a ganar la diputación por Maldonado. Aunque Cardoso “no recordaba” si Sanabria colaboró con su campaña, poco después se confirmó que éste fue el principal contribuyente individual, con 240 mil pesos. El propósito de la investigadora es determinar si hubo una financiación ilícita. Todo indica, de acuerdo a las fuentes de Brecha, que el legislador colorado deberá retornar a los estrados judiciales una vez que se contraste la información recabada en los últimos días con las declaraciones que ofreció al juez Marcelo Souto durante una comparecencia voluntaria en la que deslindó la actividad de Sanabria como empresario de la actividad política que ambos compartían.
INVESTIGAR A TODOS. A todo esto, el diputado Óscar de los Santos (Alianza Progresista) aseguró a Brecha que la creación de la investigadora parlamentaria no se trató en la bancada oficialista, por lo cual “no existe ninguna resolución del Frente Amplio” al respecto. El ex intendente de Maldonado es partidario de esperar que avance la investigación judicial para luego evaluar si corresponde tomar decisiones a nivel parlamentario. En su opinión, es necesario investigar la operativa del cambio Nelson con relación a todos los partidos, como forma de propiciar una modificación en la ley de financiamiento de las campañas políticas. “Esto es la punta de un iceberg y la justicia tiene muchos más elementos que los legisladores para analizar a través de quiénes entraban algunos dineros y hacia qué sectores iban. Esto puede desembocar en una modificación de la legislación, porque en algunas campañas las cifras declaradas no cierran”, comentó, sin aventurar detalles.
Por otra parte, De los Santos adelantó que promoverá una declaración de respaldo del Frente Amplio de Maldonado a su presidenta departamental, la escribana Susana Hernández, cuestionada por dejar en custodia en el Cambio Nelson el dinero que sus clientes le entregaban en garantía por los contratos (véase Brecha, 3-II-17). “Se puede discutir si es legal o ilegal, pero en todo caso lo hizo de ingenua y no para lavar dinero. No sólo no amerita su renuncia, sino que el FA debería ratificar la confianza en su máxima autoridad departamental”, argumentó. Anoche la mesa política fernandina se aprestaba a tomar una posición sobre la estafa millonaria de Sanabria y también sobre la situación de Hernández, quien es promovida por De los Santos como futura candidata a la Intendencia de Maldonado.
WILSON Y EL DINERO K. De los Santos espera que la investigación de crimen organizado eche luz sobre la presunta participación del ex senador Wilson Sanabria en el lavado del dinero de la familia Kirchner a través de negocios inmobiliarios en Maldonado. Esta semana Leonardo Fariña, testigo clave en la causa que investiga la salida de dinero ilícito de los ex gobernantes argentinos, reiteró en radio Carve que Sanabria facilitó la ruta del dinero K en Uruguay. Ya lo había dicho a mediados del año pasado en declaraciones recogidas por el periodístico del argentino Luis Majul, pero la noticia tuvo escasa repercusión en este lado del Plata. Ahora Fariña agregó que Sanabria padre intercedió ante el gobierno departamental de Maldonado –entonces en manos del Frente Amplio– para facilitar un fraccionamiento en el campo El Entrevero, en José Ignacio, y participar en el proyecto de puerto, hotelería y casino en Piedras del Chileno, en Punta del Este. “Si efectivamente existe la ruta K y Fariña era el operador con Sanabria, lo cual no está probado a nivel judicial, vale aclarar que el plan de ordenamiento territorial prohíbe que en la zona de El Entrevero haya fraccionamientos como el aludido por Fariña, y me consta que en la Intendencia nunca existió un expediente que lo solicitara”, sostuvo De los Santos a Brecha. Respecto a Piedras del Chileno –que nunca prosperó– y la ordenanza que en 2013 modificó las normas de construcción en esa zona costera, afirmó que desconoce si Sanabria le propuso algún negocio a Fariña. En todo caso, “Wilson (Sanabria) no tenía ninguna forma de hacer gestiones ni incidir en esos términos en la Intendencia”, aseguró el ex intendente.
AVANCE JUDICIAL. Más allá de los avatares políticos, nuevos allanamientos ejecutados esta semana por Interpol aportaron a la justicia fernandina más elementos para avanzar en la investigación, poniendo la mira en personas físicas y jurídicas que operaban con depósitos ilegales en la casa cambiaria de Sanabria. A los cientos de folios encontrados en San Carlos con información sobre depositantes, variados documentos y datos sobre operaciones del último mes, se sumaron carpetas y un voluminoso registro informático de más larga data incautados esta semana en las sucursales de Maldonado y Punta del Este. Para estas últimas intervenciones resultó fundamental el trabajo de inteligencia policial y la colaboración de informantes clave. Ayer, otro allanamiento en la sucursal de Ciudad Vieja reportó la incautación de más dinero y documentación. Todo el material está siendo objeto de un exhaustivo análisis y de un cruzamiento de datos con organismos como la Dgi y el Brou para detectar la existencia de testaferros, definir qué empresas realmente pertenecen a Sanabria y determinar cuánto dinero movían. La justicia intenta probar la existencia de los delitos de apropiación indebida y libramiento de cheques sin previsión de fondos, determinar quiénes son los responsables y demostrar que a través del cambio se lavaba dinero. Si esto ocurre, la causa pasará a crimen organizado. De lo contrario, continuará sustanciándose como hasta ahora, en la sede penal de décimo turno de Maldonado. Los investigadores tienen la certeza de estar ante algo “muy pesado”, y la convicción de que van por buen camino para probarlo. Sólo es cuestión –dicen– de administrar la ansiedad.
[notice]Incertidumbre laboral
Con el cierre intempestivo del cambio Nelson (Camvirey SA), un total de 99 personas perdieron su trabajo de un día para otro en diferentes departamentos. En Maldonado, donde reside más de la mitad de los empleados damnificados, comenzarán el lunes las primeras audiencias de conciliación en el Ministerio de Trabajo (Mtss).
El abogado Bruno Aldecoa, quien patrocina a un grupo que pidió citar a Camvirey SA y a Francisco Sanabria, explicó a Brecha que reclaman una liquidación (salarios impagos, aguinaldos, licencias no gozadas) e indemnización por despido. Para Aldecoa, “lo más importante es que la otra parte se presente a la audiencia; luego, que ofrezca una propuesta de pago”. También preocupa que la empresa no presentara causal de baja ante el Bps, por lo cual los trabajadores figuran en actividad y no pueden acogerse al seguro de desempleo. Otro grupo de empleados, la mayoría con mucha antigüedad en la empresa, son representados por el doctor Guillermo Ahlers. “Atraviesan una situación de total incertidumbre, por falta de alguien que se apersone a dar una respuesta. Su principal preocupación es que se quedaron de la noche a la mañana sin trabajo y sin ingresos para sus familias”, comentó el abogado, sin esperanzas de que Sanabria se presente ante el Mtss.
El director nacional de Trabajo, Juan Castillo, dijo a Brecha que Sanabria no sólo afectó a los trabajadores del cambio Nelson. También tambalea la empresa de transporte Tureste, que une Maldonado con Treinta y Tres, por lo que en total hay 200 afectados. En esa dirección, el ministro Ernesto Murro advirtió en Canal 10 que esto traerá consecuencias para otras empresas que ofrecían servicios a la transportista, como las que abastecían de combustible o mantenimiento mecánico a la flota de 30 ómnibus.
A su vez está pendiente la resolución de la jueza Sylvia Rodríguez, quien a principios de mes rechazó, por defectos de forma, el concurso solicitado por un abogado de Sanabria para Camvirey SA. El escrito, donde el empresario ofreció un listado de bienes de los que podrían cobrarse los acreedores de la firma, volvió a ser presentado el pasado lunes, pero al cierre de esta edición no había ingresado al despacho de la doctora Rodríguez.
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