Nelson Calvete, socio del ex político colorado Francisco Sanabria en las maniobras ilegales del Cambio Nelson, dejará la cárcel coloniense de Piedra de los Indios a la que llegó hace tres meses, acusado de apropiación indebida. El juez Gonzalo Arsuaga, quien asumió la sede de décimo turno tras el traslado de Marcelo Souto a Montevideo, le concedió prisión domiciliaria por motivos de salud, indicaron a Brecha fuentes del caso. La fiscalía recurrió la medida, con la convicción de que los informes forenses “no son concluyentes” y pidió al juez una junta médica del Instituto Técnico Forense para confirmar el diagnóstico. Mientras esto se define, aceptó una internación preventiva del recluso en un centro de salud a elección del Instituto Nacional de Rehabilitación.
El abogado de Calvete, Edison Vilizzio, dijo a este semanario que la situación de su cliente es “sumamente riesgosa”, porque es un paciente diabético “severo” y presenta una insuficiencia renal “grave”, además de atravesar un cuadro de hipertensión que “se profundizó” con la angustia de la reclusión. Sostuvo que el informe forense diagnosticó el “riesgo vital” de Calvete y que la dirección de la cárcel ya comunicó a la fiscalía fernandina que no cuenta con medios para un adecuado tratamiento. “Esto es muy peligroso para la biología de Calvete y alguien tendrá que asumir la responsabilidad por las demoras”, advirtió el abogado, quien pidió la prisión domiciliaria en mayo, cuando una falla renal tuvo a su cliente en un Cti por varios días. El asunto podría resolverse apenas finalice la presente feria judicial, momento en que también se espera una resolución del juez Arsuaga respecto al destino del contador Humberto Capote, ex presidente del Banco Central del Uruguay y presunto coautor de las maniobras delictivas imputadas a Sanabria. Según supo Brecha, Arsuaga dedica estos días de licencia a estudiar el expediente.
Mientras tanto, parte de los 99 empleados que perdieron su trabajo con el cierre del cambio en febrero siguen esperando para cobrar los créditos salariales que les adeuda la empresa. No hay perspectivas de que lo logren a corto plazo. Al menos en Maldonado, un total de 34 trabajadores representados por dos estudios jurídicos reclaman créditos e indemnizaciones por 42 millones de pesos, de los cuales no han cobrado ni uno. Si bien el Banco de Previsión Social (Bps) les dio la baja de oficio para ingresar al seguro de paro, muchos perciben montos ínfimos debido a la subdeclaración de salarios, entre otras estratagemas de la empresa para evadir aportes (véase Brecha, 10-III-17).
“Atraviesan situaciones de penuria económica. No pueden afrontar el pago de sus facturas, sufren cuadros de estrés y hasta crisis familiares”, aseguró a Brecha el abogado Guillermo Ahlers, cuyo estudio representa a 21 ex trabajadores de Maldonado y San Carlos. Este grupo inició un litigio laboral que podría tardar unos cuatro años, no sólo por la cantidad de expedientes que se tramitan en Maldonado, sino también por los plazos, que van desde una sentencia en primera instancia hasta la casación. En el resultado también incide el “concurso necesario” decretado en Montevideo para Camvirey SA y Francisco Sanabria SA, a pedido de otro grupo de diez ex trabajadores de Maldonado. Aunque no habla de plazos, el abogado Bruno Aldecoa explicó a Brecha que este mecanismo ubica a sus clientes en la primera línea de privilegio junto con los acreedores hipotecarios y es el más viable para que puedan cobrar. Además, trabó un embargo genérico sobre las citadas firmas y otro específico sobre un depósito de 500 mil dólares (de cuya ubicación o procedencia declinó dar detalles) que “anula” las demás medidas cautelares adoptadas por la justicia penal y laboral. Espera, ansioso, la junta de acreedores prevista para el próximo 26 de setiembre, cuando la sindicatura, asignada a la Asociación de Peritos Contables del Uruguay, presente el informe de créditos y bienes.
Alhers, en cambio, no digiere la paradoja de que la ley concursal, pensada para dar viabilidad a empresas insolventes, se aplique a una empresa clausurada por el propio Estado y cuyo dueño está preso. Se pregunta cómo hará el síndico para integrar los embargos dictaminados en la justicia penal y laboral a la masa concursal; qué pasará si crimen organizado prueba un delito de lavado y los bienes son confiscados por el Estado; o hasta cuándo los trabajadores tendrán que buscar testigos para validar créditos que no pueden documentar, porque la empresa mintió al Bps con premeditación. Todo ha producido un “insostenible desgaste” en los trabajadores. “Sus derechos humanos fueron vulnerados y ya no es un tema jurídico, es moral y de justicia social. El Estado debería ofrecerles una mejor respuesta”, concluyó.
