El avance hacia un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) tuvo esta semana un nuevo impulso, en el marco de las negociaciones que ambos bloques mantienen en Asunción. Por fin los dos han hecho algunas de las concesiones más importantes reclamadas por su contraparte en relación con el comercio de bienes. En cuanto a las pretensiones de Uruguay, la UE habría aceptado el ingreso de un cupo de 160 mil toneladas anuales de carne bovina eximidas del pago de aranceles (inicialmente el Mercosur pretendía 390 mil, frente las 70 mil ofertadas por la UE). También se estaría próximo a acordar el ingreso a la UE de 45 mil toneladas de arroz con arancel reducido. Por el otro lado, las ambiciosas exigencias de Argentina y Brasil para la protección de sus sectores automotores parecen haber sido sorteadas.
El comunicado de los industriales. Estos compromisos a priori permitirían un moderado optimismo sobre las posibilidades que el acuerdo brindaría para mejorar la inserción internacional de Uruguay. Sin embargo, paralelamente a que las expectativas acerca de la concreción de un Tlc interregional se tornan más probables, desde la sociedad civil aparecen nuevas voces cuestionando los puntos acordados.
Entre las diversas reacciones se destaca la declaración emitida por el Consejo Industrial del Mercosur, integrado por las cámaras de industria de los cuatro países fundadores del bloque. Este documento permite observar cómo la desconfianza en torno al pacto no está solamente asociada a las condiciones que el acuerdo prevé para el intercambio de bienes, sino que abarca también una serie de temas de la llamada “nueva agenda” de liberalización comercial, sobre los que la UE está insistiendo fuertemente. Esta nueva agenda amplía en diversas modalidades de comercio la agenda tradicional sobre la que se suele pensar la liberalización en el intercambio de bienes (generalmente bienes primarios e intensivos en mano de obra, que históricamente caracterizan al intercambio centro-periferia).
El comunicado comienza subrayando el compromiso de los industriales con el proceso de integración entre ambos bloques, pero luego consigna tres tipos de reivindicaciones: demandas sobre las condiciones de la negociación, demandas sobre la preservación de herramientas del Mercosur y demandas sobre la no inclusión de medidas propuestas por la UE (que en el documento figuran junto con las anteriores).
Las demandas del primer tipo pasan por reclamos de transparencia, así como plazos y condiciones para la reconversión de sectores negativamente afectados. Mientras que este es un punto tradicional de los acuerdos comerciales, la cuestión de la transparencia es un tema que alcanzó especial visibilidad durante la negociación del Ttip entre la UE y Estados Unidos, cuando algunos eurodiputados reclamaron por las limitadas condiciones en las que podían acceder a los borradores del acuerdo. Sin embargo, en el caso del Mercosur, el problema va más allá de esta nueva modalidad, trayendo a colación el déficit histórico del bloque con las formas de representación de la sociedad civil en el ámbito regional.
El segundo conjunto de demandas, relativas al mantenimiento de herramientas ya existentes en el bloque, incluye la extensión del período de desgravación de las canastas de bienes, la inclusión de una cláusula de desarrollo industrial (que ya fue introducida por Brasil en una oferta presentada por el Mercosur a la UE en 2001), la continuidad de regímenes de drawback (que permiten la devolución de aranceles pagados por componentes para exportaciones), el mantenimiento de limitaciones a bienes re-manufacturados (evitar que nos exporten basura) y las restricciones al acceso de empresas extranjeras al mercado de compras y contrataciones públicas. La mayor parte de estas demandas responden a temas de comercio tradicional y es lógico que sean destacadas por los sectores industriales del Mercosur.
No obstante, aparece también aquí el tema de las compras estatales, uno de los puntos centrales de la nueva agenda liberalizadora, desde la entrada en vigor en 2014 del acuerdo plurilateral revisado de compras gubernamentales (Agreement on Government Procurement), del que son parte la UE, Estados Unidos, Suiza, Canadá, Japón y Corea del Sur. Vale aclarar que el punto no se ciñe a la compra de bienes, sino que incluye la contratación de servicios por parte de los estados.
Por último, con relación a temas sensibles para la UE, la declaración reclama la ampliación de cuotas de importación europeas, la remoción de tarifas intracuotas, la eliminación de subsidios agrícolas, la limitación de la protección bajo indicaciones de origen, y el rechazo a la extensión de patentes y protección de los datos. Nuevamente, aquí la mayor parte de temas corresponden a la agenda tradicional. Entre éstos se destaca el avance logrado en torno a las cuotas de importación, mientras que los reclamos relativos a los subsidios parecen difícilmente atendibles por la UE.
Sin embargo, los últimos puntos refieren directamente a temas de propiedad intelectual. En este marco, la UE es uno de los mayores impulsores de acuerdos que contemplen el criterio Trip-plus, que prevé duración y condiciones de protección de derechos de patentes más rigurosas que los acuerdos de la Omc, lo que supone un riesgo para las industrias farmacéuticas de la región, así como para las políticas de salud pública que contemplan la producción de medicamentos genéricos en países como Brasil. (Este tema generó grandes asperezas durante la ronda de negociaciones mantenida en octubre en Brasilia. Pueden encontrarse muchos artículos críticos al respecto en la web de Médicos Sin Fronteras.)
OTRAS REGLAS DE JUEGO. Cabe así diferenciar aquí dos conjuntos de temas. Por un lado, está la “vieja agenda comercial”, con temas correspondientes al comercio tradicional de bienes, que son los que más parecen preocupar al Mercosur y sobre los que más se ha informado. Por otro lado, hay una “nueva agenda” con algunos temas cuyas consecuencias pueden ser tanto o más importantes, pero que en ocasiones puede resultarnos difícil percibir debido a su carácter novedoso (comercio electrónico, comercio de servicios, propiedad intelectual).
Poco se sabe sobre las condiciones en que se están negociando los puntos de esta nueva agenda. Sin embargo, es difícil ser optimista. Basta considerar que el impulso actual de estas negociaciones Mercosur-UE, luego de tantos años de estancamiento, tal vez no responde sólo a los cambios de gobierno en Argentina y Brasil, sino también a la renovada dinámica que asumió en 2017 la agenda externa de la UE, coincidiendo con el triunfo de Donald Trump. El abandono del presidente estadounidense de las negociaciones del Ttip hizo que durante el año pasado la UE se moviera rápidamente, no sólo retomando las negociaciones del Tlc con el Mercosur, sino que también implicó la concreción de un Tlc con Japón y la renegociación del que la UE tenía con México, ambos apuntando a esta “nueva agenda comercial”.
De esta forma, las 90 mil toneladas más de carne concedidas al Mercosur luego de varias rondas de negociaciones tal vez sólo sean el precio que la UE tuvo que pagar para mantener viva la nueva agenda liberalizadora (que corre el riesgo de desbarrancar entre el proteccionismo de Trump y la agresiva política comercial china) e incluir a todo un subcontinente en las nuevas reglas de juego para el capital.
* Esta es la primera de una serie de columnas mensuales del Observatorio de Política Exterior Uruguaya de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar.
